Una aparcera de Kekén, que firmó un amparo como parte de los Representantes de la Infancia en Homún, en contra de la empresa Producción Alimentaria y Porcícola (PAPO), una mega granja con 49 mil cabezas de cerdo, recibió amenazas vía telefónica el martes 5, según explicaron Kanan Ts’ono’ot e Indignación en un comunicado.
Los colectivos y la organización civil, contaron que la representante de la niñez de Homún, recibió la llamada de una persona desconocida que inició la conversación solicitándole información sobre los recorridos turísticos del municipio, “pero de pronto, se le cuestionó sobre su labor como activista”.
Apuntaron que “la persona del otro lado de la línea le preguntó si le daba miedo luchar por los cenotes y si no temía que algo le pasara a sus hijos”, insistiendo en cuestionarle “si no temía por la vida de sus hijos”.
Los activistas exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno garantizar la seguridad de la representante de los infantes de Homún, y de todos los defensores de los cenotes y el medio ambiente sano en Yucatán.
Kanan Ts’ono’ot, Representantes de la Infancia en Homún e Indignación recordaron que los actos intimidatorios ocurren en víspera de que el juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota, determine si se retira la suspensión de actividades de mega granja porcícola, y semanas después de que se entregaran 181 mil firmas digitales contra ese tipo de industria en la península de Yucatán, por los impactos a la salud y al medio ambiente.
“Esta no es la primera vez en que se realizan acciones de intimidación y amenaza contra las personas que se han pronunciado abiertamente contra la operación de la mega granja de Homún ante los riesgos de contaminación”, explicaron los activistas al recordar que en 2018 un integrante de Kanan Ts’ono’ot “fue víctima de amenazas e intento de extorsión”.
Los activistas destacaron que entre los actos intimidatorios destaca la reacción de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de clausurar cinco cenotos de miembros de la coordinación de Kanan Ts’ono’ot, luego de que en septiembre de 2018 participaran en una clausura simbólica de la fábrica de cerdos.
Asimismo, el año pasado, en mayo, tras la ratificación de la suspensión definitiva de operaciones de la mega granja PAPO, la Secretaría de Salud estatal “clausuró los paradores turísticos de algunos integrantes de la directiva del colectivo maya”, situación que confirma una tendencia del gobierno estatal de ser “omiso en garantizar nuestros derechos como pueblo maya, en vez de esto, ha favorecido alentado a dicha empresa”.
Al señalar que los últimos actos intimidatorios, resultan amenazantes para la infancia de Homún, que “está en su legítimo derecho de defender el agua, los cenotes y su derecho a la libre determinación y a un medio ambiente sano”.
Los colectivos mayas puntualizaron que no van a permitir que las vidas de la activista amenazada ni la de sus hijos se pongan en riesgo, así como tampoco de otros guardianes de los cenotes-
Indignación por su parte, reiteró su exigencia a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que “proporcionen las medidas necesarias para la protección” de la activista amenazada, así como que se respete “el derecho a la autonomía y libre determinación del pueblo maya.
Cabe destacar que el pasado 31 de marzo comunidades y organizaciones indígenas invitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, visitar el pueblo de Homún, entre el 6 y el 13 de abril, para constatar las afectaciones a su territorio por la instalación de la industria porcícola.
Recordaron que desde hace seis años mantienen un proceso de defensa de su territorio, que incluye una denuncia contra la empresa PAPO ante la Profepa firmada por 21 pueblos mayas, interpuesta a finales de 2020, pero “hasta la fecha ninguna autoridad nos ha escuchado”.
En una carta firmada por colectivos y comunidades, se alertó sobre el comunicado emitido por la Semarnat el 25 de marzo titulado “¿Dónde estaban los pseudoambientalistas cuando hace años empezó la verdadera devastación en el sureste de México?”.
En dicho comunicado se reconoce que en Yucatán “la Asociación de Porcicultores local ha mencionado tener al menos 500 granjas en 50 municipios de la entidad, cuyas afectaciones a la salud humana y ambiental por deforestación, desequilibrio ecológico y contaminación de cenotes es innegable, y se acrecienta por las características cársticas de sus suelos”.
Para los firmantes resultó sorpresiva la declaración, “no porque no sea cierta, sino porque hasta la fecha son nulas las acciones desde el ejecutivo federal (y del estatal)” para detener la actividad de la industria porcícola, además de que, durante las constantes visitas de López Obrador a la región, no se ha pronunciado sobre el tema ni mucho menos ha convocado a los afectados para dar solución a los problemas.
Firmaron el documento Kanan Ts’ono’ot, el Consejo Maya del Poniente de Yucatán “Chík’in-ja”, el Colectivo Cantukún, La Esperanza de Sitilpech, Comité Vecinal de Yaxkukul, Kanan Lu’um Chapab (Defensores de la Tierra) y Misioneros A.C..
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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