El descenso fue de 0.52 a 0.48, en una escala en la que 0 representa a un gobierno sin apertura y 1 a uno totalmente transparente y abierto. El documento advierte que esta regresión rompe con una tendencia positiva, pues de 2017 a 2019 México había subido de 0.38 a 0.52.
Dentro de otros factores, el retroceso se debe a que, si bien algunos sujetos obligados a la normatividad en transparencia tuvieron mejoras, esto no fue uniforme. Por ejemplo, hay instancias que no responden sus medios de contacto y, en promedio, cuando alguna responde a solicitudes de información fuera del plazo legal, puede hacer que las y los solicitantes esperen hasta 63 días por la información requerida.
Datos de la Tercera Edición de la Métrica de Gobierno Abierto, realizada por el CIDE a iniciativa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), revelan además que la calidad de la información brindada no siempre es útil para el ciudadano.
Tiempo y calidad
Según el informe, el tiempo de respuesta depende de cada ente consultado y, aunque la mayoría responde en tiempo, otros tardan de dos meses hasta un año entero.
“Las personas tienen experiencias muy distintas, y a veces, opuestas, en el ejercicio de su derecho de acceso a la información, según el sujeto obligado al que solicitan esta información: unas pueden nunca obtener respuesta u obtenerla tanto tiempo después que ya se olvidaron de haber realizado su solicitud, mientras que otras reciben respuestas de alta calidad en un tiempo corto”, se lee en el informe publicado este 18 de abril.
Este no es el único problema, pues la ciudadanía también debe enfrentarse al tipo de respuesta que recibe. Por ejemplo, al hacer una revisión de 97 respuestas a solicitudes, se detectó que están repletas de lenguaje legal y técnico que no siempre es claro para el ciudadano.
Otra práctica común de los entes obligados es llenar de oficios que contienen todas las comunicaciones internas por las que pasó la solicitud, sin explicar el contenido de las mismas ni su relación con las preguntas realizadas.
“Uno de los grandes retos del sistema de transparencia es poner al centro a las y los ciudadanos. De igual forma, en la dimensión de participación, se encontraron procesos poco claros y que usualmente no llevaron a ninguna incidencia ciudadana significativa en el actuar gubernamental. Esto se debe a que muchos sujetos obligados aún no están acostumbrados a considerar a la ciudadanía como un actor que puede y debe participar en sus procedimientos”, dice el documento.
Aunque los sujetos obligados publican información que la ley les obliga a difundir, obtener información adicional como información estadística en formato de datos abiertos aún no es una realidad y es el gran pendiente en las entidades y el gobierno federal.
De la transparencia a la incidencia ciudadana
Aunque hay avances en el acceso a la información, el paso para incidir en las decisiones públicas aún está lleno de obstáculos y trabas que no permiten que las opiniones, ideas o propuestas de la ciudadanía sean incorporadas a las gestiones de los sujetos obligados.
Guillermo Cejudo Ramírez, académico del CIDE encargado del estudio, afirmó que para el ciudadano aún es difícil hacer efectivo su derecho de acceso a la información pública.
“Claramente, una persona que busca participar en sus gobiernos enfrenta una carrera de obstáculos, si bien es probable, pues 95% de los sujetos obligados tienen algún método de contacto que encuentre una forma de poder participar, un teléfono, un correo, un buzón, solo 58% de los obligados responderá a esos estímulos. Sin embargo, cuando alguien toca la puerta, llama al teléfono, manda un correo, 40% de las veces no recibirá una respuesta, esto es un enorme desestímulo y desincentivo a la participación”, dijo en la presentación.
Transparencia en retroceso
Cejudo advirtió también: “Lo primero, y me parece que ese es uno de los mensajes más importantes de la métrica, es que se rompió la tendencia positiva en la apertura gubernamental, no solo en las dos métricas de gobierno abierto previas, sino también si fuéramos a las métricas de transparencia de 2007, 2010, 2014, había habido incrementos; cada vez veíamos que, si bien siempre había desafíos, siempre había heterogeneidades, se avanzaba, había un progreso para el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información o al ejercicio de la participación ciudadana; esta vez vemos un retroceso frente a la edición 2019”.
De acuerdo con el informe, las administraciones mejor calificadas son la de Guanajuato, con 0.65 puntos, seguida del gobierno federal, con 0.57, y en tercer sitio, la de Aguascalientes, con 0.56.
Por el contrario, quien tuvo la peor calificación fue Guerrero, con 0.35, seguido de Oaxaca, con 0.37, y de Chiapas, con 0.38.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ELIDET SOTO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario