En la fundamentación del proyecto, el mandatario nacional alertó respecto a los vacíos jurídicos o administrativos que permiten a la delincuencia organizada utilizar la infraestructura aeroportuaria y el espacio aéreo para realizar actos ilícitos, poniendo en riesgo la seguridad de la aviación civil.
“El más grave riesgo que esta situación genera es la posibilidad de una colisión entre un vuelo que incurre en el uso ilícito del espacio aéreo y un vuelo comercial, los vuelos ilícitos, lejos de presentar una ruta previa a la autoridad aeroportuaria, hacen lo posible para evitar su localización, por lo que pueden invadir las rutas de aviones comerciales o privados”, advirtió.
La iniciativa prevé la creación del Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano, cuyo objetivo sería la coordinación entre las instituciones y entidades de la Administración Pública Federal (APF), para inhibir y contrarrestar las operaciones aéreas ilícitas que atenten contra la seguridad nacional.
Dicha institución estaría integrada por las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT); de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); de Gobernación (SEGOB), de la Defensa Nacional (SEDENA) y de Marina (SEMAR), además de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).
Asimismo, la nueva institución estaría conformada por el Centro Nacional para la Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo; la Agencia Federal de Aviación Civil; Servicios a la Navegación Aéreas, la Guardia Nacional; y, el Centro Nacional de Inteligencia.
A su vez, el Consejo Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo operaría como instancia superior responsable de emitir las políticas de coordinación e intercambio de información entre las dependencias y entidades de la APF, para garantizar la protección del espacio aéreo mexicano, presidido por el titular del Poder Ejecutivo Federal.
“El servicio de Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos de América reportó que en 2019 ingresaron a ese país 118 toneladas de cocaína por vía aérea, con un costo estimado de 135 mil millones de pesos. Para México, esta situación genera presión política internacional, debido a los daños a la salud, la violencia y los actos de corrupción que presupone”, dice la iniciativa.
Ante tal problemática, el Estado mexicano se encuentra comprometido a vigilar, perseguir y erradicar las conductas ilícitas detectadas. La Fuerza Aérea Mexicana y la Comandancia del Sistema Integral de Vigilancia Aérea del Estado Mayor de la Defensa Nacional deberán actuar contra aquellos que transgredan la seguridad de la aviación civil.
Aunado a lo anterior, la iniciativa presidencial define el proceso de interceptación de aérea, en caso de que se detecte un vuelo no autorizado o clandestino, hasta que abandone el espacio aéreo mexicano o aterrice en territorio nacional.
En la iniciativa también se describen las deficiencias en la vigilancia de autoridades civiles y militares en los vuelos realizados por particulares. Entre ellos se menciona la presentación de documentación apócrifa ante autoridades aeronáuticas para circular dentro del territorio nacional.
Así como permisos de internación, licencias de vuelo y certificados de aeronavegabilidad, operación de aeródromos sin permiso e inactivación de códigos transponder, que permiten la correcta vigilancia y control de los Servicios de Tránsito Aéreo.
Además, se registran desvíos de la ruta para abandonar el territorio nacional de manera ilegal y posteriormente emplear las aeronaves para el trasiego de carga ilícita, como droga y armas, de distintos países hacia México, poniendo en riesgo la seguridad de la aviación nacional e internacional.
Asimismo, se mencionan las irregularidades en las operaciones de aviación privada, licencias de vuelo falsas, suplantación de identidad, aeronaves sin documentos, transporte ilegal de hidrocarburos, operación en pistas clandestinas, funcionarios que facilitan vuelos ilícitos al no desempeñar sus ocupaciones por ausencia, omisión o corrupción.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ.
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