Sin embargo, la FGR falló en acreditar que ella y su esposo fueron los supuestos líderes del entramado delictivo mediante el cual se realizaron dichos desvíos, así como los principales beneficiados. Aunque un juez federal aceptó girar una orden de aprehensión en su contra, este concluyó que no se podría probar que la pareja organizó dicho fraude, pues, según el propio expediente, lo que recibió equivale a menos del 1% del dinero desviado.
Animal Político tuvo acceso a los documentos ministeriales y judiciales del caso en contra de Gómez Mont y su esposo, el abogado fiscalista Víctor Manuel Álvarez Puga, asentados en la carpeta de investigación número FED/SEIDO/UEIORPIFAM/CDMX/0001339/2019, abierta a partir de una denuncia anónima recibida en 2019, y luego complementada con otra denuncia presentada por la Secretaría de Hacienda (SHCP).
Dicha indagatoria fue la base a partir de la cual un juez federal, Iván Aarón Zeferín Hernández, giró en 2021 la orden de aprehensión en contra de la conductora y su esposo por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. La información a la que se tuvo acceso también revela que Gómez Mont ofreció pagar los 14 millones que se le imputan haber recibido, pero la FGR se negó a aceptar el acuerdo.
El caso se filtró públicamente incluso antes de que se giraran las órdenes de aprehensión bajo la idea de que Gómez Mont y su esposo se habían enriquecido con “el desvío de casi 3 mil millones de pesos” asignados originalmente por Gobernación para el reforzamiento de la seguridad en penales federales. El juez responsable del caso incluso denunció formalmente dicha filtración y ordenó una investigación. En el expediente, los pagos probados que recibió la conductora son, en realidad, por una cantidad mucho menor.
La indagatoria a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos de Delincuencia Organizada (FEMDO, antes SEIDO) establece que en 2016 la Segob firmó dos contratos con la empresa Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética, SA de CV, por un monto de 2 mil 503 millones 155 mil pesos para el equipamiento del centro de vigilancia de los penales federales. Entre el 5 de agosto de ese año y el 3 de agosto de 2017, dicha dependencia, a través del órgano responsable de los penales, transfirió el dinero en 16 depósitos a la referida compañía.
Pero, de acuerdo con la indagatoria, Seguridad Privada era una empresa simuladora de operaciones, es decir, una empresa fantasma. La FGR concluye que los contratos eran una fachada (pues incluso se incluyeron los mismos conceptos en cada uno, como 32 pantallas con los mismos números de serie), y que los estudios de mercado de las distintas compañías que supuestamente se compararon para elegir a una eran exactamente los mismos. El objetivo era darle apariencia de licitud a la salida de los recursos.
Luego, la investigación hace una extensa documentación de la manera como, a través de cientos de transferencias y depósitos, los recursos se fueron moviendo hacia las compañías Rancel, SA de CV; Modemo, SA de CV; Comcelint, SA de CV; Tecnología e Innovación Arrimplo, SA de CV; Gupea Construcciones, SA de CV, e Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, SA de CV. Se trata, según la indagatoria, de empresas fantasma.
Estas compañías, a su vez, terminaron transfiriendo o depositando el dinero a una extensa lista de más de 100 personas físicas y morales. Es aquí donde aparece el nombre de Inés Gómez Mont, quien habría recibido dinero de dos compañías: Tangamanga, de cuyas cuentas salieron 12 retiros en beneficio de Gómez Mont por 7 millones 395 mil pesos, y Gupea, de cuya cuenta se hicieron 15 retiros por 7 millones 448 mil 816 pesos.
En total, la FGR acreditó que Gómez Mont recibió depósitos por 14 millones 843 mil 816 pesos, que equivalen al 0.5% de los más de 2 mil 500 millones presuntamente desviados. Y en el caso de su esposo, Álvarez Puga, la fiscalía acreditó operaciones por menos de 250 mil pesos.
No es líder delictiva: juez
En la acusación que la fiscalía envió al juez, se presentan cargos en contra de 12 personas físicas —entre particulares y exservidores públicos federales— y en contra de siete personas morales (empresas). A todos los señala de formar parte de una organización criminal que habría operado entre 2016 y 2019 para lavar dinero; pero, de acuerdo con la carpeta de investigación, no todos tenían la misma jerarquía.
Según la FGR, en este supuesto grupo delictivo los líderes eran justamente Gómez Mont y Álvarez Puga y, por tanto, resultarían los principales beneficiados de los miles de millones de pesos desviados del erario.
“El primer grupo de la organización innominada, se encuentra integrado por quien encabeza la organización, con función de Dirección y siendo además beneficiarios reales finales de los recursos operados a través del sistema financiero, siendo estos: Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont Arena quienes además pretendieron justificar la recepción de los recursos con una relación laboral con las empresas utilizadas, a través de la recepción de CFDI por supuestos ingresos asimilados al salario”, indica el pliego de acusaciones de la fiscalía.
Sin embargo, en su resolución, el juez Zeferín Hernández desestimó este señalamiento tras concluir que la fiscalía no acreditó con pruebas —al menos iniciales— que la presentadora de televisión organizó el presunto fraude, y menos que fuera la principal beneficiaria del mismo.
“Aunque la fiscalía apunta que Inés Gómez Mont Arena y Víctor Manuel Álvarez Puga tendrían el carácter de directores, administradores o supervisores de la organización, este aspecto hasta el momento no está acreditado, pues lo único probablemente corroborado es que fueron beneficiarios, junto con las demás personas, aparentemente en un mismo rango jerárquico; por ello no se les puede dar esta calidad (de directores o líderes)”, advierte el juez en su resolución.
No se trata de un asunto menor, ya que, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal, los líderes de una organización del crimen organizado pueden alcanzar hasta 40 años de prisión, pero si no lo son, la eventual pena se reduce a la mitad.
En la misma resolución, el juez señaló que Gómez Mont se habría beneficiado con un monto de hasta 178 millones de pesos; sin embargo, hizo ese cálculo al multiplicar por 12 y 15 los depósitos que refirió. Esto, contrario a lo que dice el propio escrito de la fiscalía, donde, si bien se señala que hubo múltiples operaciones, estas fueron por un total de 14 millones de pesos. La defensa de la conductora promovió una demanda de amparo en contra de esta anomalía.
En la determinación judicial, el juez Zeferín Hernández también aprovecha para denunciar que los datos de la indagatoria se filtraron indebidamente y pide a la FEMDO indagar el caso. Los detalles de este hecho ya habían sido adelantados por Animal Político en esta nota.
El acuerdo rechazado
En 2017, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación en contra de la presentadora de televisión por posibles delitos fiscales y lavado de dinero. Esto, tras detectar que en 2016 reportó pagos por 39 millones 518 mil pesos por supuestos honorarios de empresas que presuntamente simulaban operaciones y de una persona física. Entre esos pagos figuran los mismos que la FGR retomó en la nueva acusación contra Gómez Mont por delincuencia organizada.
En aquella primera indagatoria, abierta con el número FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001159/2017, la PGR advertía que la conductora no había cubierto los impuestos necesarios por un monto de 13 millones 572 mil pesos y que, además, el dinero provenía de empresas posiblemente fachada.
El 30 de noviembre de ese año, Gómez Mont acordó con el SAT firmar un acuerdo reparatorio por casi 11 millones de pesos, a los que se le sumó un pago más por 2 millones 604 mil pesos en junio de 2019. Sin embargo, la FGR se ha negado a aceptar como válida esta solución alterna al proceso.
El 30 de septiembre de 2021, y como resultado de un amparo que la conductora ganó para que la fiscalía argumentara su rechazo al acuerdo, la institución que lidera el fiscal Alejandro Gertz Manero concluyó que esta vía no era procedente debido a que, entre otras cosas, no se había realizado ante la Procuraduría Fiscal de Hacienda sino ante el SAT, que no estaba facultado legalmente para ello.
La FGR advirtió además que, aun cuando la conductora realizó pagos por casi 14 millones de pesos, eso en todo caso acota el procedimiento fiscal iniciado en su contra, pero no significa que la investigación que lleva el Ministerio Público deba cerrarse, pues se trata de procedimientos distintos.
Ante esa resolución, la defensa de Gómez Mont ha promovido una nueva demanda de amparo bajo la hipótesis de que la fiscalía ha insistido en rechazar un acuerdo reparatorio por pagos que ya se realizaron, y que no solo serviría para dejar sin efecto la indagatoria de 2017 sino también la nueva iniciada en 2019, y que dio paso a la orden de aprehensión en su contra.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
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