Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, explicó que cada vez que se renueva la presidencia, existe una cortesía republicana no escrita en la que al presidente se le concede la posible aprobación de un cambio a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
En el caso del presidente López Obrador, la modificación legislativa fue aprobada el 30 de diciembre de 2018, un día antes de la toma de posesión.
Romero explicó que algunos legisladores votaron en contra de algunos aspectos de las reformas, particularmente de la creación de la figura de los nuevos ‘superdelegados’, ya que invaden competencias de los estados, así como de las comisiones intersecretariales de investigación.
También se manifestaron en contra de que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se coordine con la Secretaría de Energía y de que la Secretaría de Hacienda controle las contrataciones públicas.
Sobre la figura de los ‘superdelegados’, los partidos opositores presentaron el 27 de diciembre de 2018 una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN para que resolviera sobre el asunto.
El exgobernador de Guanajuato explicó que le llama la atención que la Corte tardara tres años y cinco meses en resolver el tema. Señaló que se requerían 167 diputados para interponer la acción y finalmente fueron 174 legisladores opositores los que la presentaron.
Apuntó que “claramente hay una subordinación de la Corte al presidente de la República” y se puede ver en los nombramientos de los ministros en los que ha intervenido, como el caso de las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Margarita Ríos y Loretta Ortiz, con cuyo voto se logró la validación de la figura de los ‘superdelegados’.
Además, señaló que es “cada vez más frustrante e inexplicable la actitud del ministro presidente Arturo Zaldívar”.
Matizó que la resolución de la Corte dictada el lunes, no declara constitucional la figura, sino que asume que no es inconstitucional, por lo que consideró que existe un problema con los principios de legalidad y seguridad jurídica.
Criticó la actitud de la ministra Loretta Ortiz, de quien dijo que asumió una actitud no jurídica y sí ideológica. Relató que había sido diputada plurinominal por el Partido del Trabajo (PT).
“Si hay un poder de la Unión que debe tener independencia y desde luego colaboración con autonomía, es el caso del Poder Judicial. Cuando estamos con criterios ideológicos y subordinados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al presidente de la República, estamos perdiendo el equilibrio de poderes” descrito en la Constitución.
Acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de ser “centralista” y “no federalista”, que no se reúne con los legisladores o con los gobernadores para dialogar.
“Aquí lo que preocupa es esa decisión en particular, estamos hablando de los ‘superdelegados’, claramente es un amago para ponerle una tiendita enfrente a los gobernadores”, que minan la autoridad local y realizan tareas para convertirse en candidatos a la gubernatura.
“No estoy de acuerdo, me sorprende la lentitud de la Corte y la argumentación inapropiada” que dieron los ministros, aseguró.
Consideró que los ‘superdelegados’ no deben intervenir en los procesos electorales mediante la utilización de los programas sociales a su cargo.
“El viejo sistema electoral mexicano tuvo el abstencionismo y el fraude, ojalá que en las elecciones del domingo 5 de junio exista una copiosa votación en las seis entidades federativas”, dijo.
Romero Hicks planteó que ahora el fraude es más sofisticado, como la amenaza de la desaparición de los programas sociales, lo que es “absolutamente falso” porque varios están inscritos en la Constitución y serían imposibles de eliminar.
“Ojalá que podamos huir de estos fantasmas del abstencionismo y el fraude; en el caso de los ‘superdelegados’, deben de ser observados y estar obligados a la prudencia, a la legalidad y no estar interviniendo para manipular algún resultado electoral”, finalizó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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