Cientos de los inculpados han optado por adherirse a una salida alterna para evitar la prisión preventiva, prevista en el tipo penal: declararse culpables –sin serlo– para pagar una “reparación”.
En el Congreso local hay un dictamen pendiente para atenuar el delito y acatar la recomendación 146/2021 de la CNDH. El Legislativo, con mayoría de Morena, el partido en el que milita el gobernador, lleva tres semanas aguardando la modificación, cuyos términos se desconocen, pues no está en la página del Congreso.
Para abogados y políticos de oposición, el delito de ultrajes a la autoridad incrementa la corrupción en el Poder Judicial, fomenta la venganza política del gobierno morenista, utilizando a la fiscalía como herramienta ejecutora y deja a Veracruz en el ridículo internacional en materia de garantías individuales.
El gobernador Cuitláhuac García defiende esta figura punitiva y asegura que, gracias a ella, más de 40 jefes de plaza y más de 500 lugartenientes del crimen organizado están presos.
El Código Penal de Veracruz establece el delito de disolución social en su artículo 331, en estos términos: “Se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa hasta de 40 días de salario a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”.
A la ambigüedad de este tipo penal se sumó que el 11 de marzo de 2021 el gobierno de Veracruz publicó el decreto 848 por el que se adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Penal en materia de extorsión, robo, despojo y ultrajes a la autoridad, contra las instituciones de seguridad pública y contra la seguridad de la comunidad.
Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2365 de la edición impresa de Proceso,
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
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