El Fiscal Alejandro Gertz Manero ha acumulado casos de alto impacto cuyas investigaciones se encuentran estancadas. Al funcionario se le acusa de privilegiar una agenda de temas de su interés personal y no respetar la autonomía de la dependencia que lidera. Entre los grandes pendientes están las sentencias por el caso Odebrecht y otros que involucran tanto a gobernadores como a integrantes del crimen organizado.
Los temas congelados de la FGR no sólo tienen que ver con presunta corrupción de prominentes políticos, como los sobornos a legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) para aprobar la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, sino con organizaciones criminales, como los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
La trama de corrupción de Odebrecht es uno de los casos por los que la dependencia ha recibido las críticas más recientes ya que está en búsqueda de un acuerdo reparatorio con Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, que podría dejarlo en libertad después de pagar millones de pesos. Al exfuncionario se le investiga por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa por su relación con la constructora brasileña.
En México ningún político ha sido condenado por beneficiarse de contrataciones públicas relacionadas con Odebrecht, como sí ha pasado en otros países. Actualmente sólo Emilio Lozoya Austin y el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury están detenidos por el esquema de corrupción.
Un caso llama la atención: El excandidato presidencial Ricardo Anaya, contra quien la FGR debió pedir a un Juez una orden de aprehensión por no presentarse personalmente a su última audiencia, sigue libre.
También se desconoce el avance de las investigaciones iniciadas, a petición de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), contra personajes como el exlíder sindical de Pemex, Carlos Romero Deschamps, por una serie de depósitos millonarios sin justificación.
De igual forma, bajo la gestión de Santiago Nieto, la Unidad dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) denunció a Roberto Gil Zuarth, exsecretario particular de Felipe Calderón, porque habría recibido y retirado millones de pesos de sus cuentas, así como a dos líderes de la organización priista Antorcha Campesina por operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero la FGR no ha informado de avances en ninguno de estos casos.
A esos procesos penales sin concretar se suman los de los exgobernadores de Nuevo León y Michoacán, Jaime Rodríguez Calderón y Silvano Aureoles. El primero fue detenido en marzo en la entidad que gobernaba y esta semana su caso fue devuelto al Poder Judicial estatal pese a que desde 2018 el actual Gobernador Samuel García lo denunció ante la Fiscalía de la República por supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y peculado durante su campaña por la Presidencia.
Silvano Aureoles fue denunciado por el Gobierno michoacano actual por los delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, peculado y delincuencia organizada sin que hasta el momento la Fiscalía de Gertz Manero notifique avances.
Entre los temas pendientes de la FGR también están los relacionados con organizaciones del crimen organizado, pues aunque desde 2019 la UIF informó del congelamiento de cuentas bancarias presuntamente relacionadas con estos grupos criminales y ha presentado denuncias por actos de lavado de dinero, la falta de transparencia de la dependencia ha impedido conocer con certeza cuántos de estos procesos penales concluyeron.
Para Adriana Greaves Muñoz, cofundadora de Tojil, la organización que mantiene una exigencia por ser reconocida como víctima de la corrupción en procesos penales de interés público como los del exgobernador Javier Duarte y el de Emilio Lozoya para representar a la ciudadanía, si algo caracteriza la gestión de Gertz Manero en la Fiscalía General es la falta de autonomía y la opacidad.
“En los últimos tres años vemos a la FGR paralizada, lejos de estar sancionando, investigando o utilizando nuevas técnicas. Vemos a un Fiscal empeñado en alejar la transparencia en sus investigaciones, con lo que deja de lado todo lo que se había ganado en los últimos años —con la transición de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General— sobre la apertura para poder vigilar la actuación de la institución”, expuso en entrevista.
La poca transparencia se refleja también en las estadísticas de la dependencia, pues reportes como la estadística actualizada de Narcóticos-SEIDF sobre aseguramientos; acciones Operativas contra la Piratería, actividades relevantes de la FEADLE y el de detenciones por año e incluso percepciones y remuneraciones, no se han actualizado desde 2019.
Pese a esto, el Senado aún no llama al Fiscal a comparecer, como demandan desde hace meses las organizaciones que conforman el Colectivo vs la Impunidemia, una oportunidad que, dicen, serviría para aclarar la opacidad con la que se conduce el funcionario.
Si queremos romper con la impunidad, debemos romper el #PactoDeCorrupción que persiste.
— Colectivo vs la impunidemia (@SinImpunidemia) March 19, 2022
Necesitamos mecanismos de control y contrapesos, no selfies, @senadomexicano @FGRmexico pic.twitter.com/65YnDKHjpH
PENDIENTES DEL CASO ODEBRECHT
Un ejemplo claro, mencionó, es el caso Odebrecht, pues aunque desde diciembre de 2016, cuando se reveló el pago de sobornos a funcionarios de México y otros países de América Latina para obtener beneficios en contrataciones públicas, hasta ahora el único político de alto nivel con un procedimiento penal abierto es Emilio Lozoya Austin.
Lozoya Austin, acusado por la FGR de haber recibido al menos 10.5 millones de dólares de Odebrecht durante la campaña y Presidencia de Enrique Peña Nieto, está en prisión preventiva desde noviembre de 2021 en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, pero su detención fue vista por analistas como respuesta a la indignación que causó entre la ciudadanía la publicación de una fotografía donde se le vio cenando en un restaurante de lujo de la capital.
Ahora, la libertad del político podría concretarse pues el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este mes que pidió analizar un acuerdo reparatorio que la FGR y Lozoya Austin buscan e incluye la reparación del daño. Sin embargo, Adriana Greaves recordó que en casos como este, de corrupción a gran escala y por lo tanto de interés público, el Código Nacional de Procedimientos Penales prohíbe la aplicación del criterio de oportunidad.
“La reparación del daño tiene que entenderse de manera integral y aquí claramente se está quedando corta. No solamente significa regresar lo que fue desviado, sino todos los daños que se pudieron haber producido. El mensaje que se está mandando desde la Fiscalía es que en este país se pueden desviar y robar recursos públicos y el peor escenario será regresarlos. Eso habla de crear un incentivo para futuras generaciones de personas del servicio público que cometan delitos porque sabrán que la probabilidad de ser sancionados es muy baja”, mencionó.
Como parte de las negociaciones, este martes el exfuncionario libró una acusación por el delito de defraudación fiscal luego de ofrecer un pago de 2.6 millones de pesos. La FGR lo acusaba de no pagar esa cantidad correspondientes al ejercicio fiscal de 2016. En una audiencia en la que no se opuso ni la FGR ni la Secretaría de Hacienda, un Juez aceptó la reparación del daño y puso como plazo 30 días para que cumpla con el pago.
Además de Lozoya sólo Jorge Luis Lavalle Maury está detenido por este caso. En la investigación de esta trama de sobornos destaca el de Ricardo Anaya, pues aunque un Juez abrió desde febrero la posibilidad de pedir una orden de aprehensión en su contra, la FGR no ha anunciado si ya la solicitó y el proceso penal sigue en pausa.
El 14 de febrero el Juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia consideró improcedente otorgar al excandidato un plazo para justificar su ausencia. Emilio Lozoya señaló en su denuncia de hechos presentada en la FGR desde 2020 a Anaya Cortés por la supuesta recepción de un soborno de seis millones 800 mil pesos para aprobar la Reforma Energética en 2014, hecho que el excandidato presidencial niega.
En su denuncia, el exdirector de Pemex también acusó de corrupción a los exsecretarios de Hacienda de Felipe Calderón, Ernesto Cordero, y de Peña Nieto, Luis Videgaray. De igual forma dijo que entregó 80 millones de pesos a senadores del PAN como Lavalle, Salvador Vega Casillas, el exgobernador de Querétaro Francisco Domínguez y el actual mandatario de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
LOS CASOS CONTRA GOBERNADORES
Desde noviembre el Gobernador obtuvo de un Juez federal un amparo para que la FGR no ejecute la orden de aprehensión en su contra por la operación de recursos de procedencia ilícita hasta que la SCJN resuelva si las autoridades deben respetar o no su fuero. Este caso no sólo abarca al mandatario, también relaciona a su familia en una red para triangular más de 100 millones de pesos a través de empresas como inmobiliarias, constructoras y despachos legales. Se trata de al menos cinco de sus familiares: Su esposa (Mariana Gómez Leal), su madre (María de Lourdes Cabeza de Vaca), sus hermano (José Manuel), su cuñada (Evelyn Aimee Rodríguez Garza) y su suegro (José Ramón Gómez Reséndez).
En mayo de 2021, el diario Milenio reveló que el Departamento de Justicia de Estados Unidos detectó la compra de siete propiedades en Texas por parte del Gobernador y su familia utilizando una empresa para triangular recursos, algunos de ellos supuestamente provenientes de contratos con el Gobierno estatal.
La actuación de la Fiscalía General de la República ha dado de qué hablar, de igual forma, en el caso por el que en marzo de este año fue detenido el exgobernador de Nuevo León conocido como “El Bronco”. En 2018 el ahora mandatario de esa entidad lo denunció ante la FGR por lavado de dinero y peculado. Esta semana, el caso fue devuelto al Poder Judicial Estatal.
Este no es el único exgobernador investigado, de igual forma la FGR tiene pendiente concretar los procesos penales iniciados contra Silvano Aureoles Conejo por corrupción, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, peculado y delincuencia organizada. El actual Secretario de Finanzas y Administración de Michoacán, Luis Navarro García, denunció recientemente que el perredista Silvano Aureoles habría dejado vacías las arcas del Gobierno estatal, pues según dijo sólo dejó 85 pesos en una de las cuentas bancarias y 600 pesos en otra.
El Gobierno de Michoacán también presentó denuncias penales en contra de cuatro exfuncionarios públicos de la administración de Aureoles Conejo. La Contralora del estado, Azucena Marín Correa, indicó en una entrevista que dio a SinEmbargo en marzo que el presunto desfalco del que es acusado el exgobernador ascendería a un monto entre los 50 mil y 60 mil millones de pesos en diversos rubros que van desde la seguridad pública hasta el sector salud y económico, según estimaciones preliminares de la administración estatal.
DENUNCIAS DE LA UIF ESTANCADAS
Aunque en los últimos años el trabajo de la UIF destacó por el bloqueo de cuentas bancarias de personalidades presuntamente relacionadas con delitos, hasta ahora se desconoce cómo van en la FGR varios de estos casos.
En marzo de 2021 el Presidente López Obrador confirmó que la Fiscalía de Gertz Manero investigaba dos denuncias contra Carlos Romero Deschamps interpuestas por la UIF contra el exlíder sindical de Petróleos Mexicanos (Pemex), y otras contra los gerentes de las seis refinerías por depósitos de 309 millones de pesos, pero no se sabe cuál es el estatus de estos casos.
La Fiscalía de Gertz Manero tampoco ha sido transparente sobre el estado en el que se encuentra la denuncia interpuesta por la UIF contra Roberto Gil Zuarth por haber recibido y retirado casi 63 millones de pesos en 2012 de sus cuentas. El diario Reforma reveló en agosto de 2021 que los movimientos por los que se investiga al panista habrían sido realizados en 2012, cuando fue coordinador de la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota, desde un despacho vinculado al político.
Otro caso en el que la FGR no ha informado de avances es el de las denuncias interpuestas por la UIF en 2020 contra dos líderes de la organización Antorcha Campesina por operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues detectó depósitos en efectivo por más de 700 millones a uno de sus dirigentes.
Desde ese año, la UIF informó del bloqueo de las cuentas bancarias de Antorcha Campesina en el Estado de México y las de su líder Juan Manuel Celis Aguirre, en Puebla. Según la información que se difundió entonces, la unidad también bloqueó las cuentas bancarias de la esposa de Celis Aguirre y tres empresas que habría utilizado para desviar recursos de procedencia ilícita.
Entre los temas congelados por la FGR también están los relacionados con organizaciones criminales. Pues aunque desde 2019 la UIF informó del bloqueo de cuentas bancarias presuntamente relacionadas con grupos criminales como los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación y ha presentado denuncias por actos de lavado de dinero, la falta de transparencia de la Fiscalía ha impedido conocer con certeza cuántas de estos procesos penales ya concluyeron.
Aunque la UIF suele informar de las acciones en este tema, como cuando anunció que puso en marcha el “Operativo Agave Azul” en 2020 para bloquear la cuentas de mil 939 personas supuestamente vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación, la FGR no ha difundido públicamente cómo actuó para continuar las investigaciones.
En el caso del cártel de Sinaloa, la UIF respondió a una solicitud presentada por un ciudadano vía transparencia que desde 2018 bloqueó al menos 330 cuentas de personas relacionadas a esta organización donde se habrían detectado 95.5 millones de pesos. Pese a estos datos, se desconoce cuántos de los casos la FGR buscó sentencias.
Nada se ha movido en la FGR en todos estos casos.
La Fiscalía no sólo es opaca con la publicación de informes sobre avances de la dependencia, también es cuestionada por la ausencia mediática de Gertz Manero y su poca participación pública para rendir cuentas. La última conferencia de prensa que dio a medios ocurrió fue en junio de 2020, cuando informó de la solicitud de nuevas órdenes de aprehensión en el caso Ayotzinapa. A ello se suma que en tres años, el Fiscal no ha logrado ni una sentencia en casos de corrupción de gran impacto.
AUTOR: MONTSERRAT ANTÚNEZ ESTRADA.
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