En la presentación del Informe Especial Sobre Violación del Derecho a la Democracia del Pueblo, y la Represión de los Derechos de Reunión y Asociación por el Estado Mexicano (1951-1965), se contemplan datos sobre la llamada “Guerra Sucia” de los años 60-70, periodo que se califica como un “auténtico genocidio”.
Solo en ese periodo se han documentado 217 muertos, 211 heridos, entre 395 y 595 desaparecidos y 3 mil 416 detenidos arbitrariamente, la mayoría ocurridos en manifestaciones o en eventos relacionados con su militancia política, dice el reporte de la comisión.
En dicho informe, la CNDH documentó 38 eventos violatorios de los derechos humanos de los militantes de la Programa de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM) y de otros partidos aliados de este, como el Partido Agrario Obrero Morelense.
Entre los eventos violatorios de los derechos humanos, la CNDH destacó el asesinato del abogado de los presos políticos, Marco Antonio Lanz Galera, en 1953, y el asesinato de Rubén Jaramillo, su esposa embarazada y sus dos hijos, en 1962, así como la detención y traslado a un cuartel militar en León de 400 henriquistas que pretendían celebrar una asamblea en 1957.
Los henriquistas fueron quienes apoyaron la candidatura de Miguel Henríquez Guzmán justo hace 70 años, explica la CNDH.
La investigación presentada corrió por la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el pasado reciente.
La investigación busca recordar lo difícil que ha sido la construcción de la democracia en México y abonar a la verdad y a la memoria de las luchas de ciudadanas y ciudadanos, brutal y sistemáticamente reprimidos por la violencia política de Estado, dice el reporte.
En el año de 1952, en el marco de la campaña presidencial, Henriquistas y Jaramillistas demandaron la transformación del sistema político imperante y la vigencia plena de los derechos humanos. No obstante, fueron víctimas de detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas por parte del gobierno de Miguel Alemán Valdés, y luego de los gobiernos de Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos.
Hasta la fecha, no se había abordado el análisis y la investigación de esta etapa, asegura la CNDH en su informe, que abarca 14 años de la historia reciente de nuestro país, época en la cual el Ejército, el Estado Mayor Presidencial (EMP) y el aparato de inteligencia del Estado, encabezado por la Dirección Federal de Seguridad (DFS), obstruyeron el libre ejercicio de los derechos cívicos de las y los mexicanos, en particular de los derechos de reunión y de asociación, consagrados en el artículo nueve de la Constitución.
El Informe Especial prueba que la legislación que se confeccionó con motivo de la Segunda Guerra Mundial fue mantenida aún después del final del conflicto, para justificar la represión de quienes pensaban distinto a la línea oficial. Prueba, también, que durante poco más de 35 años, la DFS, y por más de 70 años, el Estado Mayor Presidencial, actuaron al margen del orden constitucional.
Si bien en el siglo XX en México no hubo golpes de estado ni dictadura militar, “lo que sí tuvimos fue el montaje de todo un complejo militar-policiaco, que inhibió la participación ciudadana y segó el desarrollo de la vida democrática por décadas, y tuvo efectos similares en la violación a los derechos humanos, o aún peores, que los de los gobiernos militares centro y sudamericanos”.
Las cifras y conductas documentadas llevan a apuntar que hubo un genocidio:
“Un auténtico genocidio, destacando el hecho de que se trata de un registro incompleto porque en realidad hubo cientos más que fueron torturados, detenidos ilegalmente, o sujetos a hostigamiento y vigilancia por parte de las autoridades en todo el país, sin que se haya tenido mayor conocimiento de su destino”.
Fue en esos años que por primera vez se registró la desaparición de cuerpos de ciudadanas y ciudadanos asesinados por las fuerzas del Estado, los cuales habrían sido cremados en el Campo Militar número 1, estrenado con la matanza de henriquistas en La Alameda de la Ciudad de México, el 7 de julio de 1952, dice la investigación.
El Informe Especial incluye propuestas dirigidas específicamente a los titulares de los poderes Ejecutivos federal y de los estados, a efecto de conformar un Plan Nacional para la Recuperación de la Memoria y la Verdad Histórica de Graves Violaciones a los Derechos Humanos por Motivos de Violencia Política.
Asimismo, al Congreso de la Unión, para llevar a cabo todas las modificaciones necesarias al marco normativo vigente, para la extinción del Estado Mayor Presidencial; para la incorporación del tipo penal de desaparición forzada transitoria.
También recomiendan fortalecer las iniciativas de democracia participativa, así como para garantizar un órgano realmente autónomo de cualquier poder, constituido o fáctico, legal o supralegal, que asegure la transparencia del proceso electoral y el recuento efectivo de votos.
“Mucho se ha avanzado ciertamente, pero mucho queda aún por avanzar”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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