Asimismo, reconoció que obvió el papel que tuvieron distintos integrantes de las Fuerzas Armadas en los hechos.
Este miércoles, la CNDH publicó su informe frente a la inconformidad que manifestaron los padres y madres de los 43 normalistas respecto a diversos aspectos de su Recomendación 15VG/2018.
A raíz se las quejas, el organismo analizó las actuaciones que tuvo la comisión, así como las distintas agencias e instituciones responsables de las investigaciones ministeriales. Con ello, documentó la existencia de omisiones, inconsistencias o extralimitaciones de sus funciones, en el marco de las investigaciones.
Los familiares acusaron de revictimización, estigmatización y criminalización de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa. Asimismo, advirtieron que hubo dilación para la elaboración y presentación de la recomendación.
También señalaron que esta carece de una aplicación robusta del enfoque de derechos humanos y de atención victimológica. De igual manera, aseguraron que por su redacción, el documento avala de facto la formulación de la verdad histórica.
“Si bien no lo señala tácitamente, su argumentación lo hace en sí misma, sin aportar nada a la Verdad y a la Justicia”, advierte el comunicado de la CNDH.
Entre los resultados que arroja el Informe, destaca que la aplicación de los protocolos de Estambul presentó serias deficiencias que no permitieron la documentación de prácticas de tortura realizadas a diversas personas detenidas.
De igual forma, los dictámenes u opiniones técnicas que emitió la comisión fueron realizados en gabinete, es decir, que no se acudió al lugar de los hechos.
Por su parte, en varios momentos la Oficina Especial para el Caso Iguala actuó bajo una lógica de investigación ministerial y no de documentación de violaciones a derechos humanos. De acuerdo con el informe, el trabajo de dicha se hizo bajo secrecía y fragmentación de la información, por lo que las personas que participaron en las diligencias desconocían lo que el resto del personal realizaba.
Por último, encontró que no hubo un enfoque diferencial y especializado al redactar la recomendación ni al brindar atención a las personas, que reconociera que varios estudiantes, así como sus madres o padres pertenecen a pueblos indígenas de Guerrero.
La CNDH calificó el caso Ayotzinapa como una historia de “violencia, injusticias y abusos de poder, consecuencia de las propias contradicciones de la evolución de la sociedad mexicana, y de sus instituciones”.
De acuerdo con la comisión, enmarca a la violencia estructural, a las prácticas sistemáticas de tortura y de desaparición forzada, presentes en las instituciones del Estado.
Presentamos el Informe de la #Recomendación 15VG/2018 sobre el caso #Iguala, con el cual analizamos las actuaciones realizadas por esta #CNDH, sus omisiones e inconsistencias.
— CNDH en México (@CNDH) April 13, 2022
Puedes consultarlo aquí 👉🏽 https://t.co/4pEOSXZWQa#DefendemosAlPueblo pic.twitter.com/UK2WhvVR93
Admitió que hay prácticas institucionales de revictimización, particularmente por parte de los organismos de derechos humanos, como la CNDH.
El documento incluye una ruta para la reparación integral, “que inicia con la presentación de una disculpa pública hacia las personas”, declaró la CNDH.
“Hay una necesidad urgente de reconocer públicamente las fallas y omisiones de las actuaciones de esta Comisión Nacional, a fin de realizar acciones en favor de las personas en situación de víctimas, y coadyuvar a la mayor participación en las investigaciones por parte de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos”, concluyó la comisión.
El pasado 28 de marzo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su tercer informe, donde aseguró que hubo actuaciones no reflejadas en las investigaciones oficiales sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
El GIEI documentó el papel de la Secretaría de Marina (Semar) en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
La investigación del GIEI reveló que los estudiantes de Ayotzinapa tuvieron un seguimiento continuo por parte del Ejército y del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) -hoy Centro Nacional de Inteligencia (CNI)- desde 10 años antes de su desaparición. También las policías Federal y Estatal dieron seguimiento a las actividades de los alumnos “en tiempo real”.
El grupo de expertos señaló que “todos esos hechos ocurrieron con conocimiento de las autoridades policiales y militares de todos los niveles en Iguala, en tiempo real”.
Igualmente, consideró que la llamada “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto y la entonces Procuraduría General de la República (PGR) fue una manera de ocultar el destino de los estudiantes mediante una versión distorsionada que daba por cerrado el caso e impedía que los estudiantes fueran realmente buscados, y en lo posible, encontrados.
Por último, abordó las torturas a las personas detenidas en el marco de la investigación y asegura que estas dañaron la consistencia y la legitimidad de la misma, y pudieron provocar la pérdida de pruebas.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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