Después de una charla en privado con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, Salazar dio unas breves palabras genéricas a la prensa, como: “están pasando cosas muy muy buenas”, o “vamos en muy buen camino”.
Sin embargo, en los hechos las cosas parecen más tensas: apenas ayer, tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) de no declarar la inconstitucionalidad de la ley, Salazar dejó de lado su tono extremadamente cauteloso y advirtió que la legislación “probablemente abrirá la puerta a litigios”.
En una declaración oficial, divulgada por la embajada estadunidense, Salazar exigió que la ley “proteja las inversiones actuales y futuras de empresas estadunidenses en México conforme a las obligaciones de México bajo el Tratado de Libre Comercio México – Estados Unidos – Canadá”.
Con ello, el diplomático hizo eco a la hostilidad de Washington hacia la nueva ley, que devuelve la prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre los privados.
En varias ocasiones, el gobierno de Estados Unidos expresó al de México su “preocupación” por la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta que Katherine Tai, la secretaria de Economía de la administración de Joe Biden, reclamó formalmente a Tatiana Clouthier, su homóloga mexicana, que la ley implicaría una violación al T-MEC y pérdidas de 10 mil millones de dólares para empresas de Estados Unidos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
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