La orden presidencial de sabotear la reacción institucional ante el incendio de la Guardería ABC y, luego, las investigaciones sobre los hechos, también terminaron beneficiando al entonces gobierno estatal de Eduardo Bours. Felipe Calderón vetó ilegalmente la investigación del ministro Zaldívar donde se revelaban las responsabilidades del entonces gobernador y su secretario de Finanzas, quien ilegalmente había habilitado una “bodega” de documentos oficiales junto a la estancia infantil.
La investigación que realizó el entonces flamante ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dio cuenta de las responsabilidades del Estado mexicano y el gobierno federal en el incendio de la guardería; pero también del estatal encabezado por el priísta Eduardo Bours Castelo.
Más allá de las omisiones en materia de protección civil, destaca el hecho de que el incendio inició en un local adyacente a la guadería. Lo que se quemaba eran grandes cantidades de documentos oficiales provenientes de la Secretaría de Finanzas del estado que se encontraban irregularmente en ese lugar. Entonces el sexenio de Bours Castelo (2003-2009) se encontraba en sus últimos meses.
Señala que el local habilitado como bodega no guardaba placas vehiculares, como se dijo oficialmente, sino miles de fojas de documentos oficiales de la Secretaría de Finanzas. Además, se trataba de un lugar de trabajo irregular con empleados que tenían ese lugar de sede. Esos documentos fueron los que se quemaron inicialmente y las llamas alcanzaron la Guardería, con los saldos trágicos conocidos.
El documento elaborado por Zaldívar deriva de la Facultad de Investigación 1/2009 de la SCJN. Como ha revelado el hoy ministro presidente del máximo órgano del Poder Judicial de la Federación, su propuesta de resolución fue vetada ilegalmente por el entonces presidente de a República, Felipe Calderón, para encubrir a su propio gobierno y a la dueña de la guardería subrogada, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima hermana de Margarita Zavala Gómez del Campo.
Recibió presiones, a gritos, del entonces secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont. El ministro señaló que no tenía la certeza de que llegara a su oficina al día siguiente y que elementos enviados por el Poder Ejecutivo federal ocuparon la Corte los días previos a la votación de la resolución y el día mismo del debate.
El documento elaborado por el ministro Arturo Zaldívar determina la responsabilidad del Estado mexicano en la tragedia de la Guardería ABC y no sólo del gobierno estatal o de particulares.
En sus páginas 291 y 292 establece la “relación especial” que guardaba el Estado mexicano con los niños y las niñas de las guarderías públicas del país, en este caso con los de la ABC, ubicada en Hermosillo, Sonora.
“Este Alto Tribunal tiene que determinar […] si en el caso objeto de la presente facultad de investigación hay una relación especial entre el Estado y los cuarenta y nueve niños que perdieron la vida en la ‘Guardería ABC’. La respuesta a esta pregunta es indiscutible: sí existía una relación jurídica especial entre el Estado y los niños que murieron en el incendio que imponía a aquél la obligación de emprender medidas adecuadas para la protección de sus vidas”.
El documento argumenta la obligación de las instituciones federales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la garantización de derechos a las personas menores de edad a los que están obligadas.
En su propuesta, Zaldívar Lelo de Larrea señala directamente la responsabilidad en la tragedia de cinco funcionarios del gobierno estatal y de tres del gobierno municipal. La lista es encabezada por quien fuera el gobernador de Sonora en ese tiempo, Eduardo Bours Castelo (2003-2009). Destaca la utilizacion del inmueble contiguo a la guardería como ilegal bodega de documentos que deberían estar en la Secretaría de Finanzas del estado.
Como se recordará, el incendio inició este inmueble a cargo del gobierno priísta saliente de Eduardo Bours. El entonces gobernador es señalado en el documento como una de las personas con responsabilidad directa por omisión en el incidente.
En la página 185 señala que Bours Castelo “era directamente responsable del funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil y el principal encargado del diseño de las políticas públicas en esa materia”.
La ausencia de acciones para prevenir este tipo de accidentes y para responder adecuadamente en caso de que se presentaran no fue un hecho fortuito. La investigación del ministro encontró que se trató de hechos generalizados. Más aún, y de manera específca la Guardería ABC, era “una bomba de tiempo”.
“Como titular de la administración pública local, era el responsable de velar por el cumplimiento de las leyes que en materia de protección civil y protección de los derechos de la infancia correspondía observar a sus subordinados jerárquicos. En tal medida, le son atribuibles las omisiones que provocaron la grave falla del Sistema Estatal de Protección Civil, el cual fue inefectivo para detectar la acumulación de riesgos que rodeaban a la Guardería ABC y la bomba de tiempo que representaba la bodega adyacente” (página 185).
Más aún, el documento advierte que la responsabilidad no debe diluirse entre funcionarios menores de la administración estatal, sino que alcanza a la máxima figura del Poder Ejecutivo de Sonora.
“Dicha acumulación exponencial de riesgos [detectada e la Guardería ABC y el inmueble adyacente] no fue sólo consecuencia de las omisiones en que incurrieron los inferiores jerárquicos del Gobernador y las autoridades municipales, sino que encuentra su principal origen en el diseño de las políticas públicas en materia de protección civil” (página 186).
Ernesto Vargas Gaytán era el secretario de Hacienda del gobierno del estado de Sonora. Permitió un uso distinto al inmueble que el gobierno sonorense rentó junto a la guardería. “En su carácter de administrador de los inmuebles a cargo del gobierno local, le es atribuible el uso indebido que se daba a la bodega contigua a la Guardería ABC para un fin distinto del que fue arrendada, en contravención al artículo 2695, fracción III, del Código Civil del Estado de Sonora” (página 199).
En su investigación, Zaldívar señala que el uso pactado de la bodega era para el resguardo de placas de la Dirección General de Recaudación. “Sin embargo, de los peritajes rendidos en relación con las causas del incendio y de las declaraciones de quienes laboraban en la bodega, quedó acreditado que ésta almacenaba, además, expedientes de la Agencia Fiscal de Hermosillo –adscrita a la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda–, contenidos en cajas”.
Este uso distinto que se dio a la bodega, observa la propuesta de Zaldívar que fue saboteada y vetada por el gobierno de Felipe Calderón, no sólo implicó una violación al contrato que se celebró para la renta del propiedad: “además aumentó el grado de riesgo del inmueble, lo que debió dar lugar la adecuación de los sistemas de prevención de incendios, por lo que el cambio de uso estuvo directamente ligado a las consecuencias trágicas [del 5 de junio de 2009]” (página 200).
Otro de los responsables en los hechos resulta ser Fausto Salazar Gómez, quien ocupó el cargo de Director General de Recaudación durante el sexenio de Eduardo Bours.
De acuerdo con el proyecto del ministro Zaldívar, el entonces director general de Recaudación del gobierno del estado, “en su carácter de responsable del funcionamiento de la unidad administrativa a su cargo, permitió o toleró el uso de la bodega contigua a la Guardería ABC para un fin distinto del que fue arrendada, en contravención al artículo 2695, fracción III, del Código Civil del Estado de Sonora, así como a las disposiciones en materia de protección civil que en todo caso debieron observarse con motivo del cambio de uso”.
La investigación demostró que la bodega no sólo resguardaba documentación que tenía que estar en un lugar distinto de la Secretaría de Finanzas del estado. También que era un centro de trabajo, con personal que diariamente se presentaba a laborar ahí.
Jorge Luis Melchor Islas, por su parte, fungía como subdirector de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Sonora. En su carácter de encargado de abastecer de placas y tarjetas de circulación a las Agencias Fiscales y Tesorerías Municipales, era el funcionario directamente responsable del funcionamiento de la bodega contigua a la Guardería ABC. Aunque los documentos que iniciaron el incendio no pertenecían al área de control vehicular sino a la Agencia Fiscal de Hermosillo, la bodega estaba bajo su resguardo directo de este funcionario.
Otro de los responsables directos en el incendio, al menos por omisión, es Wilebaldo Alatriste Candiani, quien se desempeñaba como titular de la Unidad Estatal de Protección Civil en ese tiempo. Al entonces funcionario le pasó de noche el funcionamiento de los dos inmuebles con nulas medidas de protección y el alto riesgo a la salud y la vida de las personas con que funcionaban.
El proyecto del ministro Zaldívar señala que Alatriste, en su carácter de ejecutor de las políticas, programas y acciones de protección civil1 “omitió ejercer sus competencias específicas, conforme a las cuales debió realizar actos de inspección a la bodega contigua a la Guardería, a fin de verificar la constitución de la unidad interna de protección civil y el cumplimiento del programa interno correspondiente” (páginas 177-178).
Agrega que como consecuencia de las omisiones en la verificación que su cargo le obligaba, “no formuló las medidas correctivas y de seguridad que hubieran eliminado o mitigado el riesgo latente que representaban las grandes cantidades de papel almacenadas en anaqueles colocados contra el muro que compartían la bodega y la Guardería ABC” (página 194).
Tampoco se percató el funcionario que el inmueble de la supuesta bodega de placas en realidad tenía un uso distinto al declarado.
Con respecto de las autoridades municipales con responsabilidad en los hechos, el proyecto del ministro Zaldívar señala al entonces presidente municipal, Ernesto Gándara Camou y a otros tres de sus subalternos.
De Gándara Camou señala que era la autoridad en materia de protección civil y responsable de la integración y funcionamiento del Sistema Municipal de Protección Civil. Por ello le es atribuible la falla del sistema en detectar y mitigar el riesgo exponencial al que estaba sujeta la Guardería ABC.
Los tros funcionarios municipales señalados son Jesús Davis Osuna, quien era director de Inspección y Vigilancia Municipal e incumplió en su obligación de verificar que los establecimientos contaran con licencia de funcionamiento, y Roberto Copado Gutiérrez, que fuera director de la Unidad Municipal de Protección Civil del Ayuntamiento de Hermosillo y omitió inspeccionar el funcionamiento de los inmuebles.
AUTOR: ZÓZIMO CAMACHO.
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