“Esta idea de la desinstitucionalización es ¿váyase a la calle? A mí me parece una ingenuidad creer que esto es posible. Si no hay una manera de mandar a las personas a algún lugar, estamos dando por hecho que tienen un lugar a dónde ir”, criticó Cecilia Guillén, fundadora de En Primera Persona, AC.
Guillén señaló que primero habría que conocer cuáles son las redes de apoyo con las que cuentan los usuarios de estos centros, porque se omite la realidad de que muchos de ellos son abandonados por sus familiares.
Para la defensora de los derechos humanos, es importante conocer cómo se materializarán de forma gradual y progresiva las reformas aprobadas, porque el cambio de paradigma en la atención a la salud mental, que por años ha privilegiado el aislamiento de los pacientes, “va más allá que solo cerrar hospitales”.
En concordancia con las reformas aprobadas, al menos los 33 hospitales psiquiátricos a cargo de la Secretaría de Salud federal —que tienen capacidad para atender a poco más de 4 mil personas— deberán reconvertirse a hospitales generales o centros ambulatorios y no se deberán construir más hospitales monoespecializados en psiquiatría.
Serán los Centros Comunitarios de Salud Mental los espacios que brindarán todos los servicios, desde los primarios, como promoción, prevención y tratamiento, hasta los de alta complejidad.
Por separado, y durante un conversatorio que se llevó a cabo para abordar los cambios aprobados a la Ley General de Salud, Víctor Lizama, integrante de Orgullo Loco México, enfatizó la necesidad de informar las acciones que se llevarán a cabo para atender a quienes actualmente están internados en hospitales psiquiátricos, así como la ruta que se tomará para su reinserción a la comunidad. De lo contrario, dijo, el compromiso adquirido por las autoridades para hacer una transformación real del modelo de atención a la salud mental solo se limitará al papel.
“Antes de que se llevaran a cabo las Olimpiadas en México, en la década de los 60 del siglo pasado, se decidió cerrar (el hospital psiquiátrico) La Castañeda, ¿y qué pasó con la población que estaba internada en ese lugar? Se dirigió a otras instituciones”, recordó el activista por los derechos humanos.
Guillén, de En Primera Persona, señaló que el cierre del hospital de La Castañeda no partió de una decisión de política pública sobre salud mental. No fue que México “se haya anticipado a la desmanicomialización, eso fue un proceso más bien con intereses urbanísticos y de especulación del uso de suelo”, dijo.
Las personas que estaban ahí, añadió, fueron trasladadas a hospitales más pequeños y menos visibles, que no necesariamente se encontraban cercanos a donde vivían sus redes de apoyo, si es que contaban con ellas.
“Esa película yo ya la vi, eso no pasa”, sostuvo. “El cierre de manicomios no es desinstitucionalización, es una parte del proceso, es la parte administrativa y ya. La parte del proceso de reincorporar a la sociedad es otra cosa”, insistió.
Ni siquiera los países que han legislado en la materia, como Argentina, que lo hizo en 2010 y se puso como meta el 2020 para concretar el cambio en su modelo de atención, han conseguido avanzar hacia esa meta.
De acuerdo con el cuarto artículo transitorio del decreto aprobado, todos los gastos que se generen por la entrada en vigor de las reformas deberán costearse con el presupuesto que las dependencias tengan aprobado, porque “no se autorizarán ampliaciones a su presupuesto para el presente ejercicio fiscal ni subsecuentes”.
Las reformas a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones son el primer paso para la creación del Consejo Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) —organismo descentralizado que fungirá como instancia rectora, normativa y de conducción de la política nacional de salud mental y adicciones—, lo que implica la fusión del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental (Consame), la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) y los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP).
De acuerdo con el Programa de Atención Específico de Salud Mental y Adicciones 2020-2024, en México apenas el 2% del presupuesto de salud se destina a atender la salud mental. De ese porcentaje, el 80% se va únicamente en gastos operativos de los hospitales psiquiátricos.
Una vez que el decreto de reforma a la Ley General de Salud sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Poder Ejecutivo federal contará con no más de 180 días naturales para emitir las disposiciones reglamentarias para concretar en la esfera administrativa las disposiciones correspondientes o, en su caso, actualizar la normativa vigente.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: DALILA SARABIA.
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