También reclamaron la revictimización de Celeste y la propia familia, en su calidad de víctimas indirectas, por parte de varias instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, debido a los complejos trámites burocráticos para recibir insumos y terapia que la profesora necesita y otros apoyos como la terapia psicológica para sus hijas.
En ese camino, se han encontrado con diversas instituciones y funcionarios, muchos de los cuales han prolongado la espera de apoyo y han respondido con indolencia, ineficiencia, maltrato, burocracia e insensibilidad, con unas pocas excepciones, señalaron, y pusieron como ejemplo un mensaje de un funcionario del DIF municipal de Guanajuato que decía “el caso de Celeste es un número más”.
“¿Hasta qué punto también las instituciones son factores que perpetúan la violencia? las instituciones con sus trámites, con sus tratos o maltratos hacia las víctimas hacen que una se canse. Eso también incide en la violencia, ¿no? Si no lo resuelves, eso se va a acumular. La víctima también se cansa de las instituciones porque no hacen, abandonan”, dijo Fabiola, hermana de Celeste.
El 28 de octubre de 2020, unos cuantos días después de cumplir 39 años y de culminar un divorcio que buscó por la violencia ejercida por su pareja, Celeste fue atacada en su domicilio en la ciudad de Guanajuato cuando se encontraba sola, frente a su computadora, impartiendo un taller en línea en un evento académico.
La profesora sobrevivió, pero quedó en condición de discapacidad, sin la posibilidad de valerse por sí misma, después de haber sido una investigadora adscrita al sistema de CONACyT y académica en la Universidad de Guanajuato y la ENES de la UNAM en León.
Pasaron más de dos meses sin que se vieran avances en la investigación de la Fiscalía general del estado sobre el o los responsables de esta muy grave agresión, lo que fue reclamado por su familia, así como por colegas del Colegio Nacional de Turismólogos, Gastronomía y Hotelería, A.C. en el estado -del cual Celeste era vicepresidenta- en un par de cartas públicas dirigidas al gobernador Diego Sinhue Rodríguez, al fiscal Carlos Zamarripa; la directora del IMUG Anabel Pulido y el Secretario de Turismo, Juan José Álvarez Brunel, entre otras autoridades a las que se les señalaba una negligencia e indolencia.
Fue entonces que la familia solicitó la intervención de Las Libres, quienes asumieron la representación legal como asesoras jurídicas en este proceso.
Por fin, el 25 de agosto de 2021, la Fiscalía estatal anunció la detención de dos presuntos responsables de la tentativa de feminicidio contra Celeste. “La información arrojó que el exesposo de la víctima, DAVID “N”, fue el que perpetró efectivamente el delito, con la ejecución de los actos externos que concretaron el ataque a la profesora, siendo señalado como instigador. MARIO “N” fungió como autor material, al ser quien ingresó en el domicilio y consumó la brutal agresión que puso en riesgo la vida de la catedrática”.
También fueron detenidos otros dos hombres señalados como cómplices en la autoría material del intento de feminicidio. Ambos fueron liberados, pero luego de que la Fiscalía interpuso un recurso, se logró que uno de ellos volviera a ser aprehendido y vinculado a proceso.
Al continuar el proceso judicial, éste ha llegado a la audiencia intermedia, que se realizará de manera virtual el miércoles 27, a cargo de un juez penal del estado.
Mientras tanto, en su calidad de representante de Celeste, su hermana Fabiola debe seguir un tortuoso camino paralelo para conseguir la atención que la víctima de la agresión y sus hijas requieren.
“Es bien arduo, enfadoso, tortuoso, es un trámite traumatizante que cada institución te pide exactamente los mismos papeles. Lo más fácil es mandarles el drive porque son documentos que ya tengo, pero lo doloroso es cuando te piden una fotografía de Celeste actualizada. ¿No es suficiente cuando la trabajadora social viene y constata el estado de Celeste? Se me rompe el corazón cada vez que he tenido que hacerlo, y me lo han pedido varias veces”.
Ha sido necesario recurrir al DIF estatal, a la CEAIV, al Instituto Guanajuatense de Personas con Discapacidad (INGUDIS), al Instituto de las Mujeres Guanajuatenses (IMUG), al Sistema de Urgencias, al DIF municipal de Guanajuato y a la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, además de la Fiscalía estatal, para gestionar diversos apoyos.
“Es un sentimiento de: si no me levanto diario no pasa nada. Tengo que estar insistiendo e insistiendo, porque si no nada se mueve; si no, entonces se vuelve cierto lo que me dijo un funcionario del DIF: el caso es un número más. Hay un maltrato institucional, maltrato y oportunismo de quien se dice que va a hablar por Celeste”, expresó Fabiola.
Ahora, mediante la carta en la que exhortan a las autoridades a una impartición de justicia con perspectiva de género, la familia dice que, aunque para instituciones el caso de Celeste sea uno más o un número, hay un nombre y apellidos y su historia tiene mucho qué enseñar.
“Si Celeste estuviera en forma de poder opinar diría: sí, que se sepa para que no te pase lo mismo, para que pongas atención, para que cualquier mínimo gesto de violencia no lo dejes pasar, lo llames como tal, que no tengas miedo de hablar con tus amigas”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
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