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A través del informe “De los discursos a los hechos II”, la RNR que aglutina a 75 espacios de protección puntualizó que mientras “los refugios salvan vidas, y son hasta ahora el mecanismo más articulado para prevenir feminicidios” el gobierno federal no ha liberado los recursos que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 destinó para la operatividad de refugios y sus centros de atención externa, ni siquiera se han firmado los convenios ni lineamientos para acceder a los fondos que tendrá que entregar la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Al señalar que los retrasos en la entrega de fondos iguala a esta administración con las anteriores, el informe resaltó que “cada año este presupuesto está en riesgo”, al que se accede a través de convocatorias, con recortes importantes y destinado sólo para algunos meses de operación de los espacios de protección, “quedando en muchos de los ejercicios fiscales hasta cuatro meses sin recursos para operar”, aunado a que “dicho financiamiento se ha entregado duranta la historia de los refugios después del primer semestre del año en curso”.
La RNR alertó que, mientras los recortes presupuestales persisten, la violencia contra las mujeres y las infancias van en incremento, prueba de ello es que en 2021 atendió a 45 mil 490 mujeres, niñas y niños sobrevivientes de violencias machistas, lo que representa un incremento de 8% con respecto al año anterior.
En los primeros tres meses de este año la RNR ha atendido 10 mil 031 personas, 6 mil 948 en los 75 refugios, y el resto a través de redes y vía telefónica.
“Diariamente seis mujeres reportaron a la RNR haber sido víctimas de algún tipo de violencia sexual”, mientras que “tres de cada diez niñas y niños fueron violentados físicamente, tres de cada diez psicológicamente, dos de cada diez vivieron violencia económica y dos de cada diez violencia patrimonial”.
El documento hace una revisión pormenorizada del comportamiento de esta administración con respecto a los refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia extrema, empezando con la intentona del gobierno federal de suspender el programa de apoyo a refugios para otorgar los fondos directamente a las víctimas, en 2019, al paso de la administración de los fondos por el Instituto de Desarrollo Social (Indesol) durante 2020 y 2021, a la desaparición de esta institución, para iniciar un proceso de traslado de fondos a la Conavim, lo que ha estancado la distribución.
Esos cambios, lo que demuestran es que “los planes del gobierno en turno no priorizan los derechos humanos de las mujeres y sus hijas e hijos, no analizaron junto con las organizaciones no gubernamentales e instancias expertas la viabilidad de las acciones que, buscando centralizar los servicios, ponen en riesgo la operación de los mecanismos que previenen feminicidios”.
Al señalar que a finales de marzo se realizó la transferencia formal del programa de la Secretaría de Bienestar a la de Gobernación, la RNR explicó que al 24 de abril, “los únicos lineamientos de operación del Programa de Apoyo para Refugios 2022 publicados y vigentes son los del Indesol, los cuales requieren ser publicados con las especificaciones correspondientes de la nueva instancia ejecutora del Programa, es decir la Conavim, sin embargo, esto no está, lo que sigue significando retroceso”, lo que pone en riesgo “vidas y derechos humanos vulnerados”.
El informe retomó el análisis que hizo Fundar, Centro de Información y Análisis sobre el PEF2022 para el Anexo 13, destinado para las mujeres, y que este año fue de 232 mil 384 millones, de los cuales el 89.4% se canalizaron a “doce programas prioritarios de la actual administración, cuya contribución para promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y la discriminación no queda clara”, ni mucho menos son públicos los padrones “en donde se desglose el sexo de las y los beneficiarios, ni evaluaciones que permitan asegurar que los recursos realmente están llegando a las mujeres, o si éstos están contribuyendo a eliminar los estereotipos y roles de género y contribuyendo a reducir las brechas de desigualdad y de violencias por razones de género”.
Del análisis de la distribución presupuestal resulta evidente que “los recursos dirigidos a implementar la política pública de prevención, atención y erradicacio´n de violencia y de la discriminación por razones de género son muy limitados, pues sólo representan el 2.8% y 0.1% de los recursos totales, respectivamente”.
En el informe, la RNR refirió que si bien nominalmente se advierte un incremento paulatino de los recursos destinados para refugios de 2019 a 2022, al pasar de 346 millones 482 mil 708 pesos a 420 millones 203 mil 440 pesos, al aplicar el efecto inflacionario, no se advierte un aumento en los fondos públicos desde 2020.
“En conclusión, lo que hoy se tiene en el PEF 2022 les alcanza a los Refugios como si estuvieran en 2021. El presupuesto asignado no es suficiente ya que no toma en cuenta la inflación del 7% en general y no refleja el incremento en alimentos que llega hasta el12% más cubrir necesidades básicas y servicios claves que se brindan gratuitamente a las mujeres y sus hijas e hijos dentro de los Refugios”, agregó la organización.
A esa falta de recursos para erradicar la violencia contra las mujeres, se suma la disminución a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), “castigada con una reducción de 52% de recursos al pasar de 19.2 millones en 2021 a 66 millones en 2022”.
La RNR exigió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a transferencia inmediata de recursos destinados al Programa de Apoyo para Refugios Especializados a la Conavim, y esta a su vez a los refugios, en tanto que a los legisladores se les pidió “garantizar el ejercicio y entrega urgente del PEF2022 del Programa de Refugios y, por tanto, el derecho a una vida libre de violencias”.
Para 2023, la RNR recomendó que se cuente con “fondos multianuales que aseguren su operatividad convirtiéndose en una política de Estado y no de gobierno”, así como considerar en el presupuesto el impacto inflacionario.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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