La presidenta del Comité contra Desaparición Forzada (CED) de la ONU Carmen Villa Quintana reiteró su recomendación “de fortalecer a las fuerzas civiles del orden y pidió al Estado mexicano establecer un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública”.
En rueda de prensa en Ginebra, a pregunta expresa de Proceso sobre la creciente militarización del país y el temor por un escenario peor a lo visto en el sexenio de Felipe Calderón en el marco de la guerra contra el narco, la presidenta del CED exhortó al Estado mexicano a que abandone el enfoque militarizado de seguridad pública y que la Guardia Nacional se convierta en un cuerpo de carácter civil “que realmente pueda brindar seguridad a los ciudadanos”.
Recordó que el informe del CED observa que la política pública de seguridad debe construirse en plena concordancia con los principios internacionales de derechos humanos y garantizar el carácter civil de las instituciones de seguridad, conforme al artículo 21 de la Constitución.
La presidenta del CED citó información oficial, que señala que entre 2007 y 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un total de 162 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina por violaciones graves a los derechos humanos, 15 de ellas relacionadas con casos de desaparición forzada.
De igual forma, en 2021, Sedena y la Guardia Nacional se encontraban entre las diez autoridades señaladas con mayor frecuencia en los expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos registrados por la CNDH, y SEDENA y la Secretaría de Marina se encontraban entre las cinco autoridades federales con mayor número de recomendaciones en trámite, detalló Villa Quintana en rueda de prensa en Ginebra.
Mecanismo internacional de justicia
Con respecto a lo expresado en el informe sobre la impunidad generalizada (99 %) que existe en el país para investigar y llevar a la justicia a los responsables de desapariciones forzadas y de otras graves violaciones de derechos humanos, al ser cuestionada por este semanario sobre la pertinencia de establecer un órgano internacional contra la impunidad, independiente, similar al modelo de la CICIG en Guatemala, la experta dijo que corresponde al Estado discutirlo.
“Esta es una cuestión que le corresponde al propio estado mexicano analizar y discutir, sobre todo, frente a la situación que presentamos y por la impunidad que se ha señalado”, dijo la experta del CED.
La impunidad requiere un auténtico compromiso de la Fiscalía General de la República, de un trabajo serio y coordinado e integrado por una búsqueda de personas desaparecidas. “El hecho de tener solamente 36 sentencias por desaparición forzada muestra que hay que hacer un trabajo muy de fondo”.
La presidenta del CED invitó a la audiencia a leer con detenimiento el informe sobre su visita al país entre 15 y 26 de noviembre, así como la lista de las recomendaciones del Comité al gobierno mexicano, el cual deberá contestar al Comité en un lapso no mayor de 4 meses con sus comentarios o compromisos iniciales con respecto a las preocupaciones de la ONU en materia de desaparición forzada en el país y sobre cómo erradicar este flagelo.
En los últimos cinco años se han registrado un promedio de 8 mil desapariciones cada año, lamentó Villa Quintana.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA SOTOMAYOR.
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