Al recordar que actualmente un millón 125 mil 858 adolescentes de entre 15 a 17 años realizan actividades económicas peligrosas y más de la mitad (638 mil 493) lo hacen en el sector agrícola, Save the Children reconoció que la reforma aprobada el martes 2 en el Senado de la República “busca atender una realidad para miles de adolescentes que carecen de oportunidades y los medios suficientes para continuar sus estudios”.
No obstante, la organización señaló que la reforma legislativa es “una solución parcial”, porque expone a los adolescentes “a riesgos que sobrepasan los beneficios”, ya que sólo considera “la legalización del trabajo adolescente en el sector agrícola, sin proponer mecanismos, recursos y reformas adicionales que garantice que su incorporación se realice en apego a lo que señala la Ley, priorizando su integridad, seguridad y sano desarrollo”.
La organización internacional recordó que, en noviembre de 2012, el Congreso de la Unión aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo en apego a los convenios 138 y 182 de la OIT, que establece la edad de 15 años como la mínima para trabajar y que indica que entre las peores formas de trabajo infantil está “toda aquella actividad que por su naturaleza o condiciones es probable que dañe la salud, la seguridad o moralidad de niñas, niños y adolescentes”, respectivamente.
La prohibición de que los menores realizaran trabajos riesgosos “fue aprobada con el objetivo primordial de proteger a las y los adolescentes de las condiciones externas que se presentan en el campo mexicano: exposición a agroquímicos, largas jornadas laborales, insolación, deshidratación, posturas prolongadas o repetitivas, hacinamiento, informalidad, carencia de seguridad social, pagas menores, falta de servicios de cuidado, carencias en el acceso a servicios educativos, de salud, alimentación y agua potable, por mencionar algunos, y que constituyen un riesgo real para su salud e integridad”.
En cuanto al T-MEC, la organización expuso que la reforma que legaliza el trabajo de adolescentes en actividades agrícolas, “puede generar incumplimientos a las obligaciones” contraídas en el tratado trilateral y con ello “amenazar al comercio de exportación mexicano, particularmente por lo que se refiere al capítulo 23, el cual consagra la ‘no derogación de las cláusulas de protección´, en el entendido de que la prohibición del trabajo adolescente agrícola se realizó como una medida de protección contra labores peligrosas e insalubres, debido a las actividades y condiciones en las cuales se encuentra el campo mexicano, además de que la aprobación implica un retroceso en el nivel de protección a los derechos de las y los adolescentes”.
Oportunidades sí, pero no a costa de la salud
Save the Childrren recordó que el Estado mexicano está obligado a procurar oportunidades de desarrollo a los adolescentes, “pero no a costa de su salud e integridad”, de ahí la urgencia que el presidente López Obrador “haga uso de su facultad de veto en tanto no se generen los cambios legislativos y de políticas públicas y presupuesto público para garantizar el cumplimiento de los derechos de las y los adolescentes, con especial preocupación en su seguridad y protección”.
Apuntó que se debe garantizar que el trabajo agrícola realizado por adolescentes no impida el desarrollo de derechos como la educación, el descanso y esparcimiento, y las actividades “no sean peligrosas, ni insalubres y no produzcan efectos negativos, inmediatos o futuros, a su desarrollo físico, mental, psicológico o social”.
La organización insistió en que se vete la reforma “en tanto no se generen los cambios legislativos, y de políticas y presupuesto público necesarios para garantizar la protección de los derechos de las y los adolescentes que trabajan”.
Sugiere hacer reformas legislativas enlistando las actividades “nocivas y peligrosas”, en las que no deban participar los menores; incluir en la legislación de forma expresa la obligación de los empleadores de dar de alta en el seguro social a los adolescentes en edad de trabajar; fijar una jornada laboral de seis horas para trabajadores adolescentes, “asegurando que tengan tiempo suficiente para realizar tareas escolares, de descanso, juego y esparcimiento”.
Asimismo, se pide a las autoridades “incrementar las capacidades de inspección laboral”, a través del incremento del presupuesto asignado que permita tener personal capacitado “para actuar con enfoque de protección de los derecho de las y los adolescentes”; aplicar un programa permanente de inspecciones laborales aleatorias no anunciadas “enfocadas a trabajo infantil y adolescente en el sector agrícola” y crear una “estrategia nacional para combatir el trabajo e infantil y el trabajo adolescente permitido”.
Save the Children recomendó a las empresas agrícolas ofrecer a los adolescentes “trabajo decente que les asegure un ingreso digno, con seguridad social y que asegure el pleno ejercicio de sus derechos a la educación, salud, esparcimiento, descanso, dignidad, integridad, entre otros”; erradicar el trabajo infantil “en sus operaciones y cadena de suministro”, y que se garantice a los trabajadores adolescentes a no realizar a “actividades nocivas o perjudiciales para su salud e integridad física y mental”.
Asimismo sugirió a los empresarios “evaluar riesgos de trabajo infantil en operaciones de cadena de suministro”; prohibir acciones ante “violaciones por trabajo adolescente no permitido y en casos de trabajo infantil”; evitar la precarización “del empleo y condiciones laborales de las personas adultas que trabajan en el campo”, y presentar informes periódicos los avances de las acciones contra “violaciones por trabajo adolescente no permitido y en casos de trabajo infantil”.
Save the Children puntualizó que “la integración de las y los adolescentes trabajadores en edad permitida a los sectores productivos debe hacerse de forma responsable, paulatina y posterior a un proceso de revisión y fortalecimiento de los mecanismos de protección en el cual se involucren gobierno, sector privado y sociedad civil, a fin de que se garantice la protección integral de sus derechos”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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