El Comité de Expertos Independientes de Naciones Unidas que visitó el país en noviembre de 2021 para investigar y documentar las desapariciones forzadas concluye, en un amplio y detallado informe, que la utilización de las Fuerzas Armadas en el combate criminal ha sido “insuficiente e inadecuada”.
Y sostiene, además, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitido 162 recomendaciones a las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional por violaciones graves a los derechos humanos, de las cuales unas quince tienen que ver con el delito de desaparición forzada.
La Sedena y Marina, dice el informe, se ubican entre las cinco autoridades federales con mayor número de recomendaciones; además, la Sedena y la Guardia Nacional –el proyecto policiaco del gobierno de la Cuarta Transformación –figuran entre las diez autoridades que, con mayor frecuencia, aparecen denunciadas en diversos expedientes por violar las garantías individuales.
Además de lo anterior, la militarización de la seguridad pública ha resultado un fracaso no sólo por las reiteradas violaciones a los derechos humanos –muertes, desapariciones, torturas y hasta fusilamientos y ejecuciones extrajudiciales –sino por la falta de resultados frente al crimen organizado.
La militarización del país no comenzó en el gobierno de Felipe Calderón, si bien en ese sexenio –2006-2012 –se declaró una guerra contra el crimen, un error garrafal que derivó en caos, muerte, dolor y tragedia. En el gobierno de Salinas el Ejército Mexicano comenzó a ser utilizado como un coadyuvante en las tareas de seguridad.
Con Ernesto Zedillo el apoyo esporádico del Ejército en situaciones de emergencia sufrió un giro: La Sedena le prestó a la extinta Procuraduría General de la República un equipo de militares que formaban parte de los GAFES. El objetivo de entonces era reforzar las tareas de investigación y apoyar diversos operativos principalmente en las zonas fronterizas, donde se centraba la violencia del crimen organizado.
En ese sexenio se dispuso un programa llamado “Sellamiento de la frontera”, con el apoyo de militares, para contener los enfrentamientos, muertes y ejecuciones criminales perpetradas por los cárteles de la droga. En ese tiempo –finales de los años noventa del siglo pasado –había tres cárteles poderosos: Golfo, Juárez y Tijuana, quienes se disputaban el control territorial
Fue en esa etapa cuando la Policía Judicial Federal y el Ejército detuvieron al capo Juan García Ábrego, “La Muñeca”, sobrino de Juan Nepomuceno Guerra, fundador, según su historial, del cártel del Golfo. Este personaje controlaba todo en Tamaulipas: la prostitución, el tráfico de drogas, el contrabando y los asesinatos. Era amigo de Carlos Salinas de Gortari. Murió impune.
Tras la caída de García Ábrego –deportado enseguida a Estados Unidos para ser juzgado y sentenciado a tres cadenas perpetuas – el poder del cártel del Golfo pasó a manos de Osiel Cárdenas Guillén –por cierto, se afirma que está por salir de una prisión de Estados Unidos, donde se encuentra recluido –, quien arribó a la jefatura de ese grupo criminal luego de asesinar a Salvador Gómez Herrera, “El Chava Gómez”, su amigo.
Así, Osiel Cárdenas se entronizó en el cártel del Golfo después de cometer varios crímenes. Lo acompañaban dos militares: Arturo Guzmán Decenas y Heriberto Lazcano Lazcano, “Lazca”, cuya muerte sigue envuelta en el misterio. Guzmán Decenas y Lazcano fueron los fundadores del grupo armado Los Zetas, el brazo protector del cártel del Golfo y de Osiel Cárdenas.
Este episodio de Los Zetas está plagado de misterio y dudas. La versión oficial establece que el cártel del Golfo corrompió a una treintena de militares del grupo GAFE –los que habían llegado a la PGR a reforzar las investigaciones contra el narco –y de esa forma se pasaron del lado del crimen. Otras versiones, sin embargo, apuntan a que Los Zetas en realidad fue un instrumento militar para controlar el narcotráfico, un negocio boyante y no menos codiciado desde el poder político. Como haya sido, la Sedena le debe a la sociedad una amplia explicación sobre este pasaje lamentable.
Decía que con Ernesto Zedillo comenzó la militarización de las tareas de seguridad pública. Vicente Fox, el primer presidente de oposición, no pudo con la violencia criminal. Siempre utilizó a la Marina y al Ejército para realizar operativos en los estados más violentos, como Sinaloa y Tamaulipas. Pero algunos miembros del cártel del Golfo dijeron en sus respectivas declaraciones ministeriales que solían burlarse de esas acciones porque desde las altas esferas del poder les avisaban del arribo de las fuerzas especiales. De esa forma, se daban el lujo de vacacionar en Cancún, por ejemplo, mientras los operativos se realizaban. Cuando los soldados abandonaban el territorio, los criminales regresaban a seguir con sus negocios.
El Ejército no ha sido ajeno a la corrupción. Vicente Carrillo Leyva, hijo de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, declaró en un testimonio ministerial que su padre era cuidado por elementos del Ejército; afirmó también que cuando él y su familia realizaban viajes siempre lo acompañaban elementos del Ejército, quienes tenían la encomienda de protegerlo.
Un caso emblemático y no menos escandaloso fue el descubrimiento de la red de protección de Carrillo Fuentes tenía y que era encabezada, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, por el general Jesús Gutiérrez Rebollo, entonces zar antidrogas en México. El militar había sido condecorado en Estados Unidos por sus resultados en el combate al narcotráfico, pero resultó que era aliado de Carrillo Fuentes.
Gutiérrez Rebollo combatió al crimen de manera desigual: golpeaba a los enemigos de Carrillo Fuentes, como los hermanos Arellano Félix, pero protegía a sus aliados, además de que recibía apoyos –armamento y dinero –para perseguir tanto a Benjamín y Ramón Arellano, quienes querían asesinar a “El Señor de los Cielos”.
Estos son algunos ejemplos de la corrupción. La estrategia de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad resultó un fiasco desde el gobierno de Ernesto Zedillo y las fallas y desatinos, por desgracia, continúan en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se trata de grandes fallas a lo largo de casi treinta años, durante los cuales se han ensayado diversas estrategias sin resultados concretos. La violencia sigue.
Pero lo que hay que resaltar es que el mayor fracaso de la estrategia militar ocurrió durante el gobierno de Felipe Calderón, quien le declaró la guerra al crimen organizado utilizando a las Fuerzas Armadas para tal cometido.
A la vuelta de esos seis años de muertes, horror y violencia, el resultado fue contraproducente: se violaron los derechos humanos por todas partes y tales delitos documentados siguen impunes; los militares en muchas ocasiones no realizaban detenciones sino que asesinaban a sus rivales; ahora es evidente que la guerra no fue pareja: hubo consentidos: El cártel de Sinaloa fue uno de los grupos criminales beneficiados por el régimen de Calderón, como lo demuestra la captura de Genaro García Luna, el poderoso secretario de Seguridad Pública durante ese sexenio.
No es todo: los cárteles se fortalecieron: llevaron a cabo alianzas estratégicas en varios países del mundo, pues se internacionalizaron para fortalecerse. Surgieron nuevos cárteles, entre otros, el de Jalisco. Primero fue una extensión de Sinaloa. Luego se independizó hasta convertirse en el segundo grupo criminal más poderoso de América Latina.
En el gobierno de Enrique Peña Nieto, la militarización continuó, sin mayores resultados: el crimen organizado continuó generando violencia. Fue capturado Joaquín Guzmán Loera, y luego extraditado. Pero la violencia criminal no fue contenida.
Lo que llamó la atención fue el cambio de discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador. En campaña, primero, y en los primeros meses de su gobierno, después, sostuvo que su proyecto de seguridad no contemplaría el uso de las Fuerzas Armadas. Su inclinación era por la no militarización de la seguridad.
Después de su visita a la Casa Blanca, cuando se entrevistó con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump , López Obrador cambió la estrategia y echó mano de los militares para reforzar la seguridad en puertos, aeropuertos, aduanas y también los metió a los estados donde la violencia de alto impacto causa estragos.
Sin embargo, los resultados no satisfacen, hasta ahora. La violencia sigue en Zacatecas, Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León, entre otros estados, a pesar de la multiplicada presencia de militares. El cuestionamiento central en ese caso es que la política del gobierno actual consiste en no utilizar la fuerza para combatir al crimen. Así, queda más que claro que la sola presencia de militares no es suficiente para frenar las oleadas de ejecuciones en el país.
Ahora el informe de los expertos de Naciones Unidas, después de realizar una investigación en México, concluyen que el uso de militares en tareas de seguridad ha sido fallida y violatoria de los derechos humanos. Con base en sus resultados, instan al gobierno de López Obrador a retirar a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública.
En abierto desacato a la petición –nadie de afuera nos va a venir a decir qué hacer y qué no hacer, suele decir el mandatario –respondió al contenido del informe diciendo que los actuales no son los tiempos de Calderón.
En efecto, no son los tiempos de Felipe Calderón. Es el tiempo de Andrés Manuel López Obrador, cuyo gobierno no ha podido construir, por ejemplo, policías sanas en estados y municipios. Y si no hay policías, la única alternativa es la milicia.
Bajo esta realidad, las Fuerzas Armadas seguirán en las tareas de seguridad por tiempo indefinido. No hay de otra. El país sigue terriblemente descompuesto y con el crimen organizado más boyante y terrorífico que nunca.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: RICARDO RAVELO.
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