Aunque en 2020, el año más crítico de la pandemia, se volvió a registrar una baja a 89 casos, desde 2018 habían crecido poco más del doble, al pasar de 83 a 191. Además, mientras que en el periodo comprendido entre 2017 e inicios del 2021, el SJM-México atendía un promedio mensual de 17 casos de desaparición, a partir de febrero se registró un incremento que alcanzó 63 casos en agosto del año pasado.
Mediante el reporte de atención y documentación a casos, la organización señala que la detención e incomunicación de personas extranjeras en estaciones migratorias y estancias provisionales se ha convertido en los últimos años en una de las principales fuentes de desaparición, de acuerdo con su “Informe sobre desaparición de personas migrantes en México: una perspectiva desde el Servicio Jesuita a Migrantes-México”.
De las personas que han sido localizadas, alrededor del 75% estaban detenidas en estas estaciones, especialmente del sur de México, en Chiapas y Tabasco, destaca el documento.
De los mil 280 casos de personas desaparecidas en situación de migración que el SJM atendió entre 2007 y 2021, el 53% corresponden a los últimos tres años. Entre las personas reportadas como desaparecidas, el 22% nacieron en México y el 74% son hombres, “lo que permite desmentir la idea de que solo las personas migrantes extranjeras desaparecen en México y apostar por entender cuáles son las circunstancias particulares que las llevan a desaparecer”, señala el informe.
Casi la mitad (44%) son personas jóvenes, mientras que en 42% de los casos se trató de personas adultas entre los 30 y 59 años de edad, 14% niñas, niños o adolescentes de hasta 17 años, y solo un 1% personas adultas mayores. El SJM advierte que la desaparición de niñas, niños y adolescentes migrantes es un perfil que suele pasar desapercibido cuando se habla de desaparición de migrantes en México.
El 96% de las personas migrantes desaparecidas se dirigían a Estados Unidos, principalmente a Texas y California, y solo el 4% a México; en contraste, los datos del PBPMD muestran que el 94% de las desapariciones suceden en México, y únicamente un 6% en Estados Unidos.
En su Informe, el SJM-México documenta, además, que el mayor número de desapariciones tuvo lugar en el sur del país, particularmente en Chiapas (18%), seguido de los estados del norte Tamaulipas (16%), Sonora (12%) y Nuevo León (10%).
“En los casos en donde el PBPMD no pudo localizar a la persona desaparecida se presume que la desaparición pudo estar vinculada con la acción de grupos del crimen organizado o el cruce de las personas por zonas desérticas o cuerpos de agua ubicados en la frontera entre México y Estados Unidos”, se lee en el Informe.
Cuando las personas que migran desaparecen, las buscan mayoritariamente familiares directos, madres y padres en el 36% de los casos, seguidos de hermanas y hermanos (27%), parejas (15%), y primas, primos, amigas y amigos (5%). En tanto, las hijas e hijos de personas desaparecidas que les buscan representan únicamente el 2% de las solicitudes de búsqueda recibidas por el SJM-México, lo que podría relacionarse con la edad de las personas migrantes, de acuerdo con la organización.
Las solicitudes de búsqueda, agrega, fueron realizadas desde toda Centroamérica, pero particularmente Nicaragua. En México, la mayoría proviene de Chiapas, Veracruz, Estado de México y Ciudad de México.
Registros incompletos
Ni las instituciones gubernamentales de Estados Unidos ni las de México cuentan con registros completos fiables sobre las desapariciones de personas migrantes en su territorio, destaca el “Informe sobre desaparición de personas migrantes en México: una perspectiva desde el Servicio Jesuita a Migrantes-México”.
“Por si fuera poco, los registros también varían considerablemente entre sí respecto de la información que recaban y cómo lo hacen, mientras que las bases de datos no están diseñadas para comunicarse entre sí, por lo que no puede darse seguimiento a registros duplicados o que ya fueron resueltos”, dice el documento.
La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), según recupera el SJM-México, reportó recientemente que existen al menos 2 mil personas en situación de migración desaparecidas en México. Tanto las organizaciones como el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU han estimado que podría haber cientos más no reportados a autoridades, asociaciones u organismos internacionales.
En tanto, el Equipo Argentino de Antropología Forense tiene un registro de mil 421 personas desaparecidas en situación de migración entre 2010 y 2020, así como 223 identificaciones de restos óseos, 113 en Estados Unidos y 110 en México. El Movimiento Migrante Centroamericano calcula, por su parte, alrededor de 80 mil casos de desapariciones.
Las cifras de las autoridades mexicanas, precisa el Informe del SJM-México, son las que más evidencian el subregistro. Animal Político publicó que desde 1965 hasta hoy, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) únicamente contempla a 57 migrantes desaparecidos, y cuando se específica la categoría de situación migratoria irregular, el número desciende a 14. Desde enero de este año, en total se registran 11, pero solo una cuando se específica la situación migratoria irregular. El RNPDNO no refleja a las personas mexicanas desaparecidas en contextos migratorios.
“Existe una gran diversidad de actores que participan en la desaparición de las personas que transitan por México, ya sea por desaparición forzada o por incomunicación con sus familiares, lo que las convierte en personas desaparecidas. Ambos se dan, en la mayoría de los casos, multifactorialmente”, explica el documento.
Las deudas del Estado mexicano
Además de la falta de datos certeros sobre las desapariciones en contexto migratorio que ocurren todos los días, indispensables para conocer realmente la magnitud del problema, la política actual del Gobierno de México, basada en la contención del flujo migratorio, ha provocado que la detención de personas en movilidad haya aumentado considerablemente en los últimos años, a excepción del 2020, cuando inició la pandemia, señala el SJM-México.
Según datos de la Unidad de Política Migratoria, las detenciones han pasado de 131 mil 445 en 2017 a 307 mil 679 en 2021, lo que representa un incremento de más del doble en un periodo de cuatro años.
“Estos datos son de gran importancia cuando se estudia la desaparición de personas migrantes, ya que como el SJM-México ha documentado y denunciado con base en los casos que atiende a través del PBPMD, la detención e incomunicación de personas extranjeras en estaciones migratorias y estancias provisionales se ha convertido en una de las principales fuentes de desaparición”, afirma la organización en su informe.
La incomunicación se ha convertido en una práctica común, agrega, a pesar de que el Estado mexicano se encuentra obligado a garantizar el derecho fundamental a la comunicación de migrantes detenidos, como determinan la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la propia Ley de Migración.
El SJM-México recuerda la afirmación del CED en el reciente informe de su última visita a México: “Las personas migrantes también son un grupo particularmente vulnerable frente a las desapariciones. Las masacres de San Fernando, Cadereyta y Camargo son solo algunos ejemplos. Hemos recibido información de personas que iniciaron su ruta migratoria y terminaron en fosas clandestinas. Otras se encuentran ilegalmente privadas de su libertad sin comunicación con el mundo exterior, lo que las convertiría en personas desaparecidas”.
Por ello, el SJM señala que es urgente la puesta en marcha de un registro nacional de detenciones migratorias, de acceso público, que además es una obligación establecida en la Ley Nacional del Registro de Detenciones, publicada en 2019. Desde entonces, más de 334 mil personas migrantes han sido detenidas y puestas a disposición de la autoridad migratoria, sin que la información haya sido registrada.
“La creación de este registro es urgente, pues el Sistema de Consulta permitiría que familiares de personas migrantes desaparecidas y quienes las acompañan en esta búsqueda puedan acceder a información vía remota sobre su posible paradero en un centro de detención, o bien, descartar esta hipótesis y emprender las acciones necesarias para su búsqueda por otros medios”, indica el informe sobre desaparición de personas migrantes en México.
Además, una de las principales dificultades para las familias es la posibilidad de presentar una denuncia o reporte de desaparición fuera de México, así como dar seguimiento al proceso. En 2015, la ahora Fiscalía General de la República (FGR) publicó el acuerdo mediante el cual se creó el Mecanismo de Apoyo Exterior (MAE), que sufrió modificaciones con la aprobación de la Ley General en materia de desaparición de 2017. Desde entonces, como publicó Animal Político, no se han publicado los nuevos lineamientos correspondientes.
Estos deberían asegurar la coordinación de cinco instancias: la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la FGR, el Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), como ha señalado también la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), que durante la visita oficial del CED a México hizo hincapié en que sean emitidos a la brevedad.
Los informes de atenciones del MAE implican al menos 328 casos de personas migrantes desaparecidas, mientras que en el RNPDNO apenas pasan los 50. “Aún falta implementar de manera eficiente una herramienta que permita a las familias de personas migrantes desaparecidas realizar y dar seguimiento a denuncias y reportes de desaparición desde sus países de origen. El MAE es el medio por el que deberían estarse otorgando estas facilidades”, apunta el SJM.
De acuerdo con su informe, la prevención de la desaparición de personas migrantes es un asunto al que el Estado mexicano está dando poca o nula atención, a pesar de ser una obligación consignada en tratados internacionales. Para ello, son indispensables como punto de partida los registros actualizados de personas migrantes desaparecidas y detenidas, así como la eficiencia del MAE y la emisión de políticas públicas tendientes a prevenir la desaparición.
El SJM dedica la última parte de su informe a los desafíos en el acceso de familiares de personas migrantes desaparecidas a acompañamiento psicosocial, pues aunque generalmente tienen presente que la despedida puede ser el último contacto por el riesgo de desaparición o muerte, ante el hecho “atraviesan un proceso que les desgasta desde el momento de pérdida de contacto, durante el proceso de búsqueda, y hasta el cierre de este, especialmente cuando la persona es localizada sin vida”.
Los casos de incomunicación, además, generan crisis emocionales tanto en las personas en situación de migración forzada detenidas como en los familiares que dejaron atrás. “El SJM-México ha exigido en repetidas ocasiones al Instituto Nacional de Migración que cumpla con su obligación de permitir que las personas que están detenidas en sus estaciones migratorias se comuniquen inmediatamente con sus familiares”, reitera el informe.
Este martes, el INM informó que, tras una mesa de diálogo con la XVI Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos, proveniente de Centroamérica, se abrirán los archivos del Registro Nacional Migratorio para que puedan verificar si aparece alguno de sus familiares, así como los del personal del INM para ubicar a servidores públicos que hayan extorsionado; se dará seguimiento a las quejas o denuncias en ese sentido, se renovarán sus tarjetas humanitarias y se mantendrá un enlace permanente con ellas.
#Comunicado 🗞| @INAMI_mx brinda apoyo a las y los integrantes de la XVI Caravana de Madres Centroamericanos proveniente de Honduras 🇭🇳 El Salvador 🇸🇻 y Guatemala 🇬🇹 que ingresó a México el pasado 1 de mayo. https://t.co/4QtmaCBlFw pic.twitter.com/FDg4XDazun
— INM (@INAMI_mx) May 10, 2022
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.
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