Entre la evidencia que los fiscales presentarán se encuentra un cheque por millón y medio de dólares que Collado pagó a un presunto prestanombres de los abogados implicados, un documento de la UIF y un proyecto filtrado de un Tribunal Federal, que los litigantes obtuvieron —según ellos— gracias a su supuesta cercanía con Scherer. Asimismo, hay decenas de mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y un audio que dan cuenta de diversas peticiones, entre ellas, la venta de la empresa de Collado.
Además, hay declaraciones del propio Collado, de dos de sus hermanos, de sus dos hijos y de un sobrino, quienes narran distintos contactos con los abogados y las presuntas presiones que enfrentaron. También se encuentran registros de las visitas que estos abogados —sin ser defensores de Collado— hicieron en distintas ocasiones al jurista.
Los datos y las pruebas asentados en el expediente ministerial se presentarán hoy en una audiencia inicial programada a las 13:00 horas en el Reclusorio Norte. Con esa evidencia, la FGR intentará que el juez vincule a proceso a Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, David Gómez Arnau e Isaac Pérez Rodríguez, por los delitos de extorsión, asociación delictuosa, lavado de dinero y tráfico de influencias.
La FGR mantuvo su decisión de no inculpar a Scherer por ningún presunto delito.
Este medio buscó algún posicionamiento de los abogados señalados y sus defensores, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta.
La audiencia se reanudará luego de un primer intento fallido ocurrido la semana pasada, cuando la sesión terminó suspendiéndose bajo acusaciones entre las partes de ocultamiento de información, filtraciones a los medios y advertencias de cárcel, entre otras situaciones. Esta vez, a diferencia de la sesión anterior, el juez Jorge Rivas ha pedido a todas las partes que comparezcan personalmente.
De manera paralela, la FGR ha iniciado una segunda indagatoria contra los referidos abogados por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La nueva indagatoria estará a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, antes conocida como SEIDO.
A continuación, se detallan algunas pruebas clave de los fiscales, divididas por los temas que expondrán ante el juez, de acuerdo con los registros que Animal Político pudo revisar.
10 millones por un carpetazo en la UIF
De acuerdo con la carpeta de investigación FED/FECOC/UEIDCSPCAJ-CDMX/0001645/2021, a partir de la cual la fiscalía presentará su imputación, en 2019 los abogados Araujo y González pidieron a Collado 20 millones de pesos a cambio de frenar una indagatoria de la UIF en su contra. En respuesta, Collado presuntamente les pagó 10 millones de pesos.
Para sustentar este punto, la FGR presentará como evidencias los mensajes de WhatsApp que sostuvo Collado con González, en los que este gestiona la reunión con la UIF, aprovechando supuestamente la influencia que tenía con “su amigo” Scherer. En otro mensaje, González comunica que la reunión ya está confirmada con Santiago Nieto, entonces titular de la UIF, del que sugiere: “Hay que apapacharlo”.
Otro dato son las declaraciones de Collado y particularmente de su hijo, Juan Ramón Collado Dot, quien detalla cómo se realizó el pago de los 10 millones en efectivo el 18 de junio de 2019. Señala que se hicieron 100 fajos de 100 mil pesos cada uno (todos con billetes de mil pesos de denominación), y que se colocaron dentro de una maleta que se entregó a los litigantes en el restaurante del hotel Four Seasons en Ciudad de México. La FGR incluye fotografías del sitio específico del restaurante donde supuestamente fue la entrega.
La fiscalía también ofrece como prueba el oficio de la UIF que los abogados supuestamente entregaron a Collado a cambio del dinero. Es un oficio fechado, justamente, el 18 de junio de 2019, en el que la UIF reporta que no tenía ninguna indagatoria en curso en contra del jurista.
El cheque del millón y el supuesto prestanombres
La FGR acusará a los abogados de haber presionado a Collado con un presunto pago de millón y medio de dólares a cambio de gestionar, a través de los contactos con Scherer, el cierre del proceso penal en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero, que provocó su detención y encarcelamiento en julio de 2019.
Entre la evidencia para sostener esto, se encuentra el cheque del banco BBVA que el hijo y el sobrino de Collado entregaron a un representante de los abogados en un encuentro en el hotel Wellington en Madrid, España. Como el cheque se giró de una cuenta europea, el monto del mismo fue de 1 millón 386 mil euros, equivalente a millón y medio de dólares.
Otra prueba es la fotografía del papel con acuse de recibo que los hijos de Collado le pidieron firmar al representante de los abogados, Isaac Rodríguez, tras recibir el cheque. Hay mensajes previos de WhatsApp en los que González indica a Julia Collado, hermana de Juan Collado, que sería Isaac Rodríguez a quien habría que entregarle el dinero, y le proporciona su teléfono.
Hay un contrato de servicios de apenas dos páginas que los abogados supuestamente pidieron firmar a Collado, y en los que se compromete a pagar 3 millones de dólares a Rodríguez por sus servicios, un millón y medio al inicio y la otra parte al final.
Los fiscales señalan en su acusación que esto se trató de una supuesta fachada para dar una apariencia de legalidad al cobro de la presunta extorsión. Esto, ya que Rodríguez nunca prestó ningún servicio a Collado, ni fue su abogado ni está nombrado como tal. Nunca lo visitó en el reclusorio.
En el expediente judicial hay un recibo de nómina de Rodríguez en el que se señala que en realidad trabaja desde 2015 en una empresa llamada Control Software Empresaria, con razón social SELITEX, SA de CV, ubicada en la colonia Electricistas. Según dicho recibo, su sueldo quincenal es de 3 mil 700 pesos.
El proyecto filtrado y la influencia judicial
En las declaraciones que se presentarán al juez como prueba, Juan Collado y su hermano Antonio refieren que los abogados Araujo y González tenían acceso a información privilegiada no solo del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Judicial. Esto, gracias a su supuesta cercanía con Scherer.
Una prueba que los fiscales exhibirán para corroborar esos dichos es el borrador de un proyecto de sentencia del Quinto Tribunal Colegiado de la Ciudad de México, al que los abogados tuvieron acceso dos semanas antes de que fuera presentado y votado. En dicho proyecto se le negaba a Juan Collado un amparo con el que buscaba revocar la vinculación a proceso en su contra.
Como se exhibirá en la audiencia, Araujo le mandó dicho proyecto a Julia Collado a través de un mensaje de texto en el que le advertía: “Tenemos que hacer algo, Julia. Esto es importante”. Dicho borrador terminó siendo prácticamente idéntico al proyecto aprobado de forma unánime por los magistrados 15 días después. Ambos documentos forman parte de las pruebas.
En su declaración, Antonio Collado explica que los abogados imputados presumían que el consejero jurídico de la Presidencia tenía buenos contactos con el Poder Judicial e incluso podría influir en decisiones.
“Nos dijeron (Araujo y González) que ellos platicarían con su amigo Julio Scherer para que él moviera sus influencias en el Poder Judicial con la finalidad de que el asunto cayera en el Quinto Tribunal Unitario. Les dijimos que eso no se podía porque los asuntos se asignan por turnos (…) Pensamos que era una exageración ya que en 30 años de litigio jamás vimos eso… pero en efecto el caso quedó en ese tribunal”, declaró Antonio Collado.
“Libertad por libertad…”
Otro punto medular de la acusación de la FGR es la presunta colusión de Araujo y González con David Arnau, un supuesto operador financiero cercano a Scherer, para intentar comprarle a Collado su empresa Caja Libertad, por un valor muy inferior al real. Esto, bajo la promesa de que dicha venta sería “el paso definitivo” para que pudiera recuperar su libertad.
Para sustentar este punto, se presentarán decenas de mensajes de WhatsApp en los que los litigantes insisten a los Collado en que “su amigo” estaba muy interesado en la adquisición de la empresa a través de David Arnau, un excolaborador muy cercano a él.
Hay ocho correos electrónicos enviados por Arnau a Mauricio Navarro, funcionario de Caja Libertad, en los que le requiere diversos datos de la empresa. Entre ellos, hay uno marcado con copia a Araujo, en el que le pide una estimación del valor de la empresa, pero considerando diversas pérdidas.
En el expediente, también se encuentra una grabación de audio con su transcripción de una reunión que Julia Collado sostuvo con Arnau. La reunión fue grabada por Julia bajo el argumento de que tenía dudas por la insistencia de esta persona en la empresa. En dicha charla, Arnau le reitera que hay “inversionistas” interesados en adquirir Caja Libertad, pero que la estimación que tienen es de menos de mil millones de pesos. Le insiste a Julia en la conveniencia de vender, al menos, la cartera de clientes antes de que pierda valor.
Sin embargo, el trato no llegó a cerrarse ya que, según una valuación que los Collado pidieron al despacho Kreston, Vargas, Ruiz y Asociados (y que también está en el expediente), al corte de julio de 2020 el valor de Caja Libertad era de 3 mil 570 millones de pesos.
Otra prueba de la supuesta colusión que los fiscales presentarán es el registro de siete visitas que los referidos abogados hicieron a Collado en el Reclusorio Norte entre 2019 y 2021. En la última de ellas, el 3 de marzo de 2021, también asistió Gómez Arnau.
La aparente declaración fabricada…
En la indagatoria de la fiscalía también se incluye evidencia relacionada con las supuestas presiones que los abogados hicieron a Collado para elaborar una declaración en contra de personajes y políticos opositores al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Entre las pruebas, hay mensajes de texto en los que Araujo insiste al hijo de Collado en que tienen que hacer una declaración amplia y con múltiples detalles. Incluso, le indica la extensión que debe tener. “Necesito ser claro contigo… si no hacen una declaración amplia que señale delito y delincuente, tiempo, modo, lugar, circunstancia, eso nunca va a salir. No menos de 10 cuartillas”, señala uno de los mensajes.
En otro texto, Araujo indica: “Tocayo, con todo respeto, esa declaración (que nos mandaron) no sirve. Estamos elaborando una a pesar de lo que nos mandaron”.
Para sustentar esta trama, la FGR incluye en el expediente el borrador de la carta de 13 cuartillas que Collado supuestamente iba a firmar y dirigir al presidente. En dicho texto se denuncian supuestos hechos de corrupción relacionados con videoescándalos, la elección de 2006, la persecución a Santiago Nieto cuando dirigía la Fepade en el sexenio pasado, la esposa del expresidente Enrique Peña Nieto, entre otros.
Junto con ese borrador hay una “nota informativa” enviada por Araujo a los Collado, en la que se piden 15 precisiones enfocadas a profundizar en datos, fechas y sitios de los distintos hechos narrados.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
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