Horas después de esa actuación de la Marina, que se realizó sin presencia de más autoridades y no consta en el expediente de investigación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), el gobierno de Enrique Peña Nieto anunció la detención de cuatro presuntos implicados en la desaparición y, por primera vez, dio a conocer al público que tenía indicios de que el basurero de Cocula había sido el punto de exterminio de los estudiantes, en lo que la administración priista llamó la “verdad histórica” del caso.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) obtuvo videos inéditos que demuestran que dos vehículos oficiales de la Secretaría de Marina (Semar) y al menos 12 elementos navales acudieron al basurero y manipularon la escena el 27 de octubre de 2014, entre las 6:39 y las 7:42 horas; posteriormente, a las 8:31 horas, al sitio arribó el entonces procurador, Jesús Murillo, Karam acompañado de más elementos de la Marina y la PGR.
A lo largo de esa mañana, y hasta alrededor del mediodía, por el basurero de Cocula desfilaron más de 40 personas de la Semar, la Policía Federal, la PGR y el Ejército, hasta la llegada del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que debía participar en todas las diligencias ministeriales. Hasta ese momento se acordonó y aseguró la zona, tras horas de manipulación y contaminación de la supuesta escena del crimen de los normalistas.
Estos hallazgos están contenidos en el Tercer Informe del GIEI sobre el caso Ayotzinapa, y en él se sostiene, por primera vez, que la Semar tuvo un rol central en la construcción de la llamada “verdad histórica”, que buscó obstruir y ocultar lo que sucedió con los estudiantes. Antes de estos hallazgos, explicaron los expertos, solo se sabía que la Marina había participado como cordón de seguridad perimetral para las actividades de la PGR en el basurero de Cocula y con la intervención de buzos en el río San Juan.
“Un grupo de alrededor de 12 personas, presumiblemente elementos de la Secretaría de Marina, participan al menos de las 6:39 horas hasta la llegada de la comitiva del procurador Murillo Karam (a las 8:31 horas), en una acción de la que no existe registro alguno, información previa ni constancia de su realización en la averiguación e investigación del basurero de Cocula”, indica el informe, que fue presentado ayer en la sede de la Secretaría de Gobernación (Segob) y ante familiares de los jóvenes desaparecidos.
“Los elementos de la Marina manipulan bultos que sacan de dos camionetas, se visualizan tres bultos en la parte alta del basurero. Posteriormente, un grupo de elementos de la Marina desciende al fondo de la hondonada del basurero; mientras, encienden una hoguera en el inicio de la pendiente. La explicación dada es que la hoguera se realiza para que un dron no tripulado y a distancia, y que se dirige mediante coordenadas, ubique el punto de interés, ello no obstante que ya había localizado el basurero por medio de coordenadas. Poco después de lo cual, los bultos que se encontraban en esa zona han desaparecido”.
Los videos obtenidos por el GIEI fueron grabados por un dron de la propia Semar, con la finalidad de registrar las diligencias practicadas por los marinos. El material gráfico está contenido en un informe clasificado como “secreto” y cuya existencia se desconocía hasta ahora.
Ángela Buitrago, María Paz y Francisco Cox, integrantes del GIEI, precisaron que el vuelo y la diligencia de la aeronave no tripulada —que despegó del aeródromo de Zacacoyuya, municipio de Tepecuacuilco— solo podían ser autorizados por el entonces secretario de Marina, Vidal Soberón, o por el presidente Peña Nieto.
“A las 7:02 am el grupo de marinos comienza a descender a la hondonada del basurero. La cámara cambia a modo infrarrojo y se pueden apreciar al menos tres personas en la parte baja de la hondonada. En los siguientes segundos caminan sobre el lugar en donde se dijo que se quemaron los cuerpos de los estudiantes”, expone el informe.
“A las 7:27 am la cámara regresa al basurero donde se ve humo blanco, debido a que han encendido una fogata en la parte media de la pendiente del basurero. Las camionetas de la Secretaría de Marina se encuentran en la misma posición, mientras se aprecia un incendio sobre el terreno en el comienzo del descenso a la hondonada. El fuego se ubica aproximadamente a 8 metros de la camioneta al pie de la hondonada. Es significativo que los tres bultos blancos que se encontraban a 12 metros de las camionetas han desaparecido”.
El informe del GIEI señala que los marinos deambularon por la zona alta y la hondonada del basurero de Cocula (identificadas como Zona A y Zona B), que eran de alta relevancia para la investigación por la posibilidad de que en ellas se encontraran evidencias balísticas, restos óseos, ropa, sangre, etcétera.
“Ambas zonas quedaron seriamente contaminadas después de la presencia del personal de la Marina”, indicaron los investigadores independientes.
El 28 de octubre, se dio la diligencia no reportada de Tomás Zerón, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en el río San Juan, donde supuestamente fueron esparcidos los restos calcinados de los normalistas, y donde, en efecto, solo se logró identificar un fragmento óseo perteneciente a Alexander Mora Venancio.
El interés por el basurero
Los integrantes del GIEI señalaron que, tras la desaparición de los normalistas, la versión de que el basurero de Cocula era la escena del crimen de su supuesto asesinato e incineración surgió hasta el 26 de octubre, y que se trató de una declaración obtenida a base de tortura, lo mismo que las versiones sobre el río San Juan.
La tarde del 27 de octubre de 2014, horas después de la diligencia secreta de la Marina en el basurero de Cocula, y de la masiva contaminación de la supuesta escena del crimen, Murillo Karam y Zerón dieron una conferencia de prensa para anunciar la detención de cuatro integrantes del grupo Guerreros Unidos, quienes, supuestamente, habían confesado su participación en la desaparición de los normalistas, incluyendo la historia del basurero de Cocula y el río San Juan.
“El 26 y 27 de octubre hubo seis privaciones de la libertad: la de Benito Vásquez Martínez y Salvador Reza Jacobo, quienes supuestamente indican que los restos de los estudiantes fueron esparcidos en un río, y la de Jonathan Osorio Cortez, Patricio Reyes y Agustín García Reyes, cuyas declaraciones fueron la base para la llamada ‘verdad histórica’ y el escenario del basurero de Cocula. Junto a Patricio Reyes Landa y Jonathan Osorio Cortez también ocurrió la privación de la libertad de Darío Morales Sánchez, ‘El Comisario’, quien habría ocultado a alguno de los detenidos”, sostiene el reporte.
El informe del GIEI señala que en el basurero hubo presencia de diversas autoridades desde inicios de octubre, mucho tiempo antes de que surgieran las declaraciones de que allí fueron asesinados los estudiantes.
Al menos desde el 4 de octubre se tiene constancia de que dicho escenario se encontraba custodiado por policías estatales, según el documento. Y el 12 de octubre, militares del 27 Batallón de Infantería hicieron recorridos por Cocula y comunidades aledañas al basurero, sin que la Sedena haya informado de ello a la PGR.
Apertura parcial del actual gobierno
Los integrantes del GIEI indicaron que, días antes de la desaparición de los normalistas, autoridades federales y estatales, especialmente de la Sedena y del Cisen, habían ordenado dar un seguimiento puntual a sus actividades, y que en el momento de los hechos habían tenido un reporte en tiempo real.
Los investigadores hallaron documentos militares que muestran que la Sedena realizó actuaciones e investigaciones que no compartió a la PGR, como la interceptación de comunicaciones, e incluso inició procedimientos disciplinarios en contra de elementos castrenses derivados de indagatorias internas sobre su actuación la noche del 26 de septiembre.
Si bien destacaron que muchos de los nuevos hallazgos fueron posibles por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, y aunque reconocieron al actual titular de la Semar, Rafael Ojeda, por haber entregado los videos grabados por el dron en octubre de 2014 en Cocula, los integrantes del GIEI advirtieron que sigue habiendo resistencias de parte de algunas instituciones en la entrega de información, especialmente en cuanto a archivos de inteligencia.
“Todo esto sin duda ha sido posible por la voluntad y la apertura de los archivos ordenada por el presidente de la República y con el acompañamiento que han hecho las autoridades en esta tercera etapa para acceder a los archivos de inteligencia y archivos militares; sin embargo, aún falta que se entreguen otros documentos, especialmente documentos de inteligencia que hemos pedido en reiteradas oportunidades y que seguimos insistiendo en su importancia para el pleno esclarecimiento de los hechos”, afirmó la abogada María Paz.
“En esta administración hemos hecho innumerables solicitudes muy pormenorizadas de los documentos a los que queremos tener acceso, y hay respuestas que nos dicen que no existe, y luego, cuando insistimos, cuando contrastamos, cuando confrontamos, o cuando estamos en los archivos y los encontramos, bueno, ¿sí existen o no existen? Eso para nosotros es algo que es muy importante mencionar, y también nos da cuenta de que existen otros documentos que no se han entregado”, añadió.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ZEDRYK RAZIEL.
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