El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, detalló que durante la audiencia no se abordó el fondo del litigio, sino a las mociones de desestimación de las empresas demandadas.
El gobierno de México está demandando a 8 empresas que manufacturan y distribuyen armas por negligencia, ya que las acusan de facilitar el tráfico ilícito al país y generar violencia armada.
La demanda argumenta que cada año se trafican a territorio mexicano más de 500,000 armas desde Estados Unidos, de las cuales más del 68% son producidas por las firmas demandadas, entre las que también se encuentran Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt’s Manufacturing Co y Glock Inc.
Estamos muy optimistas de que nuestros argumentos legales son lo suficientemente válidos y robustos para que el juez los tome en consideración.
Frente a ello, las compañías presentaron sus defensas de manera escrita y solicitaron al juez que se detenga el litigio y se deseche. Por lo tanto, en la audiencia se discutieron 8 mociones de desestimación, una por cada empresa, y una en conjunto.
Alejandro Celorio informó en conferencia de prensa que las compañías debaten si México tiene la legitimidad legal para demandar en Estados Unidos. Asimismo, cuestionan por qué es el gobierno quién presenta la queja y no las víctimas directas, a lo que México argumentó que existen precedentes jurídicos sobre reclamaciones de gobiernos extranjeros.
Igualmente, las productoras aseguran que no existen nexos de causalidad, ya que ellas fabrican y venden el armamento, pero son criminales quienes las compran y trafican.
El equipo jurídico mexicano afirma que no hay una ley que establezca como atenuante la existencia de varios actores ante un daño, detalló Celorio. Además, afirma que las empresas deben prever el daño que pueden ocasionar sus acciones u omisiones.
Así, México las acusa por negligencia al no monitorear y no sancionar a los distribuidores y a los vendedores “cuando saben que sus armas están en México y son utilizadas para lastimarnos”, declaró el consultor Jurídico.
No es que les venden directamente a los criminales, sino que no prevén el uso de las armas por criminales.
El consejero recalcó que medio millón de armas son traficadas al año, lo cual ocasiona violencia en el país. Afirmó que el 70% al 90% provienen de Estados Unidos y son facilitadas “activamente por la negligencia”.
“Las empresas saben que sus armas son utilizadas por criminales en México para cometer delitos y no hacen nada para remediarlo”, declaró.
El consejero recalcó que este litigio permite responsabilizar a quienes deben de rendir cuentas por la violencia ocasionada por las armas que son traficadas desde Estados Unidos.
Este litigio demuestra que el gobierno de México tiene la sofisticación necesaria para encontrar otras formulas para atender un tema en el que nunca se había cuestionado la responsabilidad de las empresas.
El consejero jurídico calificó la audiencia como respetuosa y explicó que los argumentos, que fueron únicamente “técnicos y legales”, fueron presentados por los abogados contratados por el gobierno mexicano.
Celorio espera que el juez dictamine a su favor, aunque estimó que serán varias semanas antes de que se emita la resolución. Aclaró que ambas partes tienen un recurso para recurrir a la instancia de apelaciones en caso de estar insatisfechas con la resolución. En caso de ser desfavorable para México, los consejeros revisarán el razonamiento del juez y recurrirían a una apelación para revertir la decisión.
Asimismo, aseguró que se llevará el asunto a sus últimas consecuencias hasta las instancias judiciales correspondientes. No obstante, consideró que “no vale la pena examinar otra acción que no sea una resolución del juez”, ya que se sienten confiados con sus argumentos.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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