Collado Mocelo está en prisión desde el 9 de julio de 2019, cuando fue detenido en el restaurante Morton’s, donde comía con el líder sindical Carlos Romero Deschamps.
El tribunal ordenó resolver la situación jurídica del abogado, porque en este asunto lo procesaron por un delito, el de fraude específico, que requería querella, misma que no existió en el momento de su vincularon al proceso.
Por unanimidad, los magistrados revocaron el fallo del Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal, quien el año pasado negó la protección contra el auto de vinculación a proceso que se le dictó en septiembre de 2020 y que le impuso como medida cautelar prisión preventiva.
Además, en la resolución, el colegiado señaló que hubo inconsistencias de fondo, por lo que ordenó reponer el proceso para respetar el derecho de la defensa.
El 2 de septiembre de 2020, Juan Carlos Ramírez Benítez, el Juez de control del Centro de Justicia Penal, determinó vincular a proceso a Collado Mocelo, quien desde entonces se encuentra vinculado a proceso además por el delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La FGR le imputó este supuesto fraude por presentar una denuncia contra sí mismo para conseguir el no ejercicio de la acción penal y usar esta determinación ministerial para descongelar en 2018 los 76.5 millones de euros que tenía bloqueados en Andorra desde marzo de 2015.
El origen del encarcelamiento de Collado es la denuncia del empresario queretano Bustamante Figueroa, registrada en la carpeta de investigación FED/SEIDF/ UNAI-CDMX/0000949/2019, en la que afirma que el abogado participó en una red de empresarios que fingían la adquisición legal de inmuebles, entre ellos una propiedad suya, sede de Caja Libertad, y posteriormente distribuían los recursos obtenidos a través de cuentas personales.
En la integración de la carpeta de investigación, se especifica que Bustamante Figueroa fue accionista de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro S.A. DE C.V., desde abril de 2010, con el 50 por ciento de las acciones y el otro 50 por ciento era propiedad de José Antonio Rico Rico.
La operadora adquirió un inmueble en la zona comercial centro sur en Querétaro, con una superficie de tres mil 877.17 metros cuadrados, donde se edificó un centro comercial de seis niveles y con seis niveles de estacionamiento con un valor actual de 700 millones de pesos.
Según la Unidad de Inteligencia Financiera y las declaraciones del empresario, en 2013 el socio de éste vende las acciones de la empresa a José de Jesús Alberto Cárdenas Rico y Fanny Gabriela Frías Cantú, y posteriormente, en 2015, José Antonio Vargas Hernández vende en 56 millones de pesos el centro comercial y se hace un depositó a favor del presidente del Consejo de Administración, Juan Collado, por 24 millones de pesos.
La UIF detectó otra trasferencia bancaria por 70 millones de pesos, el 8 de abril de 2015, a la empresa Administradora Arios S.A. DE C.V., otros dos traspasos por 25 y 750 millones de pesos el 30 de marzo de 2015, a la empresa con RFC AAR100302JM6. Otro traspaso por mil 291 millones a la empresa Despacho Integral de Inmuebles, y uno más por 493 mdp a la empresa con RFC MRI110214BJA el mismo día.
Estas investigaciones de la UIF son las que dieron lugar a los cargos contra Collado Mocelo por el uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, y que lo mantienen el prisión desde el 9 de julio de 2019, cuando fue detenido en el restaurante Morton’s, cuando comía con el líder sindical Carlos Romero Deschamps.
AUTOR: REDACCIÓN.
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