Los elementos de prueba que presentaron los imputados no fueron suficientes para contrarrestar las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR). El juez de control del Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga, encontró indicios razonables en la comisión de delitos de uso ilícito de atribuciones, ejercicio ilícito del servicio público y abandono de la defensa. En algunos casos, advirtió que pudo existir dolo por las presuntas omisiones de los exfuncionarios del ISSSTE.
El juez dio un plazo de tres meses para la investigación complementaria y aceptó la solicitud de los fiscales de poner medidas cautelares a los imputados, que consisten en tener prohibido salir del país sin permiso del juzgado y la presentación periódica.
De acuerdo con la acusación asentada ahora en la causa penal 380/2021, los implicados presuntamente fueron omisos, no tuvieron comunicación con sus superiores, no verificaron y no atendieron normas y protocolos, lo que provocó que el ISSSTE, durante la gestión de Luis Antonio Ramírez Pineda, perdiera un juicio mercantil que inició en 2018 y pagara en dos ocasiones a la empresa Selecciones Médicas del Centro, SA de CV, ligada al Grupo Fármacos Especializados.
La fiscalía aseguró que los señalados actuaron presuntamente con dolo, pues a pesar de su experiencia en el servicio público, y de que existía una coordinación entre las áreas administrativas y jurídicas, no se dieron cuenta o no informaron a sus superiores del pago doble por más de 831 millones de pesos. Por eso, consideró el acto como un “pago ilegal”.
De acuerdo con la fiscalía, Juan “L”, quien ocupó el puesto de subdirector de Infraestructura de la Dirección de Administración del ISSSTE, dejó su puesto en diciembre de 2018 pero no avisó que había cuentas por pagar con la empresa Selecciones Médicas del Centro, lo que generó un juicio mercantil que finalmente la institución perdió.
A Sebastián “L”, quien se desempeñaba como jefe de Servicios de la Coordinación Administrativa de la Dirección de Administración, se le vinculó a proceso por su presunta participación en dos delitos, uno de ellos relacionado al uso ilícito de atribuciones, pues firmó documentos con un cargo que supuestamente no tuvo un nombramiento formal.
Daniel “A” y Juan “M”, quienes laboraban en el área jurídica del ISSSTE, fueron vinculados a proceso por abandono de defensa, pues presuntamente no agotaron todos los recursos legales en el juicio mercantil del instituto contra la empresa Selecciones Médicas del Centro.
Otros cuatro imputados más, entre ellos el exabogado del ISSSTE, José Febo Trujeque Ramírez, seguirán el proceso pues el juez encontró que hay elementos de prueba que indican que pudieron haber cometido omisiones que finalmente generaron el doble pago de más de 831 millones de pesos.
El debate
Trujeque Ramírez y otros exfuncionarios acusados argumentaron que ellos no tenían facultades para emitir el pago de la sentencia ni tenían acceso al sistema donde se verifican las facturas, sino que todo eso se realizó en el área administrativa. Sin embargo, el juez explicó que, si bien no estaba en sus facultades generar facturas, ellos sí se coordinaron con empleados del área administrativa para dar el cheque a la empresa farmacéutica, aunque esa misma coordinación no se realizó para la verificación de pagos previos.
Algunos de los imputados se quejaron y preguntaron a la fiscalía por qué no fue citado Pedro Zenteno Santaella, actual director del ISSSTE, quien en el periodo en el que ocurrieron los hechos se desempeñaba como director del área administrativa. En respuesta, los fiscales aseguraron que la investigación apenas comienza y serán citadas todas las personas que hayan participado en estos actos.
En el caso de Sebastián “L”, a quien se acusa de presuntamente hacer uso ilícito de atribuciones, su defensa mostró documentos que refieren que el superior de su defendido lo nombró como coordinador administrativo. No obstante, esos elementos de prueba no fueron integrados en la carpeta de investigación en su momento.
Otro de los temas de debate fue que los fiscales refirieron que algunos de los imputados podían haber corroborado los pagos que se hicieron a la empresa farmacéutica y evitar el pago doble, pero la defensa aseguró que la fiscalía solo estaba infiriendo eso a partir de la lectura del manual de ese software. Además, aseguró que algunos de sus defendidos no tenían usuario ni contraseña necesarios para entrar a ese sistema donde se consultan las facturas que el ISSSTE emite.
Lo que sigue
Será hasta el próximo 25 de julio cuando los fiscales y la defensa definan si están listos para iniciar el juicio o requieren más tiempo para la investigación.
Para entonces, la FGR deberá poner sobre la mesa todas las pruebas de sus acusaciones.
En tanto, una fuente cercana al caso aseguró a Animal Político que los 831 millones de pesos siguen en manos de la empresa farmacéutica. El pasado 5 de abril, este medio preguntó al ISSSTE sobre el paradero de ese dinero o si se han emprendido acciones legales para recuperarlo, pero no hubo respuesta por parte del instituto.
De acuerdo con las investigaciones de la FGR, la empresa Selecciones Médicas del Centro pertenece al empresario José Antonio Pérez Fayad, a cuyo conglomerado de compañías farmacéuticas, Grupo Fármacos Especializados, se atribuye el principal acaparamiento de contratos de medicamentos e insumos médicos en los últimos años.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: SERGIO RINCÓN.
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