En su declaración ministerial, Ovalle —quien fue removido de Segalmex pero obtuvo un nuevo cargo en la Segob— incurrió en varias contradicciones, por ejemplo, que no recordaba haber visto el documento que lleva su firma, o que no podía corroborar la autenticidad del trazo porque este se veía borroso; incluso, admitió que pudo haberlo firmado, pero sin darse cuenta de lo que estaba autorizando, porque a diario recibía documentos para signarlos.
Animal Político reveló la existencia del oficio mediante el cual Ovalle autorizó en febrero de 2020 a su entonces director de Administración y Finanzas, René Gavira Segreste, a efectuar las inversiones en la bolsa con recursos públicos de Segalmex, empresa paraestatal creada por la actual administración obradorista.
“Después de que se me puso a la vista copia simple del documento titulado ‘Papel certificado fiduciario de Segalmex’, del 6 de febrero de 2020, en el cual se observa en la parte final (…) la autorización para la compra de papel certificado bursátil fiduciario, con cupón de seis meses, a un plazo máximo de un año y un rendimiento anual de 11%, así como de las inversiones a corto y mediano plazo, en las que la empresa obtenga rendimientos favorables; y posterior a ello, se observa la firma de René Gavira Segreste, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, como solicitante, y mi supuesta firma de autorización, en mi carácter de director general de Segalmex. Al respecto, deseo manifestar que no recuerdo haber tenido a la vista el original de este documento (en) el cual aparece mi supuesta firma”, dijo Ovalle en su declaración, que rindió ante el Ministerio Público el pasado 1 de abril y a la que este medio tuvo acceso.
Pocos días después de su declaración, el 19 de abril, Ovalle fue removido de la dirección de Segalmex sin mayor explicación y fue enviado al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) de la Secretaría de Gobernación.
Durante la entrevista con los fiscales de la FGR, el funcionario dijo que no podía reconocer la autenticidad de su firma porque no le estaban presentando el oficio original, sino una copia.
“De la firma que aparece en el documento, y que se me atribuye, no podría reconocerla, ni mucho menos ratificarla, debido a que el documento que se me pone a la vista es una copia simple, que no se encuentra legible y no se aprecia de manera nítida la firma que se me atribuye”, refirió.
Pero después dijo que, suponiendo que sí hubiera firmado el oficio, pudo no haberse dado cuenta de la relevancia de su contenido, porque, en su cargo de director de Segalmex, solía signar numerosos documentos a diario y no revisaba todos, pues, justificó, para eso estaban los directores generales.
“Ahora bien, en caso de que dicho documento, si lo hubiera firmado, éste pudo haber sido introducido entre un conglomerado de documentos que firmo a diario, y que por su volumen no me es posible leer a detalle cada uno de ellos, pues para eso se establecen las direcciones generales a las que les corresponde la revisión exhaustiva de los temas especializados, y de los cuales me dan cuenta mediante acuerdo. Por lo que, reitero, no recuerdo que se me haya informado del tema, y mucho menos que lo haya autorizado en esas condiciones, debido al riesgo que implica la inversión bursátil”, aseguró.
Ovalle –que en el gobierno de Carlos Salinas fue director de Conasupo, el antecedente de Segalmex– reconoció que la ruta legal para autorizar las inversiones bursátiles era someter la propuesta a consideración del Consejo de Administración, máximo órgano de dirección de la empresa paraestatal, y no la firma del oficio que finalmente suscribió.
“Tampoco recuerdo haber tenido un acuerdo sobre ese tema (de las inversiones) con René Gavira Segreste, ya que, por la trascendencia del monto que sería motivo de inversión, lo hubiera llevado como acuerdo ante el Consejo de Administración de Segalmex; esto, debido a que todos los asuntos relevantes de la dependencia que represento, los presento ante el Consejo para su aprobación”, comentó.
Este medio envió un correo electrónico a la dirección de comunicación social del Inafed para preguntar si su titular quería emitir un posicionamiento o comentario, pero, hasta el cierre de esta edición, no se recibió respuesta.
Procesan solo a subalterno
Con información aportada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la FGR denunció ante un juez federal el uso ilegal de 950 millones de pesos del presupuesto de Segalmex y Liconsa para la compra de certificados bursátiles fiduciarios privados.
La acusación no solo señala que dichas inversiones fueron ilícitas, sino que, además, se denunció el “extravío” de 10.6 millones de pesos en rendimientos que no fueron depositados a las cuentas institucionales.
Del total del monto invertido, 850 millones de pesos fueron tomados del presupuesto de Liconsa, y los restantes 100 millones del de Segalmex, ambas instituciones dirigidas por Ovalle.
La ASF concluyó que las operaciones bursátiles violaron los “Lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las entidades paraestatales”, pues tanto Segalmex como Liconsa perdieron el control directo sobre el dinero invertido.
A pesar de que existe el oficio de autorización de inversiones suscrito por Ovalle, solo el entonces director de Administración y Finanzas, René Gavira –quien ejecutó la instrucción– fue vinculado a proceso el pasado 6 de abril por el delito de uso indebido de facultades.
“Con la finalidad de robustecer el flujo de efectivo de la Entidad, obtener los mejores rendimientos a mediano plazo sobre los recursos propios que afectan la operación de Segalmex, como Director General del Ente, se autoriza la compra de papel certificado bursátil fiduciario con cupón de seis meses a un plazo máximo de un año, y un rendimiento anual del 11%. Así como de las inversiones a corto y mediano plazo en las que la empresa obtenga rendimientos que favorezcan las finanzas de la misma”, dice el documento de autorización firmado por Ovalle y que fue obtenido por Animal Político mediante solicitudes de transparencia.
Ovalle no solo autorizó la inversión ilícita de recursos públicos en la bolsa, sino que omitió informar al Consejo de Administración de Segalmex y Liconsa, órgano superior de dirección al que debía reportar el estado de las finanzas de las empresas públicas bajo su cargo, según consta en las actas del Consejo y de la Asamblea de Accionistas de Liconsa-Segalmex, que también fueron obtenidas vía transparencia.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ZEDRYK RAZIEL.
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