Así como, también, a Alejandro Gertz Manero y a Juan Ramos López, titulares de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), respectivamente, además de a Manuel Granados Quiroz, Fiscal Especial de Control Competencial, y, a los agentes del Ministerio Público, María Eugenia Castañón Osorio, Araceli Velasco Santiago, y Celiflora Ruiz Luis.
Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México, suspendió, el 19 de mayo del 2022, las órdenes de aprehensión contra tres abogados del despacho Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá, así como de un asesor financiero y representante de Grupo Afirme.
“La profesión de la abogacía se enfrenta hoy a un sistema que tiene su base en el más deleznable fin de la procuración de justicia: la Fiscalía General de la República se instituye como un despacho particular al servicio del doctor Alejandro Gertz Manero”, dijeron los denunciantes
“[…] quien la instrumentaliza de manera vil e ilícita, con los únicos propósitos de atender una agenda personal marcada por la venganza y el odio, utilizándola en forma facciosa para fabricar delitos en nuestra contra”, acusaron los abogados ligados a Julio Scherer Ibarra, ex titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia.
A los funcionarios federales acusados, Araujo Rivapalacio y González Hernández les atribuyen delitos contra la administración de la justicia, intimidación y violación a la Ley de Amparo, ya que les ocultaron las actuaciones de su investigación, rindieron informes falsos en amparos y desacataron una suspensión que los obligaba a darles acceso a la indagatoria en su contra.
La premisa de la denuncia de los litigantes es que Gertz Manero ha hecho un “despliegue arbitrario de poder”, en venganza por las publicaciones de la revista Proceso, a partir del 25 de septiembre del 2021, cuando dio a conocer que el titular de la FGR había comprado una casa en la colonia Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México.
Según Araujo Rivapalacio y González Hernández, como consecuencia, el titular de la FGR ha coaccionado a personas como Collado Mocelo o Paulo Díez Gargari -abogado que ha litigando el caso del Viaducto Bicentenario- para que denuncien a Scherer Ibarra, a quien Gertz Manero responsabiliza de las publicaciones.
“Como consecuencia de la falsa idea de que el licenciado Julio Scherer dirigió las publicaciones de Proceso, el fiscal Gertz ordenó el inicio de investigaciones en nuestra contra y otros para favorecer sus intereses personales de venganza, instruyendo la utilización de diversos imputados que se encuentran relacionados a procesos legales a cargo de la Fiscalía que dirige, con el propósito ilícito de fabricar delitos en nuestra contra”, acusaron los abogados.
“Salta a la vista que existe una indebida instrumentalización de la FGR, por parte del fiscal Alejandro Gertz Manero, para crear o fabricar asuntos de acuerdo a su agenda e intereses personales”, según indicaron los litigantes.
“[…] especialmente en la Fiscalía de Control Competencial, cuyo titular es Juan Ramos López, así como también es clara su intención de ejercer presión mediante mecanismos extorsivos o coercitivos sobre personas imputadas en carpetas de investigación, ofreciéndoles beneficios indebidos a cambio de una declaración guiada por él, acorde a sus intereses personales”, abundaron.
“[Gertz Manero y Ramos López] han coaccionado al señor Collado, amedrentándolo y ofreciéndole un criterio de oportunidad legalmente improcedente, a fin de que declare falsos en nuestra contra y así poder fabricar acusaciones y vengar las publicaciones de la revista Proceso”, insistieron.
En su querella, los dos litigantes también denuncian por el delito de falsedad en declaración a Collado Mocelo y a sus hermanos Antonio y Julia, así como a Juan Ramón y María del Mar Collado Dot, hijos del primero de ellos, por supuestamente mentir cuando dicen que fueron presionados para aceptar como abogados a Araujo Rivapalacio y a González Hernández, o que les exigieran su cartera de clientes.
Ambos litigantes también acusan que es falsa la fecha del poder notarial que Collado Mocelo le extendió a su hijo para que retirara un cheque en España y pagara 1 millón 381 mil 851 euros a un intermediario de los abogados, como parte de la supuesta extorsión.
Los denunciantes exhibieron copias e imágenes de conversaciones de la aplicación de mensajería WhatsApp, para señalar que fueron los Collado quienes los buscaron para ofrecerles clientes o para que se hicieran cargo de la defensa del ahora procesado.
Araujo Rivapalacio y César Omar González Hernández agregaron a su querella una imagen del poder notarial referido, para exhibir que fue emitido cuatro meses después de la fecha en que lo declaró Collado Mocelo a la Fiscalía General de la República.
La acusación fue enviada con copia al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, y, a Sergio Gutiérrez Luna, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, además de María del Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Los términos de la denuncia son coincidentes con la que Scherer Ibarra presentó a finales de abril del 2022, en la misma FECC, contra Gertz Manero, por los delitos de tráfico de influencias, coalición de servidores públicos y asociación delictuosa.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ.
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