La AMIA “han manifestado su inconformidad con algunas partes de la Ley”, de manera pública “a través de los foros abiertos”, así lo afirmó Stephan Brodziak, coordinador de la Campaña de Seguridad Vehicular de El Poder del Consumidor de México y presidente de la mesa directiva del Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP).
Desde este miércoles 16 de marzo, Alejandra Leal, Codirectora de Céntrico, especialista en movilidad, seguridad vial y enlace con sociedad civil y Gobierno, en entrevista con SinEmbargo, dio a conocer que la iniciativa de Ley pasó por unanimidad en comisiones de la Cámara de Diputados, por lo que se esperaba se votara este jueves 17 por el pleno de la Cámara baja, pero no se consideró en la orden del día del recinto legislativo de San Lázaro.
Tanto Leal como la organización el Poder del Consumidor han señalado a la AMIA de obstaculizar el proceso para que se apruebe Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, desde su “investigación, colaboración, elaboración, redacción y revisión” en el que se han invertido más de tres años, según detalló el organismo mediante una postura emitida en su página web.
Stephan Brodziak, coordinador de la Campaña de Seguridad Vehicular de El Poder del Consumidor de México y presidente de la mesa directiva del Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP), comentó en entrevista para SinEmbargo que, además de tener acercamientos con legisladores y legisladoras, en un intento de frenar la aprobación de la Ley, la AMIA “han manifestado su inconformidad con algunas partes de la Ley”, de manera pública “a través de los foros abiertos”.
Explicó que la posición de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, responde a la propuesta de regular “los estándares de seguridad que se dará a los automóviles nuevos”.
“Nosotros estuvimos durante más de un año en sesiones semanales con la Secretaría de la Economía para llevar a cabo la actualización de la Norma 94 [NOM-194-SCFI-2015], en la cual también estuvo en la AMIA”, comentó.
La AMIA, ahondó, “estuvo insistentemente y sistemáticamente impidiendo el avance que nosotros solicitamos desde sociedad civil para contar con los estándares mínimos de seguridad vehicular que son recomendados por la Naciones Unidas”. Esto, explicó, “implica tomar como base los estándares internacionales en la materia [de Seguridad]”, y que dota a la ley de “una perspectiva mucho más progresiva y mucho más protectora de la salud y la vida de los usuarios de la vía en nuestro país”.
Brodziak enfatizó que este enfoque de la propuesta de Ley “nos pone en ruta para exigir cosas que va más allá de lo que está exigiendo la Norma 194 [en el ámbito] de dispositivos de seguridad en vehículos nuevos”, lo que “le incomoda a la industria”, porque va a obligarlos a que “dejen de discriminarnos como consumidores en nuestro país, van a tener que tratarnos como consumidores en Europa, como consumidores en Canadá, en Japón, en Australia”.
También sostuvo que la AMIA ha impedido la actualización de la Norma 194, y que a su vez ésta “sea el único instrumento a través del cual se regule la seguridad de los vehículos nuevos, porque una regulación de esa naturaleza es mucho más vulnerable a la influencia de la industria”, debido a que es “un instrumento mucho más influenciable, por ser un instrumento técnico”, por lo que el propósito de la industria es que “la ley sólo se refiera a la Norma para regular la seguridad de los vehículos nuevos”, dijo.
En su texto, el Poder del consumidor se sumó a estas acusaciones en contra de la AMIA, de la que dijo, busca interferir en diversos “instrumentos como la norma de dispositivos de seguridad en vehículos nuevos (NOM-194), donde impidió la inclusión del estándar de protección a peatones” y rechazó los señalamientos de que los “vehículos y su diseño” son responsables de los siniestros de tránsito, que a diario cobran la vida de 44 personas, lo que se traduce en 16 mil muertes al año, así como al menos 140 mil lesionados de gravedad anualmente, relacionados con dichas circunstancias.
La organización indicó que la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz “a través de comunicados, entrevistas, publicaciones, artículos pagados difundiendo información sesgada y el cabildeo directo con los legisladores es que la industria automotriz pretende modificar una ley que tanto necesitamos”.
“La AMIA ha trabajado muchísimo para impedir el avance, obstaculizar el avance, en materia de seguridad vehicular, y por lo tanto en materia de seguridad vial”, afirmó por su parte Brodziak.
El experto refirió que pese al discurso que han emitido la Industria, en el que ha afirmado que “siempre ha trabajado de lado de la seguridad vial y que están interesados en la seguridad de todos los usuarios, en los hechos nosotros hemos visto todo lo contrario, cómo trabajaron intensamente para reducir los estándares que nosotros hemos empujado desde la sociedad civil”, ya que su intención es “relajar cualquier intento del Gobierno y de las políticas que se elabora en nuestro país para que la industria pueda tener la amplitud y la flexibilidad muy cómoda para comercializar el tipo de vehículos que quieran”.
Añadió, que estos obstáculos no sólo se han presentando “en el tema de seguridad vehicular, también trabajan muchísimo para desespecificar la exigencias en términos del desempeño ambiental, de la eficiencia energética de los vehículos, porque todo eso le cuesta la industria automotriz, por eso nos han marginado como consumidores durante décadas, que nos han dado vehículos de muy bajo estándar en seguridad vehicular”.
Puntualizó que este tipo de regulaciones les va a “reducir el margen de ganancia, porque ya no van a poder meter vehículos subestándar” con los cuales buscan llegar a “personas de menores ingresos, que con muchos esfuerzos logran hacerse de un vehículo con muy pobre seguridad, un vehículo que pone en riesgo su vida”, por lo que su postura se debe a intereses comerciales. “Es por eso que la industria mete tanto ruido y tanta injerencia para bloquear la ley, y no sólo la ley, también la actualización de la Norma 194”, dijo Brodziak.
ANUNCIAN PRESIÓN A LEGISLADORES
Respecto a las acciones van a tomar para que se vote y apruebe Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, el experto comentó que están haciendo “presión hacia la Cámara de Diputados para que no se dejen influenciar por la Industria Automotriz” para que aprueben sin reservas de la Ley, así cómo una difusión a su mensaje, y que la ciudadanía se entere de lo que está pasando y los riesgos que existen si no se aprueba la ley. Mientras que a los congresistas le han informado sobre los resultados de la evidencia científica, que se enteren de “lo que sí funciona, que sí salva vidas” en materia de seguridad vehícular, con la que se puede salvar muchas vidas.
Además, Brodziak indicó que se presume que la causa por la que no se votó la Ley este jueves en el pleno de la Cámara de Diputados fue porque están revisando exhaustivamente la propuesta de Ley para “que no haya ninguna improvisación por parte de algún Diputado o Diputada que quiera insertar alguna reserva”, por lo que se postergó la votación.
Subrayó que esta ley sienta por primera vez en México “la base jurídica de la seguridad vial”, y está fundamentada en el denominado sistema seguro, el cual es tolerante a los errores humanos, ya que otorga previsiones desde la infraestructura, el diseño vehicular, la emisión de licencias, para que cuando se cometa un error humano, este no implique la muerte o una lesión grave. Además, de exigir una “mayor procuración de justicia en términos de seguridad vial y de protección a los usuarios más vulnerables”.
En tanto el Poder del Consumidor indicó que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial será “un instrumento jurídico que exprese adecuadamente el mandato constitucional que garantiza, entre otras cosas, el piso mínimo a nivel federal para cumplir con el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, la cual es imposible de garantizar si no se legisla adecuadamente la seguridad vehicular, con base en las recomendaciones internacionales de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros”.
IMPULSAN DERECHO A LA MOVIBILIDAD
Durante la entrevista en el programa Café y Noticias con las periodistas Daniela Barragán y Romina Gándara, Alejandra Leal, Codirectora de Céntrico, señaló que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, ha sido impulsada “desde la sociedad civil, especialistas y fuertemente por familiares de víctimas de siniestros de tránsito, desde 2014″, y “responde a la instrumentación de un derecho que fue reconocido a finales de 2020, que es el derecho a la movilidad”.
Explicó que tras años de discusión se determinó que “la movilidad y la seguridad vial es un tema de justicia social”, debido a que México es “un país en el que la mayoría de las personas anda a pie y en transporte público”, por lo que el Estado tiene el deber de “poner toda la atención en la mayoría de las personas, que son las más tiempo dedican a trasladarse, las que más recursos destinan para moverse en las ciudades, y también las que potencialmente corren más riesgo de perder la vida”.
Por ello, en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial “busca proteger la vida y garantizar, a través de leyes, que todos los sectores, el Estado, la ciudadanía, la industria hagan la parte que le corresponde para prevenir estos siniestros de tránsito, mediante el diseño de calles, del establecimiento de los límites de velocidad en las calles”.
En este sentido, puntualizó que se determinó que [a nivel nacional] se establezca que “en vías secundarias [los límites de velocidad] sean de 30 kilómetros por hora, en primarias de 50 y en vías de acceso controlado de 80 kilómetros por hora. Límites que son definidos por la Organización mundial de la Salud en función del golpe que podemos recibir y sobrevivir [a este impacto]”.
“También se establecen límites de alcohol en la sangre y en aliento, lo cual también genera este piso mínimo para que los municipios pongan protocolos de alcoholimetría, que han sido de las estrategias más importantes en la disminución de siniestros de tránsito”, dijo la Codirectora de Céntrico, y añadió que dicha Ley considera, además, el “uso obligatorio de los cascos por motociclistas, el uso de sillas de retención infantil, en los ocupantes de vehículos, el uso de los cinturones de seguridad de todos los ocupantes del auto”.
Asimismo, se estableció un tema que sienta un precedente, como lo es la “obligatoriedad de aprobar un examen de aptitudes y conocimientos para contar con una licencia de conducir”, ya que existe una disparidad entre las distintas entidades federativas respecto a cómo se otorgan dichas licencias, pues, destacó, es el Estado mexicano el que debe garantizar que a la persona a la que se le dé una licencia “potencialmente no va a dañar a algún otro ciudadano que se encuentre en el espacio público”.
“La Industria Automotriz se ha pronunciado públicamente [contra esta Ley]”, dijo la experta, quien añadió que la misma “tiene un enfoque totalmente en las personas”, ya que su propósito es el de proteger la vida, “no tanto en el transporte, como tradicionalmente se ha hecho”, enfatizó Leal, quien sostuvo que “ningún interés privado puede estar por encima de la protección de la vida de las personas”.
La Ley de Movilidad y Seguridad Vial también “reconocen los derechos de las víctimas de siniestros de tránsito”, por lo que, dijo Leal, incluye el tema de atención médica prehospitalaria, con la que se determina el cómo se atiende a las víctimas una vez que ocurre un siniestro y cómo se generan los protocolos necesarios para brindar una mejor atención, y con ello evitar la muerte de más personas.
AUTOR: NORA NANCY GASPAR REZENDIZ.
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