Las 12 comunidades que integran el Frente señalaron que el gobierno federal y la Semarnat muestran una «actitud servil» frente a los intereses extranjeros, pues recordaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador autorizó a la minera Cuzcatlán continuar con la explotación de minerales por diez años más a pesar de que se comprobó que la empresa construyó 75 obras irregulares, contaminó de manera irreversible el ambiente, polarizó el tejido social y generó violencia en los territorios y contra los defensores.
Señalaron que ninguna autoridades de Semarnat será bienvenida en sus comunidades porque «su actitud servil ante la compañía minera Cuzcatlán muestra que no existe un cambio verdadero en la política ambiental del país». «Nuestras asambleas no olvidan que traicionaron la voluntad popular y violentaron los derechos de los pueblos indígenas al otorgar 10 años de explotación comercial a minera Cuzcatlán», añadieron.
Organizaciones, pueblos y colectivos como la Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio se solidarizaron con la lucha del Frente y exigieron la cancelación de todos los proyectos mineros y las concesiones a empresas, así como responsabilizaron a las autoridades de cualquier agresión contra los defensores del territorio.
«El gobierno federal ha tomado posición: beneficiar los intereses privados extranjeros por encima de los derechos de nuestras comunidades. Las promesas de un gobierno diferente han quedado lejos, el gobierno actual queda debiendo a las comunidades zapotecas de Valles Centrales, sin embargo, su gobierno se va, las comunidades resistimos y vivimos en nuestros territorios», aseguró el Frente.
Las comunidades del Frente No a la Minería ha denunciado desde 2009 las afectaciones al ambiente y la vida comunitaria provocadas por la imposición del proyecto minero San José, pero la respuesta de las autoridades han sido «negligencias, omisiones y violencias» como desalojos, asesinatos, división y polarización comunitarias, entre otras agresiones.
Comunicado del Frente No a la Minería:
Comunicado de prensa. Desde 2009, las comunidades articuladas en el Frente No a la Minería por un Futuro de Todxs denunciaron ante el gobierno federal las afectaciones producidas por el proyecto minero “San José”, impuesto por la empresa minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines.
Lejos de recibir una respuesta que respetara los derechos territoriales de las comunidades afectadas, el Estado mexicano incurrió en negligencias, omisiones y violencias para favorecer los intereses privados de una empresa extranjera.
Desalojos violentos, asesinatos y agresiones contra defensores del territorio, contratación de grupos armados, división y polarización comunitaria, contaminación del ambiente, principalmente del agua, invasión de los territorios, entre otras violencias, han sido los “beneficios” del proyecto minero en la región de Valles Centrales en los últimos diez años.
Pese a la oposición rotunda de las comunidades, minera Cuzcatlán presentó permisos ante la SEMARNAT para explotar el territorio durante diez años más, es decir, de 2021 a 2031.
Las 12 comunidades que integran el Frente No a la Minería por un Futuro de Todxs entregamos en tiempo y forma a la dependencia encargada de la protección del ambiente nuestras declaratorias de territorio prohibido para la minería, así como nuestra determinación y exigencia de cancelar el proyecto minero por poner en riesgo la vida, el territorio y el medio ambiente en la región.
En pleno proceso de diálogo con las comunidades afectadas, la SEMARNAT otorgó a la compañía minera 12 años de explotación comercial en los Valles Centrales de Oaxaca el 14 de diciembre de 2021. Es importante denunciar que los funcionarios de ésta dependencia negaron el otorgamiento de permisos a la compañía minera hasta enero de 2022, por lo que quisieron burlar y engañar a las comunidades integrantes del Frente, como en sexenios anteriores.
El gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, traicionó a las comunidades al autorizar 10 años de explotación de nuestros territorios, tal como pactaron gobiernos anteriores del PRI y el PAN. El gobierno federal pactó el permiso ambiental en una visita a San Jerónimo Taviche en noviembre de 2021.
El Frente denuncia que no existe ningún cambio en el país, ya que los permisos desacataron nuestras actas y los argumentos técnicos y ambientales del por qué no se debe proporcionar ningún permiso a compañía minera Cuzcatlán.
El Frente condena y denuncia la actitud servil del gobierno federal y la SEMARNAT frente a intereses externos, ajenos a las comunidades campesinas e indígenas de Oaxaca, en este sentido realizamos el siguiente pronunciamiento:
- El gobierno federal no tiene la capacidad técnica y política para frenar los intereses particulares de una compañía minera en el estado de Oaxaca y regular la industria minera conforme a derecho. Pese a que compañía minera Cuzcatlán construyó 75 obras irregulares desacatando la legislación vigente, contaminó de manera irreversible el ambiente, polarizó el tejido social, generó violencia en nuestros territorios y asesinó a nuestros compañeros, Andrés Manuel premió a la empresa al otorgar 10 años más de explotación comercial.
- Ningún funcionario de la SEMARNAT es bienvenido en nuestras comunidades. Su actitud servil ante la compañía minera Cuzcatlán muestra que no existe un cambio verdadero en la política ambiental del país. Nuestras asambleas no olvidan que traicionaron la voluntad popular y violentaron los derechos de los pueblos indígenas al otorgar 10 años de explotación comercial a minera Cuzcatlán.
- La historia se construye desde los pueblos con dignidad, no se construye desde discursos vacíos. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México fue la bandera del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En los Valles Centrales de Oaxaca, la SEMARNAT mintió y traicionó a las comunidades que mantenemos una defensa legal, legítima y pacífica de nuestro territorio.
- El gobierno federal ha tomado posición: beneficiar los intereses privados extranjeros por encima de los derechos de nuestras comunidades. Las promesas de un gobierno diferente han quedado lejos, el gobierno actual queda debiendo a las comunidades zapotecas de Valles Centrales, sin embargo, su gobierno se va, las comunidades resistimos y vivimos en nuestros territorios.
- Las autoridades municipales y agrarias de Valles Centrales de Oaxaca tenemos el mandato de obedecer a nuestras asambleas y hacer cumplir nuestros acuerdos. No permitiremos la expansión del proyecto minero San José, ya que no responde a nuestros intereses, hasta 2031 y pese al vileza del gobierno federal nos mantenemos dignos y firmes: Aquí decimos Sí a la Vida, No a la Minería.
- Exigimos una reunión con la secretaria de Medio Ambiente y la Secretaría de Gobierno para exigirles que cumplan sus compromisos y respeten las decisiones de nuestras comunidades y pueblos.
Frente no a la Minería por un Futuro de Todxs: Ayuntamientos y autoridades agrarias de: Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, El Llano Sitio Santiago, San Nicolás Yaxe, San Baltazar Chichicapam, San Dionisio Ocotepec, Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán.
Comunicado de la Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio:
COMUNICADO DE LA ASAMBLEA OAXAQUEÑA EN DENUNCIA DE LAS IRREGULARIDADES DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO MINERO “SAN JOSÉ”, DURANTE LA TOMA DE LAS OFICINAS DE LA SEMARNAT EN OAXACA
Desde 2009, la empresa minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines se impuso con violencia en la comunidad de San José del Progreso, Oaxaca. En este proceso la comunidad sufrió un desalojo operado por la policía estatal y federal, deteniendo a ciudadanas y ciudadanos inconformes con el proyecto minero. También, fueron asesinados dos defensores del territorio, Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez (2012) y un sinfín de personas fueron heridas por armas de fuego (2012-2014).
La empresa minera pretendió impulsar una consulta ilegal en la comunidad de Magdalena Ocotlán para aceptar trabajos de exploración y expansión del proyecto (2017). De igual forma, en 2018 se documentó el derrame de la presa de jales sobre el cauce principal del río El Coyote, afectando a las comunidades de Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa y Monte del Toro en su derecho humano al agua.
Por su parte los gobiernos estatal y federal hicieron caso omiso ante las denuncias presentadas; lejos de reconocer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y sus determinaciones en los Valles Centrales, se hicieron cómplices de éstos crímenes, para favorecer intereses particulares de una empresa extranjera.
Durante los últimos tres años (2019-2021), la empresa ha pretendido aprobar 10 años más de explotación comercial, después de construir 75 obras irregulares de las 81 obras que compone el proyecto minero, desacatando la legislación vigente y la determinación de las comunidades que mantienen una defensa legal, legítima y pacífica contra el proyecto.
La Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio tiene conocimiento de que el gobierno de la Cuarta Transformación, pese a las violaciones, afectaciones y desacatos a la legislación vigente, permitió diez años más de explotación comercial de plata y oro en los Valles Centrales, denunciamos que dicha aprobación se realizó sin retomar ningún criterio técnico, social y ambiental, por lo que el gobierno federal, como en anteriores ocasiones se ha vuelto cómplice de dicho proyecto. En este sentido, la Asamblea expresa lo siguiente:
• Nos solidarizamos con las comunidades que integran Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, quienes mantienen una defensa legítima del territorio y sus derechos desde 2009.
• Exigimos a la SEMARNAT, negar las autorizaciones solicitadas por compañía minera Cuzcatlán y respetar las actas de territorio prohibido para la minería de las comunidades de Valles Centrales.
• Responsabilizamos al gobierno federal por cualquier agresión física, psicológica que puedan sufrir defensoras y defensores de los Valles Centrales e integrantes del Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos.
• Exigimos al gobierno federal la cancelación del proyecto minero San José, por generar graves violaciones a los derechos territoriales de las comunidades de Valles Centrales, principalmente el derecho a la libre determinación, territorio y medio ambiente sano.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca; miércoles 02 de marzo de 2022.
¡No es Desarrollo, es Despojo!
Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio
AUTOR: REDACCIÓN.
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