La hermana de Emilio Lozoya Austin, quien se encuentra preso, el pasado 12 de mayo, promovió un nuevo juicio de amparo contra actos privativos de la libertad y su ejecución, la cual fue librada por el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte.
En la solicitud de amparo, señaló como autoridad responsable al juez de control con residencia en el Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga Mendoza.
Frente a ello, la juez María Catalina de la Rosa Ortega, titular del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en materia Penal, se declaró incompetente para conocer el caso y lo turnó a su homóloga del Juzgado Octavo de Distrito, Luz María Ortega Tlapa, quien, resolvió los amparos que promovieron con anterioridad Emilio Lozoya y sus familiares.
En marzo pasado, un tribunal colegiado federal en ciudad de México le concedió un amparo a Gilda Susana Lozoya, que dejó sin efecto la orden de captura que se libró en su contra por dichos delitos.
El fallo ordenó al juez de control Zúñiga Mendoza emitir una nueva resolución donde determinara si la Fiscalía General de la República (FGR) justificó la necesidad de privarla de la libertad.
De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía, de junio a noviembre de 2012, se transfirieron más de 3 millones de dólares de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) a una cuenta de la que es beneficiaria Gilda Susana. El dinero fue empleado para la supuesta compra de una residencia en la colonia Lomas de Bezares.
En ese momento, los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en materia penal sostuvieron que el juez de control fundó y motivó de manera indebida la justificación de librar el mandamiento judicial, pues “fue más allá de lo que argumentó el agente del Ministerio Público.
Por ello, añadieron que ante dicha violación, lo procedente era concederle a la parte quejosa la protección constitucional.
Ello, con el fin de que José Artemio Zúñiga Mendoza, fundara y motivara debidamente el acto reclamado y determinara, a partir de lo expresamente planteado por la fiscalía, si en el caso concreto dicha autoridad justificó la necesidad de cautela para el libramiento de una orden de aprehensión.
Agronitrogenados, es una compañía que llevaba 14 años sin operar cuando fue adquirida por Pemex con equipos de 30 años de antigüedad.
Lozoya, que estuvo al frente de la paraestatal petrolera durante los primeros años del sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), defendió la compra por la gran importancia que tendría para la compañía y porque era primordial para el Gobierno la producción de fertilizantes.
Las autoridades vincularon el caso Agronitrogenados con Lozoya, quien se ha acogido al criterio de oportunidad para convertirse en colaborador de la justicia, con Altos Hornos de México (Ahmsa) y no ser detenido, sin embargo, la situación cambió y ya se encuentra preso.
Por un cambio de favores. Entre junio y noviembre de 2012, antes de que Peña Nieto llegara al poder, las cuentas de Altos Hornos trasfirieron tres millones de dólares en varios movimientos a una cuenta a nombre de Tochos Holding Limited, ubicada en Suiza, que tiene como beneficiaria a Gilda Susana Lozoya, quien era estudiante en ese entonces.
Ese dinero fue utilizado, para que Lozoya comprara a finales de 2012 una casa de mil 165 metros cuadrados. La Fiscalía asegura que el ex director general de Pemex no pagó la casa para ocultar el origen de los recursos.
Estos, en cambio, fueron triangulados a través de Tochos Holding desde Ginebra.
El 25 de mayo de 2019 la FGR solicitó la detención de Lozoya y de su hermana Gilda. Poco después, Interpol emitió una ficha roja para su captura.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
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