El organismo señaló que, como resultado de la investigación, se acreditaron violaciones graves a los derechos humanos a la libertad, seguridad jurídica y personal por retención ilegal, y a la integridad personal y al trato digno por actos de tortura, en agravio de una víctima, atribuibles a elementos de la Sedena en el estado de Michoacán.
La CNDH informó que la víctima acudió a ese organismo en febrero de 2019 para denunciar que el 13 de febrero de 2013, mientras caminaba por un camino de terracería en Apatzingán, Michoacán, elementos de la Sedena lo detuvieron y le ordenaron que se tirara al piso mientras le apuntaban con sus armas.
Los militares subieron a la víctima, maniatada y cubierta de la cabeza, a una de las unidades en la que se transportaban para, más tarde, trasladarla a un lugar desconocido, que posteriormente se supo era el Campo Militar de Apatzingán, donde con golpes y patadas le acusaban de ser miembro del crimen organizado y le interrogaban por personas que no conocía y por supuestas personas secuestradas.
La Comisión refirió que dada la gravedad de las lesiones que sufrió por las golpizas recibidas, la víctima tuvo que ser trasladada al Hospital General de Apatzingán, donde recibió atención médica; sin embargo, el maltrato le ocasionó la pérdida de dos órganos: el bazo y la glándula suprarrenal.
Al ser dada de alta, la víctima fue trasladada a un penal federal en Matamoros, Tamaulipas.
A través de un comunicado, la CNDH señaló que pudo acreditar “violaciones graves a los derechos humanos de la víctima, por la retención ilegal y la tortura infligida, misma que fue comprobada mediante la implementación del Protocolo de Estambul”.
Asimismo, añadió, se comprobaron irregularidades en la puesta a disposición de la víctima ante el Ministerio Público Federal, la cual ocurrió fuera de tiempo y forma, además de comprobarse inconsistencias en las declaraciones de los elementos aprehensores, quienes aseveraron que las lesiones del ofendido se las había infligido un supuesto jefe de la víctima un día antes de la detención, además de asegurar que se había caído al tratar de huir de dichos elementos.
Por lo anterior, la CNDH recomendó a la Sedena que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, proceda a la reparación integral del daño, que incluya una compensación justa y suficiente, y se inscriba al quejoso en el Registro Nacional de Víctimas para que tenga acceso a asistencia, atención médica y psicológica, y proveerle de los medicamentos necesarios.
El ombudsperson pidió a la Sedena su colaboración para la presentación y seguimiento a la denuncia de hechos que realice ante la Fiscalía General de la República (FGR), para que se investigue y determine la responsabilidad de 11 elementos de la corporación militar y otras autoridades responsables que hayan participado en los hechos denunciados.
Así también, recomendó implementar cursos de capacitación, primero para 10 elementos responsables, en caso de que continúen en el instituto armado, sobre prevención y erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y otro curso, especialmente dirigido a uno de los responsables, a fin de que se le capacite en la elaboración de certificados de integridad física, de acuerdo con los protocolos para la exploración médico legal en los exámenes del ramo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
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