En respuesta a distintas solicitudes de información pública, la Secretaría de Gobernación (Segob), a cargo de Adán Augusto López, confirmó que no se ha instalado el comité que deberá analizar los casos —ni hay fecha para hacerlo—, y aunque se emitieron lineamientos para el beneficio, no hay reglas de operación pues estas deben ser aprobadas por dicho comité.
“Desde su diseño ya era totalmente factible concluir que no iba a tener absolutamente ninguna utilidad práctica para que las personas pudieran salir. En este sentido, no nos sorprende que no esté funcionando, que no se estén liberando a personas, lo que sí nos causa mucho pesar es que el anuncio del presidente en la mañanera y la emisión del propio acuerdo generó muchísimas expectativas entre las víctimas de fabricación de culpables, entre las víctimas de tortura”, lamentó Víctor del Pozo, abogado en el Área de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Animal Político buscó a la Segob para conocer las razones por las que no se ha instalado el comité, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta.
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El 29 de julio de 2021, durante su conferencia matutina, el presidente informó que a la brevedad firmaría un decreto —que a la postre fue un acuerdo— para que personas privadas de la libertad que tuvieran más de 10 años en prisión sin sentencia, adultos mayores de 75 años, adultos mayores de 65 años con alguna enfermedad crónica y personas torturadas fueran liberadas.
Aquella mañana, incluso dijo: “La justicia, como lo establecen los ordenamientos legales, tiene que ser rápida, expedita. Cómo va a estar una persona detenida por más de 10 años sin sentencia”.
Un mes después, el 25 de agosto, en el DOF se formalizó el acuerdo que instruía a las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), esta última a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, a implementar las disposiciones del acuerdo.
La Segob debía crear el comité permanente y obligatorio que daría seguimiento a los expedientes de las personas que quisieran beneficiarse del acuerdo. Para ello, en apego a los artículos transitorios, la dependencia contaba con tres días hábiles.
Una vez instalado, tendría 15 días más para emitir sus reglas de operación. Sin embargo, a la fecha esto no ha sucedido, por lo que ninguna persona privada de la libertad ha sido beneficiada.
A través de solicitudes de información, este medio solicitó a la Segob conocer cuántas personas habían sido beneficiadas por el acuerdo y que se detallara las causas de su liberación, es decir, en cuál de los cuatro considerandos que contempla el acuerdo recaían sus casos. También se solicitó conocer cuántas veces había sesionado el comité, pero ambas solicitudes tuvieron la misma respuesta: no se ha instalado el comité, no hay fecha para hacerlo y no hay reglas de operación.
“En ese sentido, se informa que con fecha 24 de marzo de 2022, el Titular de la Unidad de Apoyo a Sistema de Justicia, envió al Coordinador General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana correo electrónico con la finalidad de estar en condiciones de fijar la fecha de la sesión en la que se instalará el Comité y en la que también serán aprobadas las Reglas de Operación. Es pertinente aclarar que dicha fecha no se ha concretado”, informó la Segob en la respuesta enviada a través del oficio S.I. 330026222000559.
En dicho correo electrónico, del cual se proporcionó una copia, Crescencio Jiménez Núñez, titular de la unidad de apoyo al sistema de justicia de la Segob, envió a Rubén Fernández, coordinador general de prevención y readaptación social de la SSPC, la versión final de las Reglas de Operación del Comité Permanente de Seguimiento, con lo que ya estarían en condiciones para fijar la fecha de instalación y aprobación de las mismas. Sin embargo, esto no ha sucedido.
En tanto, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social informó en el oficio PRS/OC/UNIT/0557/2022 que ha integrado algunos expedientes de personas que buscan beneficiarse del acuerdo, pero que ese análisis se hará hasta la instalación del comité.
“Ahora bien por lo que hace a libertades concedidas en los Centros Penitenciarios Federales, se informa que se han integrado los expedientes respectivos, y una vez que se instale el Comité de carácter Permanente, los mismos serán analizados y se realizarán las gestiones ante las autoridades judiciales correspondientes, quienes son las facultadas para negar o conceder los mismos”, informó.
El 14 de septiembre, también en conferencia matutina, el secretario de Gobernación celebró que los gobiernos estatales hayan hecho suyo el acuerdo y lo estuvieran implementando en sus estados. De hecho, afirmó que al otro día, 15 de septiembre, se pondría en libertad a las primeras 682 personas; 36 de ellas —declaró— correspondían a presos en penales federales, pero la propia Segob desconoce esta información.
“Se informa que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, sin embargo, no se localizó expresión documental que dé cuenta de la información requerida”, informó la dependencia en la respuesta con folio 330026222000558, para la que se solicitó conocer el detalle de las personas liberadas: entidad, centro penitenciario, sexo y razón de liberación.
18 años en prisión y sin sentencia
El día que el presidente dio a conocer que se trabajaba en este acuerdo, la entonces secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que en México había 94 mil 547 personas encarceladas que no tenían sentencia, es decir, el 43% de la población penitenciaria estaba en prisión preventiva.
De esas personas que no tienen una sentencia, 12 mil 358 son por delitos del fuero federal, mientras que 82 mil 189 son por delitos del fuero común.
Dulce María Obregón Cervantes, privada de su libertad desde hace 18 años sin una sentencia, es una de las personas que, al enterarse de este beneficio, vio una posibilidad de salir de prisión y recuperar su vida, pero los días pasan y sigue tras las rejas.
El 16 de febrero de 2004, cuando regresaba de dejar a su pequeño de cinco años en el kínder, fue detenida. Unos hombres le preguntaron sobre una dirección y cuando menos advirtió ya estaba rodeada y en segundos la subieron a un automóvil.
En entrevista telefónica desde la prisión de Neza Sur, la mujer contó que sin una orden de aprehensión fue detenida a media calle. Horas después y tras ser torturada diciéndole que le harían daño a su hijo y a su familia, le comunicaron que estaba señalada en el secuestro de su exjefe y del hijo de este, un hecho que había pasado dos años atrás.
Recuerda que horas después un elemento de la extinta AFI le dijo: “Los jefes ya me tienen hasta la madre, ya tenemos dos años, ellos quieren un pagador de este secuestro porque ellos no pueden cobrar sus seguros… de la empresa teníamos cinco personas pero a la única que localizamos fue a ti… Ya te chingaste”.
Dos años antes —contó—, ella trabajaba en una empresa de ropa a donde llegaron unas personas a secuestrar al dueño y a su hijo. Todos los empleados, incluyéndola, fueron convocados como testigos, por lo que rindieron su declaración.
Su exjefe fue liberado al otro día y su hijo algún tiempo después.
Al medio año de los hechos, el jefe informó a sus trabajadores que la fábrica, que para entonces se ubicaba en Tlalnepantla, Estado de México, cerraría sus puertas y se iría a Toluca. Dulce recuerda que tuvo que renunciar y entró a trabajar como cajera en una tienda de autoservicio. Año y medio después, fue detenida.
“Querían que grabara un video en donde yo aceptaba el delito; me pusieron en una cartulina detrás de la cámara lo que querían que dijera y se enojaron porque yo veía la cartulina y no a la cámara… hasta me dieron una cachetada porque jamás lo acepté”, relató.
“(Después) me suben a una oficina en donde había como 10 personas, entre ellas mi exjefe, y los demás eran de la AFI. Me sientan ahí en medio y es mi exjefe el que me empieza a interrogar, ni siquiera el Ministerio Público, y me amenaza diciéndome que le diga dónde está la casa de seguridad (porque) yo había participado”.
En ningún momento firmó una declaración donde aceptara el delito del cual era señalada. Sin embargo, al cabo de las horas le llevaron unas hojas en las que le dijeron que pusiera sus huellas porque con eso la dejarían en libertad. No fue así.
“Se supone que esas son las declaraciones en las que yo acepto”, contó.
Después de 52 días arraigada en un hotel de la colonia Doctores, 18 años en prisión y un Protocolo de Estambul positivo en el que se confirma fue víctima de tortura, Dulce exige a las autoridades “que apliquen sus leyes porque solo dicen y prometen, hay una amnistía o un decreto que realmente no los están cumpliendo como debe de ser; lo publican y hasta en la tele sale, pero realmente no lo trabajan”.
“Si realmente quieren hacer justicia, que vengan a los penales y que realmente vean. Yo quiero justicia porque, se escucha feo, pero aquí dejé mis mejores años cuando yo no cometí nada”, dijo.
En estos 18 años, el niño de cinco años que dejó ahora es un joven de 23 que tuvo que ser criado por su abuela, mientras que sus cinco hermanos han buscado la forma de apoyarla pagando abogados privados que —reclama— no han hecho nada por ayudarla.
En 2007, por ejemplo, uno de los abogados que tuvo no entregó conclusiones de su caso y Dulce recibió una condena de 36 años de prisión. Apeló y esa sentencia fue cancelada porque su caso se volvió a abrir.
En 2017, se le volvió a dar la misma sentencia y volvió a apelar. Desde esa fecha su caso sigue abierto y ella sin una sentencia.
“Dicen que la cárcel es para los pobres y yo te puedo decir que sí, yo he visto a mucha gente que igual paga y tiene dinero y se va… yo seguiré peleando hasta que me hagan justicia”, sostuvo.
Reconocer fabricación de culpables
Víctor del Pozo, abogado en la CMDPDH, afirmó que desde la emisión del acuerdo para liberar a presos que oficializó el presidente se advertían las fallas en su implementación, particularmente en la acreditación de la tortura.
En entrevista, el experto consideró que las autoridades deberían buscar la manera de adoptar una política de Estado integral para hacer frente a la fabricación de culpables.
Una política, explicó, en la que las personas privadas de la libertad no necesiten un abogado o un dictamen tan complejo como el Protocolo de Estambul, sino que realmente haya un compromiso para identificar qué personas están injustamente detenidas y que se les conceda alguna forma de extinción de la acción penal.
“Sería una forma de liberarlas y que al mismo tiempo esté acompañado de un reconocimiento de inocencia, que no sea simplemente un indulto de que ‘yo, por mi buena gracia, Poder Ejecutivo, te voy a dejar ir’, sino que se reconozca que las personas que tienen encerradas son inocentes y que fueron de alguna forma alcanzadas por la mano abusiva y arbitraria del Estado, que ante su incapacidad de hacerle frente a la violencia decide fabricar culpables para inflar sus cifras, y que esto esté acompañado de una reparación integral del daño”, afirmó el defensor.
Agregó que el acuerdo emitido por el Ejecutivo parte de una visión en donde la tortura es una situación excepcional, pero la realidad es que “hay una cantidad aún indeterminada, pero seguramente enorme, de personas injustamente privadas de su libertad consecuencia de las políticas de fabricación de culpables que se tiene no solamente en la Ciudad de México, sino en todas las entidades y a nivel federal en donde la mayoría de las personas han sido víctimas de tortura o detención arbitraria”.
Por separado, Melissa Zamora, abogada del Centro Prodh, consideró que el reconocimiento por parte del Ejecutivo de la existencia de la tortura y la gravedad de que las personas pasen tanto tiempo sin sentencia sin duda es positivo, pero no suficiente.
“Creemos que fue muy bueno, el primer paso es reconocer, que haya una mirada de comprensión y sensibilidad para las personas que están en prisión por tanto tiempo; sin embargo, no se trata solo de hacer una muestra de interés, sino que esto se traduzca en recursos y personal suficientes. En este tipo de medidas no puede aplicar una visión de austeridad”, expuso la defensora.
“Al final, es un tema de voluntad política, pero también de no ver la dimensión de esto. Mientras tengamos denuncias de tortura de personas privadas de la libertad, estamos hablando de un sistema de procuración de justicia sin capacidad para investigar realmente delitos, y de ahí que sea persistente la tortura en contexto de detención o de investigación criminal”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: DALILA SARABIA.
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