Fernández de la Reguera precisó que, comparado con otros países de Latinoamérica, México es el que tiene más centros de privación de libertad de personas en movilidad, con un total de 50, la mayoría de los cuales empezaron a construirse entre el 2000 y el 2010. Y en cuanto a la detención de migrantes, detalló que en 2021 el Instituto Nacional de Migración detuvo a 307 mil 679 personas, 80.7% provenientes de Centroamérica, principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador.
En su disertación, la investigadora del IIJ-UNAM mencionó que las caravanas migrantes son un punto de inflexión importante para entender la securitización migratoria y la militarización de las fronteras a lo largo de todo México, donde a partir del 2019 la Guardia Nacional tomó facultades de verificación y control migratorio.
Aunque siempre ha habido caravanas, en 2018 se volvieron más masivas y públicas, y hoy en día muchas de ellas se conforman en territorio mexicano, por personas que llevan meses esperando su tarjeta de visitantes por razones humanitarias o su trámite de solicitud de condición de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).
Ante el hartazgo y la espera en condiciones precarias, las personas migrantes están organizando nuevas caravanas para “seguir de esta manera poniendo el tema en la agenda, generando presión y generando un grito de auxilio para que haya mejores mecanismos de asistencia humanitaria y de protección internacional”.
Las caravanas, continuó explicando la doctora, son una estrategia que encontraron para viajar de manera más protegida las personas que no pueden asumir los costos de pagar a un traficante. Es así que en las caravanas migran los más vulnerables: mujeres, mujeres con sus hijos, mujeres embarazadas, adolescentes no acompañados y personas de la tercera edad. Y quienes integran las caravanas, abandonan sus países de origen no sólo por la pobreza, sino también por la violencia criminal, la violencia de Estado e incluso la inseguridad alimentaria.
Al migrar de manera forzada, las personas que integran las caravanas necesitan protección internacional, lamentablemente el Estado mexicano reaccionó generando en 2019 todo un dispositivo de control y de securitización fronterizo y, con la llegada de la Guardia Nacional, se ha criminalizado a las personas migrantes.
El año pasado, apuntó la académica de la UNAM, se publicó la Observación general No. 5 del Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, que definió qué es una detención arbitraria, “y México cumple con todas estas características, porque hoy en México la detención migratoria es obligatoria, es generalizada, es sistemática y es automática”.
Si el Estado mexicano operativizara el principio pro personae, al que está obligado, las detenciones debieran tratarse como faltas administrativas, porque entrar a México de manera irregular no es un delito, y deberían tener un plazo de 36 horas, como estipula la Constitución. Sin embargo, hay personas que han estado detenidas hasta 10 meses en una estación migratoria –que contraviene el derecho a la libertad que estipulan los mecanismos de derecho internacional-, donde las condiciones son más precarias y violatorias de los derechos humanos que en las cárceles.
Por otra parte, la Dra. Alethia comentó que desde 2019 la Guardia Nacional se encuentra en funciones de verificación y control migratorio junto con el Instituto Nacional de Migración (INM), lo que ha creado un cinturón de contención, detención y deportación. Como dato, indicó que la Encuesta Nacional en Estación Migratoria sobre Condiciones de Viaje en México 2021, realizada en agosto y septiembre de 2021 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, muestra que el 37% de las detenciones suceden en el transporte público.
Asimismo, la presencia de la Guardia Nacional en las acciones de control y verificación, así como de resguardo de las estaciones migratorias y estancias provisionales, genera impactos importantes en las mujeres, niñas y adolescentes.
Pese a no tenerse criterios homologados para monitorear la manera en que la Guardia Nacional está llevando a cabo las revisiones migratorias, “lo que sí sabemos es que tenemos casos de serias violaciones a los derechos humanos, especialmente agresiones físicas y sexuales contra mujeres, por parte de personal de la Guardia Nacional”. Pero el acceso a la justicia y a la protección internacional se obstaculiza porque las personas migrantes son deportadas sin haber sido identificadas como posibles víctimas de delito.
En conclusión, Alethia Fernández de la Reguera Ahedo destacó tres puntos:
- A partir de las caravanas de migrantes de 2018 se consolidó la militarización del control migratorio, con efectos negativos para garantizar los derechos humanos de las personas en movilidad, especialmente mujeres, niños, niñas y adolescentes.
- La política migratoria en México está focalizada en la detención migratoria arbitraria, lo que genera impactos negativos para el acceso a la protección internacional.
- Al priorizar la detención y deportación, las medidas de protección internacional estipuladas en el marco legislativo se activan de manera reactiva, parcial y casuística.
La mesa de discusión Las caravanas migrantes en México y migración centroamericana y del Caribe formó parte del día 2 La crisis migratoria en América: Venezuela y Centroamérica, del congreso internacional Crisis migratoria en Europa y América a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, organizado por el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
AUTOR: PEDRO RENDÓN.
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