El profesor se incorporó a impartir clase, provocando protestas de la comunidad estudiantil, quienes, lo obligaron a abandonar el campus.
Durante la protesta estudiantil, Lidia Carbajal, quien dijo ser maestra, compañera en el departamento de economía de Alcántara Gutiérrez, enfrentó a las y los inconformes, molesta porque con esta protesta, de nuevo, “agravan su derecho de presunción de inocencia” y porque, el “daño moral ya está hecho”.
-¡Y el daño a nuestra compañera! Protestaron.
Ricardo Alcántara, quien se mantuvo como espectador durante más de 10 minutos, escuchando la defensa que hacía de él su compañera, entre protestas y consignas de ¡violador!, por fin habló:
- El presunto delito es abuso sexual ¿Por qué no cambian su logo? No es violación. Es abuso sexual ¡Esa presunción de delito me costó dos años, dos años -de cárcel-! Repetía, alzando el brazo derecho.
- ¡A la víctima cuánto le costó…! - ¡A la víctima le va a costar toda la vida! Reclamaron.
- ¡Fallas en el debido proceso no quiere decir que seas inocente! Decían.
A la asamblea estudiantil la cual fue grabada y transmitida vía Facebook, que se llevó a cabo el martes 02 de marzo, en el plantel Azcapotzalco, fueron convocadas las autoridades universitarias: el Rector Oscar Lozano Carrillo y jefes de departamento, pero, no acudieron.
El 8 de octubre de 2021, en un comunicado, la FGR dio a conocer que Ricardo Alcántara Gutiérrez, fue sentenciado a nueve años de prisión, al haber sido encontrado culpable de cometer dos delitos de abuso sexual agravado, en contra de una alumna, los cuales realizó en el interior de la universidad ubicada en la Ciudad de México, mientras impartía clase.
Tras acreditar el delito y su plena responsabilidad, fue sentenciado por el Juez Federal de Juicio Oral adscrito al Centro de Justicia Federal en la Ciudad de México con residencia en el Reclusorio Oriente.
La investigación la llevó a cabo la agente del Ministerio Público Federal (MPF), adscrita a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), señaló la FGR en 2021.
En la asamblea del martes 2 de marzo, que ya se realizaba fuera del salón de clase del profesor Alcántara, le pidieron que saliera del aula. Y, a los alumnos, que salieran porque el profesor no volvería a darles clase.
Entonces, irrumpió Lidia Carbajal, la maestra compañera de Alcántara:
-¡Momento! ¿Quién eres tú?, preguntó muy molesta al alumno quien dijo llamarse Omar, consejero estudiantil, respaldado por alumnas y alumnos.
Carbajal, exige a los asambleístas que la dejen hablar:
Explica que, en 2017, una alumna va con Miguel Pérez López -profesor de Teoría Constitucional del Departamento de Derecho y especialista en el Juicio de Amparo -solicita una revisión de examen. A la par, pide levantar una acusación contra el profesor -Alcántara-, porque durante el trimestre abusó de ella en repetidas ocasiones. Dijo que los actos se cometieron en el salón de clase delante de los alumnos.
Señaló que después de que Miguel Pérez Luna, cumple con el protocolo interno que la UAM marca para atender estos casos, la alumna decide presentar un acta ante MPF, por lo que la acompañan a la FEVIMTRA.
En 2019, cuando lo detienen, Alcántara estaba de permiso sabático de dos años y Pérez Luna, nunca lo enteró de lo que pasaba, justifica la docente.
“¿Qué hizo el Ministerio Público? En su carpeta de investigación, dijo que el profesor había solicitado un sabático por dos años, para evadir la justicia. En octubre 2019 lo agarran saliendo de la universidad y lo ponen en resguardo preventivo. Se le determinó una suspensión de labores de acuerdo a la ley, y efectivamente, en septiembre lo condenaron a 9 años”.
“Por derecho constitucional, él puede apelar y su abogado defensor argumentó que, desde la universidad, se desconoció el derecho de presunción de inocencia de su cliente, porque nunca se le dijo lo que estaba sucediendo”.
“El Tribunal de alzada del sexto circuito analizo el caso y dijo que el juez hizo una sentencia a modo y que había desconocido el derecho de presunción de inocencia del profesor. Determinó - Esto también lo pueden leer en la relatoría de la sentencia-. Como les dije el profesor tuvo que meter, solicitamos que se metiera, con apego a la ley, una suspensión de labores por qué no se había comprobado que efectivamente se hubiera cometido el delito”.
Y la universidad, el abogado le mandó una carta diciendo que se concedía la suspensión de labores. Allí está también el escrito.
Cuándo después, en la misma sentencia, ustedes pueden ver lo que declara alumna y cada una de las autoridades, Miguel Pérez López, Liliana, qué está aquí y también el de sistemas escolares, todos ellos tuvieron que declarar. ¿Dónde estaban? Si la alumna alegaba una calificación, ese documento nunca se quiso entregar, pero el juez determinó que no era necesario, que lo que importaban eran los hechos.
¿Cuál era lo que decía el Ministerio Público? que si se cometieron los hechos, por qué existe la universidad, existen los salones y el horario de clase que ella dice. Eso no comprueba que existe el delito, sin embargo, así lo aplicaron. Es lo que señala el magistrado, que el juez tenía la obligación de contrastar los hechos con lo que dijo la alumna y lo que decían los testigos, pero esto no se tomó en cuenta.
“Entonces el magistrado de alzada del sexto circuito, determinó que se había violado el derecho de inocencia del profesor y ordenó que se anulara la última audiencia donde se le sentenció y que se repusiera y que la sentencia debería de ser absolutoria. Esos documentos se le pidieron al profesor en copia certificada que se encuentra en la universidad”, señaló la maestra Carbajal.
“Lo que le estamos alegando de nuevo al abogado general, porque todo salió de aquí de la división de sociales. Quien lo tiene perfectamente claro es Miguel Pérez López, porque él fue quien vio al profesor con los abogados ¿Porque no se ha pronunciado?”, pregunta muy molesta.
“El daño moral compañeros -al maestro- ya se hizo, porque de nuevo, sin decirle nada al profesor, le quitaron el curso de derecho de economía mexicana. Afortunadamente el daño moral no ha llegado aquí (al departamento), pero ahorita compañeros, gracias a esto -la manifestación del alumnado-, ya se cometió otra vez ese delito. Agravan su derecho de presunción de inocencia. Y si, se los décimos, otra vez vamos a estar de lucha, porque no se vale”, con voz sofocada advierte al estudiantado.
-¡Y el daño a la compañera! -¡Y el daño a la compañera! Le gritaban.
-Deja que hable el profesor. Lo estás condenando, defendía la maestra.
-Si la universidad no te declara inocente no vamos a hablar nada contigo, le decía el alumno Omar al maestro denunciado.
- ¡Queremos que se vaya! Insistían.
- Eso me parece un método poco (inaudible) de una institución como esta, dijo el maestro acusado.
-¡El abuso también lo es! ¡El abuso también lo es! Lo interrumpieron.
Molesto, el maestro interviene, exige que se refieran al delito correcto:
“El presunto delito es abuso sexual ¿Por qué no cambian su logo? No es violación, es abuso sexual -reclama-. Esa presunción de delito me costó dos años, dos años… repetía alzando el brazo derecho”.
-¡A la víctima cuánto le costó… reclamaban! -¡A la víctima le va a costar toda la vida! -Falta al debido proceso no te exime, le gritó otro alumno.
-¿Qué no tienes hermanas? ¿Qué no tienes madre?, le decían a un estudiante que dijo ser de sociología, quien pedía acatar el fallo judicial.
-Sí, respondió él.
-¿A poco a ellas también les vas a aplicar todo esto? -Nadie se pregunta a la compañera cuánto tiempo le va a costar recuperarse psicológicamente y cómo, nosotros estamos vulneradas porque este buey de seguro lo va a volver a hacer. ¡No nos podemos fiar!
“Dos años por una vida entera, sinceramente para mí… Yo tengo hermanas, tengo novia, tengo una mamá, tengo tías, imagino si el día de mañana les pase eso. ¿Lo imaginas tú? le dice al estudiante de sociología ¿Te imaginas estar frente al acosador de tu hermana? ¿Te gustaría? ¿Estarías contento con dos años?”, Intervino otro estudiante.
- No mezclen lo legal, lo jurídico con lo académico. Interrumpió el maestro Alcántara, provocando más el enojo de alumnas y alumnos por igual.
Al final, tuvo que abandonar las instalaciones de la UAM. Está libre por faltas al debido proceso que iniciaron en el campus y culminaron en la FGR.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
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