El caso Wallace podría dar un vuelco luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó revisar el caso de Juana Hilda González Lomelí, presa desde enero de 2006 por su presunta participación en el secuestro de Hugo Alberto, quien –de acuerdo con lo que ha sido señalado por su madre Isabel Miranda y respaldado por una resolución judicial– fue secuestrado y asesinado, pese a que la investigación sobre el crimen ha sido cuestionada en varias ocasiones.
Se trata de Juana Hilda González Lomelí, presa desde enero de 2006 por su presunta participación en el secuestro de Hugo Alberto, junto con otras personas. La revisión de su caso se suma al de Brenda Quevedo Cruz, quien también ha denunciado que fue torturada para confesar el crimen. Quevedo aún permanece en prisión pese al recurso interpuesto el año pasado por el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) para que siguiera su proceso en libertad.
El pasado miércoles 25 de mayo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la atracción del caso de Juana Hilda González Lomelí, quien fue sentenciada a 78 años y nueve meses de prisión por el secuestro y asesinato del empresario Hugo Alberto Wallace Miranda.
Con cuatro votos a favor y uno en contra, el Máximo Tribunal del país revisará el amparo directo 34/2021, al argumentar que “ante la falta de legitimación de la parte solicitante en representación de la quejosa, la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat decidió de oficio hacer suyo el escrito de solicitud de ejercicio de facultad de atracción para conocer del mismo”, se señaló en el acuerdo.
La Ministra Margarita Ríos Farjat aceptó hacer suya la petición de atracción para que la SCJN atrajera el amparo que promovió Juana Hilda, mediante el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDF), dependiente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el cual tomó su caso. En el recurso de amparo señala que la mujer fue objeto de tortura sexual y psicológica para declararse culpable del secuestro y homicido de Wallace Miranda
Juana Hilda González Lomelí fue detenida y llevada a prisión en 2006, por su presunta participación en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, quien desapareció en 2005. En 2011, González Lomelí recibió una condena de 78 años y nueve meses de cárcel luego de que un Juez federal determinó que fue responsable de secuestrar y matar a Wallace Miranda. Sin embargo, el proceso de la mujer estuvo plagado de irregularidades.
EL CRIMEN DE HUGO ALBERTO
El 11 de julio de 2005, Hugo Alberto Wallace Miranda fue secuestrado y asesinado cuando tenía 36 años de edad, según la afirmación de su madre Isabel Miranda de Wallace, misma que está respaldada por una resolución judicial, pese a que la evidencia del caso ha sido cuestionada por investigaciones periodísticas y por diversos organismos que señalan que los acusados fueron torturados para confesar el crimen.
Según la versión de la presidenta y fundadora de Alto al Secuestro, al no saber nada de su hijo, interpuso una denuncia ante entonces la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), pero como, aseguró, no tuvo apoyo de las autoridades se dio a la tarea de buscar a los presuntos secuestradores de su hijo. Para este propósito colocó varios anuncios espectaculares con los rostros de quienes acusó de ser los secuestradores de su hijo y la recompensa que ofrecía por su captura, misma que llegó a los 250 mil pesos.
De acuerdo con lo que sostiene Isabel Miranda, su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda fue llevado con engaños por seis personas a un departamento de la colonia Insurgentes Mixcoac, en la capital mexicana, en donde lo asesinaron. Su cuerpo, según esta versión, habría sido tirado en un canal de Cuemanco. Además, afirmó que los plagiarios le solicitaron un rescate por 950 mil dólares, pero se concretó la entrega.
Tras la detención de Juana Hilda González Lomelí, en 2006, se implicó en el caso a Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin, Albert Castillo Cruz, Tony Castillo Cruz, César Freyre Morales, a quienes Isabel Miranda no se ha cansado de señalar como los presuntos responsables del crimen de su hijo, pese a que varios de estos han acusado de tortura para obtener su confesión.
LAS ACUSACIONES DE TORTURA
El 9 de enero de 2006, González Lomelí fue detenida tras lo cual confesó el secuestro y homicidio de Hugo Alberto, en el que implicó al resto de los acusados. Sin embargo, como refiere el propio IFDF, la confesión de Juana Hilda habría sido obtenida bajo tortura sexual y psicológica, además, se realizó en una casa de seguridad sin la presencia del abogado defensor de la presunta responsable.
El Instituto Federal de la Defensoría Pública también destacó que durante el proceso contra González Lomelí se violó su presunción de inocencia, ya que la señora Miranda de Wallace exhibió su rostro y la presentó como responsable sin que un juzgador hubiera emitido una sentencia condenatoria en su contra, lo que sucedió cinco años después de su aprehensión, el 19 de abril de 2011, por los delitos de privación ilegal de la libertad, delincuencia organizada y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Otros de los argumentos que el IFDF subrayó en el amparo que interpuso por el caso de Juana Hilda fueron la sexualización y estigmatización que diversos medios de comunicación a nivel nacional hicieron de la mujer, a quien no sólo asignaron apodos y alias misóginos que hacían referencia a su profesión, también exhibieron su vida privada y cuestionaron su rol como madre.
Luego de la captura de González Lomelí y de que ésta confesó, bajo circunstancias irregulares, el nombre de sus presuntos cómplices, tuvo lugar la detención de Brenda Quevedo Cruz, el 28 de noviembre de 2007 en Estados Unidos, y hasta 2009 fue extraditada a México.
Pero la persecución mediática en contra de Brenda inició, como en el caso de Juana Hilda, desde 2005, cuando Isabel Miranda la exhibió en espectaculares acusándola de secuestradora, sin que en ese momento existieran pruebas periciales que confirmaran esas imputaciones, con lo que violó la presunción de inocencia de la joven, quien entonces tenía 24 años de edad.
La periodista Guadalupe Fuentes López consignó en el reportaje titulado Brenda: 14 años presa sin sentencia. Por Wallace. Pero su destino podría cambiar, publicado el 16 de julio de 2021 en SinEmbargo, que Quevedo Cruz fue objeto de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el Centro de Prevención y Readaptación Social “Santiaguito”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, el 27 de noviembre de 2009, con base en un trabajo de documentación del Grupo de Trabajo de la ONU.
“Entre las 18:30 y las 19:00 horas, personal de seguridad y custodia del centro penitenciario acudió a su celda y le comentaron que se le trasladaría a una audiencia con el director del penal. En lugar de esto, la introdujeron a un cuarto en donde se encontraban dos hombres vestidos de traje y encapuchados. Posteriormente, los hombres le vendaron los ojos, le esposaron las manos y la sentaron en una silla. Estos comenzaron a amenazarla, golpearla y colocaron una bolsa de plástico en su cabeza para crear sensación de asfixia, con el propósito de que confesará su participación en el delito acusado”, se lee en el documento del Grupo de Trabajo de la ONU emitido el 8 de octubre de 2020.
El 7 de octubre de 2010, se agrega en el informe, Quevedo Cruz fue trasladada al penal de las Islas Marías y el 13 de octubre nuevamente sufrió de actos de tortura: “se le vendaron los ojos, le envolvieron los brazos con una cobija y encima le pusieron cinta adhesiva. Posteriormente, un hombre introdujo su puño con fuerza entre sus piernas varias veces, mientras le preguntaba, “¿qué se siente?”. Continuaron echándole agua en la cara con el propósito de crear una sensación de asfixia; le suministraron toques eléctricos y la amenazaron con tomar represalias contra sus familiares”.
De acuerdo con el testimonio de Brenda, los funcionarios que la torturaron, los cuales pertenecían a la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR), le dijeron que iban por órdenes de la señora Miranda de Wallace.
Por ello, y luego de documentar graves violaciones a las garantías del debido proceso, como la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas, el Grupo de Trabajo de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) envió al Gobierno mexicano, 29 de septiembre de 2020, una misiva en la que pidió liberar a Brenda Quevedo.
“El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno de México que tome las medidas necesarias para remediar sin demora la situación de la Sra. Quevedo Cruz y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, señaló el organismo en la carta dirigida a Salvador Leyva Morelos Zaragoza, titular de la unidad contra la tortura del IFDP, instituto que pedirá ante un juez su liberación.
No obstante, el 17 de noviembre pasado un Juez federal le negó el cambio de medida cautelar promovido por el Instituto de la Defensoría Pública, para llevara su caso en libertad, por lo que Brenda Quevedo aún continúa en prisión.
LA CUESTIONADA PRUEBA DE SANGRE
En el reportaje titulado La FGR abre carpetas contra Isabel Miranda por tortura y simulación de pruebas que la periodista Sugeyry Romina Gándara realizó para SinEmbargo, se señala que la única prueba pericial con la que se sustenta el asesinato de Hugo Alberto es una gota de sangre que se localizó el 14 de febrero de 2006, en el departamento de Juana Hilda Lomelí, ubicado en la colonia Insurgentes Mixcoac, misma que se halló siete meses después del plagio y del primer cateo que se hizo en ese inmueble, el 15 de julio de 2005.
No obstante, la gota de sangre habría coincidido con el ADN de José Enrique del Socorro Wallace Díaz, esposo de Isabel Miranda, a quien se le ha señalado de mentir respecto a la paternidad de su hijo, ya que éste no sería padre biológico de Hugo Alberto, sino Carlos León Miranda, quien durante una conferencia de prensa que ofreció en el Senado, el 29 de abril de 2019, confirmó ser el padre biológico de Hugo Alberto y descartó que la gota de sangre perteneciera a su hijo.
Los defensores de Brenda también han subrayado que el inmueble en el que se habría cometido el crimen de Hugo Alberto no fue asegurado inmediatamente por las autoridades, a pesar de que se investigaba un secuestro y homicidio, e incluso fue rentado a los pocos meses, entre octubre de 2005 y febrero de 2006, y que fue el Comandante Franco [a quien Brenda ha señalado de amenazarla] quien autorizó la liberación del departamento para ser arrendado.
LOS OTROS DETENIDOS
En diciembre de 2010, fue aprehendido Jacobo Tagle Dobin, y un día después, el 5 de diciembre, fue presentado por el Procurador General de Justicia del Estado de México, en ese entonces Alfredo Castillo Cervantes, acontecimiento que contó con la presencia de Isabel Miranda de Wallace, a quien se le permitió hablar en la conferencia e incluso dar indicaciones a los policías.
Por ejemplo, cuando Tagle ingresó a la sala donde se encontraban los medios —esposado y escoltado— Miranda le pidió directamente que corroborara la declaración hecha el día anterior y en la cual implicaba a cinco personas detenidas por el caso. Además, cuando los policías lo sacaban del lugar, la señora les pidió que lo regresaran, que le levantaran el chaleco antibalas y la playera que portaba para que la prensa comprobara que no estaba golpeado. Los policías obedecieron.
Nueve años después, el 28 de noviembre de 2019, Tagle narró en un programa noticioso lo que sucedió el día de su detención, entre las afirmaciones más relevantes que hizo se encuentra el hecho de que Isabel Miranda le habló al expresidente Felipe Calderón y después continuó su tortura.
El resto de los acusados, César Freyre Morales y los hermanos Castillo, también fueron detenidos, quienes también habrían realizado su confesión de haber participado en el secuestro, bajo tortura. Pero a pesar de estos señalamientos y de diversos amparos que los acusados han interpuesto, todos continúan presos.
ISABEL MIRANDA RESPONDE A LA SCJN
Tras conocer la decisión de la SCJN sobre la resolución de González Lomelí, la también fundadora y presidenta de la organización Alto Al Secuestro y madre de Hugo Alberto, acusó al Máximo Tribunal de justicia en México de “corrupción”.
“Tal como lo anuncié todo estaba ‘PACTADO’. La SCJN atrae el caso de mi hijo. Con complicidad de Margarita Ríos Farjat, Arturo Zaldívar corrompe la justicia”, escribió en su cuenta de Twitter.
#Corrupción Tal como lo anuncié todo estaba “PACTADO”.
— Isabel Miranda de Wallace (@WallaceIsabel) May 25, 2022
La @SCJN atrae el caso de mi hijo.
Con complicidad de @MargRiosFarjat, @ArturoZaldivarL corrompe la justicia.
Anteriormente, la señora Isabel Miranda de Wallace ha expresado su inconformidad con la decisión del IFDP y ha acusado a Netzaí Sandoval, titular del Instituto, de “destinar recursos en exceso sólo para ganar notoriedad con el caso de mi hijo”, habiendo otros casos que de verdad requieren justicia.
En su cuenta de Twitter, el 14 de julio de 2021, Miranda de Wallace aseguró que cuenta con evidencia de que Brenda Quevedo sigue presentando pruebas para demorar el proceso penal y así lograr que organismos internacionales sancionen al Gobierno de México por la dilación en la justicia.
Brenda Quevedo,secuestradora de mi hijo, renunció a su plazo constitucional, para ejercer su defensa, plagó el proceso de recursos y pruebas falsas para retrasarlo. Hoy se victimiza porque no la han sentenciado 🙄🤷🏽♀️, @Netzai_Sandoval busca que se condene a México por este retraso pic.twitter.com/X2XR8nY9eW
— Isabel Miranda de Wallace (@WallaceIsabel) July 14, 2021
ACUSACIONES CONTRA ISABEL MIRANDA
Sobre este caso, la Fiscalía General de la República (FGR) inició dos carpetas de investigación en contra de Isabel Miranda por los delitos de tortura y falsedad en declaraciones judiciales en la modalidad de simulación de pruebas, según información proporcionada por fuentes del caso a este medio.
La Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría del Poder Judicial fue quien promovió las denuncias en noviembre de 2020 y en mayo de 2021, respectivamente. Sin embargo, en ambas carpetas de investigación no hay ningún avance y no se ha informado de mayores diligencias por parte de las autoridades.
La carpeta de investigación más reciente es la FED/CDMX/SE/E/2676/2021, a cargo del Ministerio Público Marcos Salazar Vallejo, la cual fue presentada el pasado 6 de mayo ante la delegación metropolitana de la FGR en la Ciudad de México por el delito de falsedad de testimonio rendido ante una autoridad judicial en la modalidad de simulación de pruebas.
La acusación señala que Isabel Miranda Torres de Wallace simuló rentar un departamento a través de un trabajador suyo para plantar una gota de sangre y la licencia de conducir, elementos que han presentado en contra de los seis acusados del secuestro de su hijo.
Pese a estas acusaciones, en 2010, el entonces Presidente Felipe Calderón otorgó el Premio Nacional de Derechos Humanos a Isabel Miranda, quien dos años después, en 2012, fue candidata a la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal por el Partido Acción Nacional (PAN), en el que aún militaba Calderón Hinojosa y por invitación de éste.
Ya en la actual administración, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió, el 23 de julio de 2021, a Olga Sánchez Cordero, entonces Secretaria de Gobernación, y a Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, revisar el “caso Isabel Miranda de Wallace”, una mujer vinculada con los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada, y a quien se ha acusado de comprar jueces y hasta torturar reos en prisión.
La solicitud del mandatario federal se dio luego de que Miranda de Wallace fue señalada por periodistas de practicar espionaje y compra jueces; también se le señaló como torturadora. Por ello, el Presidente López Obrador pidió entonces a la Ministra en retiro Sánchez Cordero y a Encinas Rodríguez que acudieran a ese recinto para informar qué han hecho y qué se hará respecto al caso.
“Bueno, pues es tan contundente lo que están planteando [los periodistas], tan fuerte sobre derechos humanos, que le voy a pedir a la licenciada Olga Sánchez Cordero y a Alejandro Encinas que vengas aquí la semana que viene para tratar estos asuntos”, dijo el Jefe del Ejecutivo federal en ese momento.
AUTOR: NORA NANCY GASPAR RESENDIZ.
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