Fresnillo PLC es la dueña de la Minera Penmont, que desde 2014 está obligada por 67 sentencias a devolver a los habitantes de El Bajío, en Sonora, el oro que extrajo ilegalmente de sus tierras. La empresa también está obligada a restituir la tierra a su estado natural, pagar rentas a los ejidatarios por el tiempo que las explotó, y a reparar el costo ambiental de sus actividades. A pesar de las sentencias, el tribunal agrario, de nivel federal, ha sido incapaz de ejecturar las sentencias a favor de los ejidatarios, permitiendo que la minera permanezca impune.
En punto de las diez de la mañana de Londres, dos ejidatarios de El Bajío, su representante legal, y tres miembros de las asociaciones London Mining Network y London Mexico Solidarity, entraron al edificio donde se llevaría a cabo la reunión.
En el salón de juntas esperaba personal de la empresa y sus accionistas. Al frente, en el estrado, se encontraba el nuevo presidente de la compañía, Alejandro Baillères, y el director ejecutivo de la misma, Octavio Alvídrez, junto con otros representantes del consejo de administración.
La representación del ejido aprovechó la oportunidad para narrar los atropellos de la minera en el ejido El Bajío, y las violaciones a los derechos humanos que han acompañado sus acciones y las omisiones del gobierno mexicano por ya ocho años. Las actividades de la minera han desencadenado una ola de violencia sobre los y las ejidatarias, resultando en privaciones de la libertad, amenazas, secuestros, torturas, órdenes de aprensión emitidas sin fundamentos, robos de vehículos y desplazamiento forzado del territorio. Esta ola ha alcanzado su máximo punto de expresión en el asesinato de los compañeros José de Jesús Robledo Cruz, María de Jesús Gómez Vega y Raúl Ibarra de la Paz, y en la desaparición de Noemí López Gutiérrez, como lo narró uno de los ejidatarios que consiguieron recuperar las tierras.
En la reunión, la representación de accionistas señalo las mentiras y la información que Fresnillo oculta a sus accionistas. Particularmente, rechazaron las afirmaciones de la minera sobre el título de propiedad que aseguran poseer, ya que el Tribunal Agrario #28 sentenció el pasado mes de enero de 2022 que el título de propiedad número 1021745, fue otorgado a dicha empresa de forma ilegal, por lo declaró su nulidad. Los representantes del ejido compartieron en la asamblea anual de accionistas que desde el 2014 el ejido cuenta con 67 sentencias firmes y que la empresa no ha acatado la ley desde hace ocho años.
Sobre el estrado, miembros de la compañía escuchaban atentamente en un inicio, pero conforme escucharon las preguntas y testimonios de los representantes de El Bajío fueron mostrando mayor incomodidad e inconformidad hasta el punto de cerrar la junta de negocios apenas unos minutos después de que cerraran las preguntas. Ante los cuestionamientos, Alvidrez y Baillères respondieron de forma ambigua y trataron de distraer la atención hablando de la inversión social de su empresa. Ésta, sin embargo, es insuficiente para restaurar la naturaleza, devolver el oro extraido ilegalmente de la misma, y reparar o prevenir los abusos a los que ejidatarios y ejidatarias han tenido que enfrentarse en la lucha contra la minera, tal como lo compartieron con Haroon Siddique, quien documentó la protesta en una nota para la sección de negocios del diario británico The Guardian.
Mientras transcurría la reunión, personas y colectivos en solidaridad con El Bajío permanecieron fuera informando al público de las acciones de la minera en México.
En su estancia en Londres, los representantes de El Bajío han presentado su caso ante parlamentarios del Reino Unido, y han sostenido encuentros con grupos locales que resisten a la actividad minera y el extractivismo. Se han reunido, también, con académicos y profesores para compartir su experiencia de lucha por la naturaleza y en defensa de los derechos humanos. Con el apoyo del grupo de solidaridad con México en Londres (London Mexico Solidarity) y la Red de Solidaridad Zapatista (Zapatista Solidarity Network), los ejidatarios han presentado el documental ‘Tolvanera’ ante distintas audiencias en Londres y en Lancaster. La película, dirigida por Angel Melgoza, narra la historia de abusos de la minera y la resistencia de las y los ejidatarios. Estrenado en 2021, documenta la falta de acción de los gobiernos estatales y federales de las administraciones pasadas y presentes que garantizan la impunidad de la familia Baillères, una de las más ricas de México.
Los representantes del ejido continuarán su estadía en Londres, donde tienen una reuniones agendadas con organizaciones ambientalistas y defensoras de derechos humanos.
AUTOR: POZOL COLECTIVO.
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