Tan sólo en el mes de marzo, las comunidades tsotsiles de Aldama, Chiapas, registraron 437 ataques armados que implicaron el desplazamiento intermitente de 3 mil 499 personas, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).
El Frayba lamentó que «las acciones que han efectuado las autoridades del Estado mexicano para garantizar la vida y la seguridad de la población han sido ineficaces» y no siguen las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien desde el 2018 documentó la «situación de gravedad, urgencia y la posible generación de un daño irreperable» en las comunidades tsotsiles por la violencia paramilitar a raíz de un conflicto agrario.
De acuerdo con el Centro, el gobierno sólo enfocó su atención en el conflicto y no en investigar, desarmar y desarticular al grupo agresor, sus fuentes de financiamiento y el vínculo con autoridades estatales y locales.
Los defensores del Frayba también criticaron la criminalización de la población tsotsil que ha denunciado las agresiones, como es el caso del vocero de los 115 comuneros de Aldama, Cristóbal Sántiz López, detenido injustamente en marzo de 2020.
«El Frayba manifiesta su preocupación por que el Estado mexicano no respeta ni proporciona garantías necesarias que protejan la vida, seguridad e integridad personal de los habitantes de las comunidades de Aldama», por lo que exigió el cumplimiento cabal de las recomendaciones de la Resolución No. 102/21 de la CIDH, «ya que el municipio de Aldama sigue asediado con agresiones diarias», finalizó.
Comunicado:
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) registró durante el mes de marzo 437 reportes de ataques con armas de fuego en contra de las comunidades del municipio de Aldama, Chiapas. Esto implica el desplazamiento intermitente de cerca 3499 personas, que viven el impacto de la violencia permanente. En este periodo resultaron heridas dos personas a consecuencia de los disparos constantes: un “integrante de la banda de música” originario del municipio de Santiago el Pinar, quien fue lesionado en el tobillo durante la fiesta del Cuarto viernes celebrada en la comunidad de San Pedro Cotzilnam y una niña de 9 años de edad originaria de comunidad Tabac, municipio de Aldama, lesionada en la cabeza. Afortunadamente ambas personas se encuentran fuera de peligro.
Frente a los ataques armados y el continuum de violencia que se agudizó contra las comunidades desde principios del 2018, una comisión del grupo de representantes de los 115 comuneros y el Frayba, solicitaron desde hace 4 años medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien luego de analizar y considerar que existe una “situación de gravedad, urgencia y la posible generación de un daño irreparable”, actualizó el seguimiento de las medidas MC-882-17, MC-284-18 -Familias tsotsiles de veintidós comunidades identificadas en los municipios Chalchihuitán, Chenalhó y Aldama, bajo la Resolución No. 102/21(Seguimiento) con fecha del 15 de diciembre de 2021. Las acciones que han efectuado las autoridades del Estado mexicano para garantizar la vida y la seguridad de la población han sido ineficaces como hemos resaltado constantemente.
El gobierno mexicano ha centrado su atención en el conflicto territorial y para ello el día 3 de marzo del presente año entregó a los comuneros de Aldama el predio Cerro Bola ubicado en el municipio de Ixtapa, sitio que se encuentra a casi 100 kilómetros de su lugar de origen. El mismo día de la ceremonia de entrega del predio la población estuvo bajo ataque constante. Sin embargo, los gobiernos estatal y Federal siguen sin atender la investigación, desarme y desarticulación del grupo agresor, sus fuentes de financiamiento y el vínculo con autoridades estatales y locales.
Lamentamos la negativa del Estado mexicano de dar cumplimiento a las exigencias planteadas por la CIDH, incluyendo la criminalización donde se mantiene en privación arbitraria de la libertad al señor Cristóbal Sántiz López, quien fungía como vocero de los representantes de los 115 comuneros de Aldama, siendo claramente un defensor comunitario preso de manera injusta desde marzo de 2020.
El Frayba manifiesta su preocupación por que el Estado mexicano no respeta, ni proporciona garantías necesarias que protejan la vida, seguridad e integridad personal de los habitantes de las comunidades de Aldama, por lo que exigimos cumpla con su responsabilidad efectiva de devolver la paz y tranquilidad a la población como parte fundamental de los derechos humanos y por consiguiente el cumplimiento cabal de las recomendaciones de la Resolución No. 102/21 de la CIDH, ya que el municipio de Aldama sigue asediado con agresiones diarias, siendo que al cierre de este boletín, en el mes de abril se han registrado 49 ataques con armas de fuego hacia las comunidades.
AUTOR: REDACCIÓN.
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