Los 78 ataques armados, perpetrados por un grupo paramilitar del municipio vecino de Chenalhó, se suman a los 346 que se reportaron en febrero, lo que evidencia que «existe un aumento de la violencia mientras el gobierno sigue simulando la situación desbordada», aseguró el Frayba.
El Centro explicó que aunque el conflicto territorial entre el municipio de Aldama y la comunidad de Santa Martha, de Chenalhó, se relaciona «con el inadecuado deslinde territorial que hiciera la Secretaría de la Reforma Agraria en la década de 1970, el Estado no ha buscado resolver el conflicto de fondo y sólo ha logrado administrarlo».
Señaló como ejemplo la ceremonia llevada a cabo el pasado 3 de marzo por el gobierno estatal y federal para entregar el predio Cerro Bola a 115 comuneros de Aldama, mientras que el mismo día la comunidad de San Pedro Kotsilnam fue atacada.
«La entrega del predio no ha resuelto las agresiones que vive la población, ese mismo día las agresiones continuaron, la violencia se extendió desde la madruga del viernes hasta las 21:00 horas, registrándose 27 ataques armados, mientras que entre el viernes 4 y domingo 6 de marzo se recibieron 13 reportes», denunció el Frayba.
Los defensores del Centro acusaron que el Estado mexicano «continúa siendo omiso, perdido en el espacio burocrático y de espectador de la violencia» contra los tsotsiles de Aldama, mientras la situación se agrava en los territorios en disputa.
Frente al panorama, llamaron a las autoridades a que implementen acciones efectivas de seguridad para erradicar la violencia que viven los pueblos indígenas de Chiapas y particularmente los del municipio de Aldama y Chenalhó, así como que cumplan con las recomendaciones y medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para atender el conflicto.
Comunicado:
En los primeros ocho días del mes de marzo el Frayba ha recibido 78 reportes de ataques armados en contra de comunidades del municipio de Aldama. En febrero fueron 346 registros de agresión armada. Existe un aumento de la violencia mientras el gobierno sigue simulando la situación desbordada.
El pasado 3 de marzo, el gobierno estatal y federal llevaron a cabo la ceremonia de entrega del predio Cerro Bola ubicado en el municipio de Ixtapa a los 115 comuneros de Aldama, ese mismo día la comunidad de San Pedro Kotsilnam fue atacada a las 11:15 horas estuvo bajo fuego proveniente del punto El Ranchito en Fracción Ak’tik 2 dentro de las 60 hectáreas en disputa. La entrega del predio no ha resuelto las agresiones que vive la población, ese mismo día las agresiones continuaron, la violencia se extendió desde la madruga del viernes hasta las 21:00 horas, registrándose 27 ataques armados, mientras que entre el viernes 4 y domingo 6 de marzo se recibieron 13 reportes. Al cierre de este boletín se contabilizaron 5 reportes más.
Los ataques armados son permanentes contra las 12 comunidades tsotsiles del municipio de Aldama y no han sido detenidos a pesar de las acciones de los gobiernos estatal y federal; la población continúa violentada. Aunque el conflicto que existe entre pobladores del municipio de Aldama y la comunidad de Santa Martha municipio de Chenalhó tiene que ver con el inadecuado deslinde territorial que hiciera la Secretaría de la Reforma Agraria en la década de 1970, el Estado no ha buscado resolver el conflicto de fondo y solo ha logrado administrarlo.
Los compromisos internacionales que tiene México en materia de Derechos Humanos para asegurar una vida libre de violencia en la sociedad y en especial en el territorio de los Pueblos Originarios son tareas incumplidas. El conflicto no es una situación aislada, es resultado de la ausencia de acciones efectivas por parte del Estado mexicano que además de administrarlo, permite y fomenta diversas violaciones a derechos humanos mediante la colaboración, aquiescencia y tolerancia, manifestadas en varias acciones y omisiones tanto de funcionarios como de grupos armados en la región.
En medio de este contexto diversos actores nacionales e internacionales han emitido su preocupación al Estado mexicano, sin embargo, las violaciones a derechos humanos no paran. El pasado 20 de febrero fue herido con arma de fuego el anciano Tomas Lunes Ruiz de la comunidad Chivit, a pesar de estos hechos el Estado mexicano continúa siendo omiso, perdido en el espacio burocrático y de espectador de la violencia mientras las situaciones en los territorios se tornan cruentas.En diversos municipios de Chiapas existen expresiones de violencia que aterrorizan a la población, creando zonas de silencio como medida para salvaguardar sus vidas.
Hacemos un llamado al Estado mexicano a que proceda con acciones efectivas de seguridad y de atención para detener y erradicar la violencia que actualmente viven los Pueblos Originarios del estado de Chiapas y particularmente los del municipio de Aldama y Chenalhó, y que cumplan con las recomendaciones de las Resolución No. 35/21, MC 284-18, Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
AUTOR: REDACCIÓN.
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