Los montos por las presuntas irregularidades en Segalmex y en el Hospital Infantil Federico Gómez fueron considerados por la ASF como “un probable daño al erario”. Y, según el reporte oficial de la ASF en su Sistema Público de Consulta de Auditoría, el dinero no ha sido recuperado. De ahí que dichos casos serían sujetos a denuncia penal.
La ASF hizo la revisión a los inventarios de las compras, la salida y el suministro de medicinas, pero el Hospital Infantil no presentó la evidencia “con la que acredite el destino final de 4,032 medicamentos para tratar cáncer”, cuyo costo ascendió a 6 millones 680 mil pesos, confirmó el organismo en su informe de revisión del presupuesto de 2019, que fue publicado en febrero de 2021.
De acuerdo con la Ley de Fiscalización, el proceso de comunicación entre la ASF y las instituciones de gobierno para subsanar o confirmar las irregularidades es de 224 días. Es decir, el plazo legal para que el hospital, en este caso, regresara el dinero o pudiera explicar dónde terminaron las medicinas concluyó en noviembre de 2021.
Aunque la ASF no ha denunciado hasta el momento, la FGR ya está investigando este caso, luego que Gerardo Lozano, exauditor especial de Cumplimiento de la ASF, interpuso una denuncia la semana pasada en la que tomó como base el informe de la auditoría que reveló dichas irregularidades.
Lozano —quien antes de salir de la ASF informó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que para noviembre de 2021 ya había dictámenes listos para ser denunciados penalmente, pero la ASF las estaba frenando— ha interpuesto por cuenta propia una decena de denuncias, varias de ellas por las irregularidades ocurridas en Segalmex y detectadas por la ASF en su revisión a las finanzas de 2019.
Uno de ellos es el “probable daño al erario” por 99 millones de pesos que Segalmex pagó para la adquisición de envases de PET, pero que nunca fueron entregados.
Se trata del Pliego de Observaciones número 2019-1-08JBP-19-0283-06-003 y que puede ser consultado en la página de la ASF. En este caso también se ha agotado el plazo para resolver la irregularidad, puesto que se trata del informe presentado por la ASF en febrero de 2021, pero el dinero no ha sido recuperado.
En la revisión del gasto de 2019, la Auditoría también detectó que Segalmex pagó 295 millones de pesos en una nómina fantasma, pues la institución nunca entregó ninguna prueba sobre “las áreas de ubicación del personal, reportes de actividades, constancias de afiliación del prestador del servicio al IMSS, recibos de nómina timbrados, listas de asistencia del personal, contratos trimestrales, cartas de los asimilados y órdenes de servicios”, como lo exige la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
La ASF también le atribuyó a Segalmex 182 millones de pesos como “probable daño al erario porque pagó sin acreditar la recepción de 34 millones 732 costales blancos de polipropileno”. Hay otros 288 millones de pesos que debió cobrar como penalización a un proveedor por el atraso en la prestación de servicio de flete, más otras irregularidades que suman mil 171 millones de pesos de probable daño al erario en 2019.
Animal Político preguntó a la ASF por qué no se han presentado las denuncias por las irregularidades que ya están fuera de plazo. Respondió que las reformas a la Ley de Fiscalización ocurridas en 2016 mandatan a denunciar “hasta que concluyan los procesos administrativos”, es decir, hasta que las dependencias y la Auditoría agoten el proceso de revisión y presentación de pruebas.
Sin embargo, el artículo 89, fracción XXIII, al que se hizo referencia, establece que la Auditoría tendrá la facultad de interponer denuncias “preferentemente” cuando concluya el procedimiento administrativo.
El exauditor Lozano advierte que “la palabra ‘preferentemente’ no significa ‘exclusivamente o únicamente’, porque se puede denunciar cuando se tengan elementos y en algunos casos hay irregularidades insolventables”, es decir, no habría pruebas que alcancen para subsanar las irregularidades.
Además, insiste, los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar actos ilegales como lo mandata el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: “Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes”.
La Auditoría no solo tendría la obligación, como el resto de funcionarios públicos según el código, sino también por sus facultades establecidas en la Ley de Fiscalización, que en el artículo 43 establece: “La Auditoría podrá promover, en cualquier momento en que cuente con los elementos necesarios, el informe de presunta responsabilidad administrativa ante el Tribunal; así como la denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada, la denuncia de juicio político ante la Cámara, o los informes de presunta responsabilidad administrativa ante el órgano interno de control competente”.
Las denuncias que sí ha presentado la ASF
Las primeras denuncias que la Auditoría interpuso este año fueron contra la Sedatu por falta de comprobación de gasto en 2018, y contra la Universidad Politécnica del Centro por su presunto gasto irregular en 2015 y 2016 en un esquema como el documentado en La Estafa Maestra.
Con ellas suman 185 denuncias penales que la Auditoría ha interpuesto desde marzo de 2018 —cuando inició la gestión del actual auditor superior, David Colmenares— hasta marzo de 2022.
Sin embargo, ese número significa 70% menos denuncias interpuestas por la ASF en comparación con la administración del anterior auditor, Juan Manuel Portal, cuando sumó 592 denuncias.
Gerardo Lozano, quien ocupó el segundo cargo más importante dentro de la ASF como auditor especial de Cumplimiento Financiero, renunció a su puesto en noviembre pasado, debido a los retrocesos en la operación de la ASF y el atraso en las denuncias penales.
Aún en el cargo, en noviembre pasado, pidió a la Cámara de Diputados (de la que depende la ASF) que investigara la operación de la ASF, puesto que había 60 dictámenes técnicos (casos sustentados) que alcanzan un monto de mil millones de pesos por posibles irregularidades y que deberían ser denunciadas penalmente. De ese número, 10 dictámenes ya contaban con alguna revisión en la Unidad de Asuntos Jurídicos, pero hasta ese momento se encontraban frenadas.
Esta denuncia se derivaba del cambio al reglamento interior de la ASF que derogó la fracción XXXIV del artículo 12, que facultaba a todas las direcciones generales de las áreas auditoras a presentar las denuncias penales que procedan por las irregularidades detectadas y coadyuvar en los procesos penales. Ahora, denunciar penalmente es una facultad exclusiva de la Auditoría Especial de Seguimiento, que depende directamente del auditor Colmenares.
La Auditoría Especial de Seguimiento, de hecho, también fue un área creada por Colmenares a su llegada a la ASF, para concentrar en ella la responsabilidad de las solventaciones, es decir, el procedimiento que elimina las irregularidades señaladas en las auditorías a las instituciones del gobierno federal cuando estas presentan las pruebas que descartan los señalamientos.
Por lo tanto, la Auditoría Especial de Seguimiento, dependiente de Colmenares, es la única que puede solventar irregularidades y denunciar penalmente. El puesto lo ocupa Nemesio Ibáñez Aguirre, quien ha trabajado con Colmenares desde 1986, como su subordinado en la Secretaría de Finanzas del gobierno de Oaxaca durante el mandato de Heladio Ramírez. Además, también trabajó desde 2008 en el despacho Colmenares Páramo y Asociados, de acuerdo con sus currículums.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
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