En un pronunciamiento los 80 colectivos de familiares de personas desaparecidas de 22 estados de la República y de tres países de Centroamérica, que conforman el MNDM, recordaron que al inicio de su gobierno, López Obrador se comprometió él y a su gabinete a “fortalecer una política integral” con el objetivo de encontrar a los ausentes.
A más de tres años de su gobierno, expresaron su alarma porque este lunes la base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que opera la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), apareció con el reporte de 100 mil 008 personas desaparecidas y no localizadas, situación que resulta preocupante porque “sabemos con certeza que dicha cifra se encuentra muy por debajo de la cantidad de casos que día a día vemos y vivimos en nuestros contextos”.
Frente a “tan dolorosa cifra”, los colectivos de familiares llamaron a López Obrador “a que nos escuche y trabajemos de manera conjunta por un país menos violento en el que nadie tenga que buscar a sus seres queridos”, y lo exhortaron a encabezar los esfuerzos para lograr ese objetivo.
“Es imperativo un esfuerzo aún más decidido de su parte, señor presidente: haga de esta agenda una prioridad decidida de su gobierno, no la delegue, instruya a todas las autoridades a trabajar en esta dirección y hacerlo de la mano de las familias de forma sensible y comprometida”, apuntaron.
El MNDM recordó que sus integrantes han participado en reformas legislativas, en el impulso a políticas pública e iniciativas para localizar a las personas desaparecidas, por lo que, al rebasarse la terrible cifra de 100 mil víctimas, prevalece la “indignación y enorme dolor que esto no ha sido suficiente”.
Instaron al gobierno de López Obrador a “adoptar cada una de las recomendaciones” formuladas por el CED, presentadas en su informe en abril pasado, tras su visita a México en noviembre de 2021.
Recordaron que el CED “habló de una sociedad desbordada por el fenómeno de las desapariciones e instó al Estado mexicano a adoptar una política nacional de prevención que involucre a todas las autoridades para poner fin a las desapariciones forzadas y asegurar que las víctimas tengan acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición”.
Los colectivos de familiares de desaparecidos solicitaron al gobierno federal convocar a “una mesa de trabajo con todas las instituciones relevantes en la materia, familias de personas desparecidas y organizaciones acompañantes para establecer un plan concreto y específico” para la implementación de las recomendaciones.
Para el MNDM, entre las observaciones más relevantes del CED que deben ser atendidas, están la inexistencia de “una efectiva planeación y coordinación entre las autoridades para realizar las debidas acciones de investigación y de búsqueda”, por lo que se requieren “acciones firmes, concretas y conjuntas para avanzar en esta dirección”, aunado a que deben “acompañarse de un enfoque diferenciado que considere y contemple a las personas migrantes, mujeres, y niñas, niños y adolescentes”.
Al destacar que las fiscalías, la General de la República y las estatales, son “las principales deudoras ante las familias de personas desaparecidas”, por mantener una impunidad generalizada en estos casos, el MNDM urgió a estas instituciones, así como al presidente López Obrador y a los gobernantes en los estados que “asuman sus responsabilidades de forma cabal en materia de búsqueda e investigación, y trabajen concertada y firmemente con las familias y otras autoridades para avanzar en la verdad y justicia”.
Los familiares de víctimas recordaron que la FGR “ha sido omisa desde 2019 en la creación de bases de datos cruciales que fueron dispuestas por la Ley General sobre desapariciones”, por lo que alentaron a incluir a las familias en la creación del Banco Nacional de Datos Forenses y de Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas, “herramientas sin las cuales la búsqueda e identificación de nuestros familiares permanece desarticulada y parcial”.
Los colectivos alertaron que ante “la violencia y criminalización” de las personas de personas defensoras de derechos humanos, se garantice la protección de los familiares de desaparecidos a quienes debe involucrarse “activamente en l proceso de construcción de las políticas y acciones en la materia, desde su concepción y hasta su implementación y valuación”.
El MNDM recordó que también persiste la crisis forense, y que en 2022 esta red de colectivos denunció la existencia de 52 mil personas sin identificar, por lo que se instó a la FGR y a las fiscalías locales a colaborar con el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), “para acabar con el rezago de identificación forense, así como impulsar el fortalecimiento presupuestario e institucional de este último y de los servicios ordinarios forenses”.
En cuanto a la reciente creación del Centro Nacional de Identificación Humana, a partir de una reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, los familiares de víctimas conminaron a las autoridades a considerar a las familias durante el proceso de construcción e implementación de ese organismo y que a su vez se coordine con el MEIF.
Tras conminar al gobierno a “mantener apertura frente al escrutinio” del CED, las organizaciones que integran el Movimiento también llamaron a la comunidad internacional a “continuar caminando a nuestro lado y seguir visibilizando este grave problema que ya ha trascendido las fronteras de nuestro país”.
Asimismo, alentaron a la sociedad en general a “sensibilizarse ante esta problemática” y respaldar sus exigencias, toda vez que las más de 100 mil personas desaparecidas “no es sólo una cifra, son personas con una historia”, buscadas “en los espacios que menos se imaginan”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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