Los investigadores consideran a los fallecidos como “actores fundamentales” porque desempeñaban cargos públicos el día de la tragedia y conocieron algunas de las estructuras criminales que participaron en la masacre o fueron testigos presenciales de “los más importantes sucesos”.
“Algunos de ellos murieron por razón del covid o muerte natural, otros fueron asesinados y posiblemente ejecutados, incluso en procedimientos de captura”, señala el documento oficial que se difundió la semana pasada.
Desde junio de 2021 Proceso advirtió en una conferencia mañanera, en Palacio Nacional, sobre una posible campaña de silenciamiento de personajes considerados clave en el caso Ayotzinapa, tras la ejecución del excomandante de la Policía Ministerial de la Fiscalía del estado de Guerrero, Humberto Velázquez Delgado, El Guacho, y de Moisés Brito Bautista, El Bandam, este último considerado jefe de sicarios del grupo Guerreros Unidos y quien fue asesinado el 2 de agosto del mismo año.
En el apartado denominado “Muertes de posibles participantes y testigos”, el informe del GIEI señala que en estos siete años y ante la demora del proceso, así como los procedimientos iniciales de tortura, inadecuado procesamiento, obstrucción y falta de ejecución de las diligencias de captura, han fallecido “más de 22 personas”.
Algunos de estos personajes fallecidos o ejecutados contaban con información “muy completa que permitía ubicarlos” en el escenario de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 y nunca fueron citados para declarar ante las autoridades ministeriales que llevan la investigación.
Otros “fueron citados y de sus propias declaraciones surgía la necesidad de profundizar en varios aspectos que hacían, por lo menos, evidenciar su presunta responsabilidad. Y, por último, personas que declararon y que dieron elementos muy valiosos de información, y fueron asesinados o se encuentran desaparecidos”, sostiene el informe del GIEI.
En el documento se refiere que personajes identificados como El Mugres, El Guacho (Velázquez Delgado, señalado como “uno de los posibles identificados como El Caminante”), así como El Chuky, El Bandam (Brito Bautista) y otros “hoy no pueden ser escuchados”.
Esto representa para la investigación “un daño irreparable que debe ser advertido” para que se tomen todas las medidas necesarias a fin de “lograr formalizar las informaciones de todos los que puedan aportar de una u otra manera al caso”, indica el GIEI.
En su informe los expertos plantean “apresurar” la formalización de informaciones que permitan determinar el paradero de los normalistas desaparecidos y tomar todas las medidas para evitar “las muertes en procedimiento de captura”.
“Por esa razón el GIEI recomienda tomar todas las medidas para evitar que personas que participen en esos operativos puedan tener relación de una manera en las estructuras que participaron en alguna parte de los hechos, ya sea de la desaparición de los estudiantes, o en los procedimientos ilícitos de tortura, obstrucción, construcción y desvío de la investigación.”
Además, el GIEI destacó el asesinato de Juan Salgado Guzmán, El Indio, señalado como presunto líder del grupo Guerreros Unidos y pieza clave en la desaparición de los 43 normalistas, que fue abatido por agentes federales en un operativo para detenerlo el 22 de septiembre de 2021 en el municipio de Metepec, Estado de México.
“El caso de Salgado Guzmán, que fue capturado y detenido en 2016, liberado por tortura en 2019 y objeto de procedimiento de captura en 2021, es grave, ya que fue muerto con 23 disparos de arma de fuego cuando iba a ser detenido”, reprocha el GIEI. Y agrega:
“Las dinámicas estudiadas en ese operativo hacen imperativo no sólo una investigación a profundidad, sino la verificación de que en estos casos no actúen sino personas que estén en activo, que además sean escogidas para evitar la relación con presuntos responsables y que se lleve a cabo respetando en todo momento los derechos humanos.”
El 17 de junio de 2021 este semanario advirtió en una conferencia mañanera en Palacio Nacional sobre la posible operación para silenciar a personajes clave del caso Ayotzinapa, después de que el excomandante de la Policía Ministerial de la fiscalía del estado de Guerrero, Humberto Velázquez Delgado, El Guacho, fue ejecutado un día antes en su negocio de venta de uniformes policiacos, frente a las instalaciones del III Batallón de Fuerzas Especiales del Ejército, en plena zona urbana de Iguala.
En ese entonces se le preguntó al presidente López Obrador si el asesinato del Guacho era un mensaje de impunidad que impediría resolver de fondo la masacre y desaparición de los normalistas. El mandatario aseguró que, al ser considerado como un asunto de Estado, “no había nada que detuviera” la investigación para conocer la verdad y hacer justicia.
“Se tienen resultados, desde luego quisiéramos avanzar más para que no corra el tiempo, queremos saber sobre el lugar donde están los jóvenes, queremos encontrarlos. La investigación continúa y vamos a conocer todo lo que sucedió y se va a hacer justicia, ese es el compromiso que tenemos”, dijo el presidente, evadiendo la pregunta.
Dos meses después, el 19 de agosto del mismo año, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, admitió públicamente que al menos “ocho personas implicadas en el caso Ayotzinapa” habían sido asesinadas hasta esa fecha.
Siete meses después el GIEI reveló en su informe que son 22 los implicados en el caso de Ayotzinapa que han muerto, algunos asesinados, otros por enfermedad, y también hay desaparecidos; todos con información vital de lo que ocurrió el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala. l
Texto publicado en el número 2370 de la edición impresa de Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
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