Señalaron que las periodistas asesinadas fueron Norma Sarabia Garduza, el 11 de junio de 2019 en Huamanguillo, Tabasco; María Elena Ferral Hernández, asesinada el 30 de marzo de 2020 en Papantla, Veracruz, y María de Lourdes Maldonado López, asesinada el 23 de enero de 2022 en Tijuana, Baja California.
Destacaron que en los dos últimos casos, María Elena y Lourdes habían hecho del conocimiento de las autoridades estatales y federales las situaciones de riesgo y amenazas de las que eran víctimas, “sin que se lograra prevenir sus muertes”.
Con motivo del 8 de marzo, las mujeres periodistas de la RNP acusaron que además de la violencia a la que se enfrentan por ejercer su profesión y la libertad de expresión, también son víctimas de desigualdad salarial, acoso laboral y sexual y precariedad.
“Debemos dejar de ver el ejercicio periodístico como sinónimo de precariedad, de penurias y violencia”, señalaron.
Por ello, exigieron a las autoridades, dueños y directivos de medios de comunicación impulsar las acciones para garantizar contrataciones dentro de los marcos legales, contar con seguros de riesgos, acceso a prestaciones, horarios como marca la Ley y pago de horas extras, aplicando la perspectiva de género.
Además, pidieron que las propuestas y demandas de las mujeres periodistas sean incluidas en la iniciativa para la Ley general de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que impulsa el gobierno federal, de manera que impacte en “el origen de las agresiones, el perfil de los agresores y en los resultados de la procuración e impartición de justicia frente en los casos denunciados”.
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AUTOR: REDACCIÓN.
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