De acuerdo con una nota del diario La Jornada, el caso concluyó con sanciones a exfuncionarios que fueron identificados como responsables de la desaparición del expediente en el que constarían las pruebas de los presuntos actos ilícitos.
La nota firmada por Gustavo Castillo señaló que se sancionó a exfuncionarios que fueron identificados como responsables de la desaparición del expediente en el que constarían las pruebas de los actos ilícitos.
El castigo consistió en que los indiciados solo realizarán acciones de servicio social y ofrecerán una disculpa pública por no haber resguardado la documentación original y dejado en su lugar una copia de la versión pública con todos los datos importantes testados (tachados o borrados), apuntó.
“Los representantes de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la fiscalía general de la República (FGR) se opusieron a esa conclusión. Argumentaron que se debía sancionar con pena de prisión a los indiciados, porque el agravio causado lo resintió directamente la SFP, y la sociedad en general por el tipo de asunto materia de investigación, pues el expediente extraviado es de trascendencia nacional”, indicó.
Pero la magistrada Isabel Cristina Porras Odriozola determinó conceder a los imputados lo que se denomina un mecanismo alterno de solución y una suspensión condicional del proceso penal, añadió.
Indicó que la resolución del tribunal fue emitida en septiembre de 2021. El pasado jueves 26 de mayo un juez de control, con sede en el Reclusorio Norte, cumplió la sentencia dictada por la magistrada Porras Ordriozola.
Destacó que la magistrada concedió los beneficios de la suspensión condicional dentro de la resolución emitida en la Toca Penal 206/2021-NS —de la cual La Jornada asegura que tiene copia—, a José Gabriel Carreño Camacho, exsubsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas; a Jesús Antonio Suárez, exdirector general de Denuncias e Investigaciones y a Daniel Pérez Rueda, exdirector General Adjunto de Investigaciones B, todos de la SFP, que tuvieron bajo su responsabilidad el resguardo del expediente original de la investigación realizada por esa dependencia en 2015.
En diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió que la entonces titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, acreditara la corrupción del sexenio de Peña Nieto y solicitara el expediente del escándalo conocido como La Casa Blanca, ya que la dependencia exoneró administrativamente al exmandatario y a su esposa, pero la SFP no había presentado la correspondiente denuncia penal.
“Información desahogada durante las audiencias iniciales de la causa penal 56 / 2021 , construida con las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), que dirige María de la Luz Mijangos Borja , se detectó que el expediente original había desaparecido y en su lugar había una versión pública de la resolución, sin anexos, ni los contratos que presuntamente firmó Angélica Rivera con Televisa, ni las pruebas que acreditaran los ingresos para adquirir la llamada Casa Blanca, ni el dictamen contable que supuestamente se elaboró durante la gestión de Peña Nieto”.
En mayo de 2019 la SPF presentó una denuncia ante la FEMCC en contra de quien resultara responsable de la desaparición de dicho expediente. Por esa razón la FEMCC no pudo investigar el fondo del caso, es decir los actos de corrupción relacionados con la Casa Blanca.
Los tres exfuncionarios de la SFP fueron llevados a juicio, debido a la laxitud de la ley para sancionar el delito de ejercicio indebido del servicio público y que la condena de cárcel no superaba los cinco años como media aritmética.
El juez de control, quien inicialmente se había negado a otorgar los beneficios de la suspensión condicional del proceso, decidió con base en la resolución del tribunal unitario, que los acusados solo realizarán actividades de servicio social y ofrecerán una disculpa pública por haber desaparecido el expediente original del caso y dejar en la bóveda de seguridad de la ASF una copia testada de la versión pública de la investigación realizada.
En noviembre de 2014, López Obrador señaló durante una gira proselitista por Tabasco: “Todavía busco al tonto que crea” que el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú vendió al entonces mandatario Peña Nieto la residencia de Lomas de Chapultepec, conocida como la Casa Blanca, valuada en 85 millones de pesos.
Durante sus mandatos como gobernador del estado de México y como presidente de la República, hubo señalamientos de que Peña Nieto incurrió en diversas irregularidades para la asignación de obras al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, como la ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y las obras para el Tren México-Querétaro, el Acueducto Monterrey IV, Autopista Toluca-Naucalpan y la remodelación del Hangar Presidencial, apuntó.
Datos relevantes
De acuerdo con la denuncia presentada por la ASF y que se desahogó en la causa penal 56/2021 instruida en contra de José Gabriel Carreño Camacho, Jesús Antonio Suárez y Daniel Pérez Rueda, estos fueron los hechos:
- El 29 de septiembre de 2017, Daniel Pérez Rueda ingresó a la bóveda de seguridad de la ASF cuatro cajas cerradas y selladas que referían contener cinco expedientes de investigación substanciados y concluidos por la Dirección General de Denuncias e Investigaciones para su resguardo y conservación. En la relación de expedientes iba el de la Casa Blanca, supuestamente.
- El 9 de noviembre de 2018 se una elaboró constancia de hechos, en la que se asentó que José Gabriel Carreño Camacho, en compañía de Alfonso de Guadalupe Ramírez Castillero, jefe de Departamento de Recursos Financieros, devolvieron de forma económica dos cajas identificadas como caja 2 y caja 3, las cuales referían al expediente DGDI/DGAI-B/DIE/SER/052/2016, que era como se identificó al expediente de la Casa Blanca.
- El 29 de noviembre de 2018 en la SFP se elaboró una constancia de hechos, en la que se asentó que Daniel Pérez Rueda, a las 17:40 horas, junto con José Gabriel Carreño Camacho y Alfonso de Guadalupe Ramírez Castillero, devolvieron de forma económica dos cajas identificadas como caja 1 y caja 4, las cuales referían a los expedientes DGDI/097/2014, DGDI/020/2015, DGDI/DGAI-B/DI-D/CFE/108/2016 y DGDI/DGAI-B/DI-D/SEDATU/110/2016. Haciéndose constar que en relación con el expediente DGDI/097/2014 -expediente de la Casa Blanca-, no se trataba del original, sino de una copia certificada de una versión pública.
- Según las indagatorias nunca se constató de manera formal y documental que en las cajas estuviera el expediente original de la investigación administrativa relacionada con la Casa Blanca y los contratos con la empresa Higa.
- El 29 de noviembre de 2018, dos días antes del cambio de gobierno, los funcionarios informaron a quienes ocuparían la titularidad de diversas instancias en la ASF que no estaba el expediente original.
- El 9 de marzo de 2021, un juez de control con sede en el Reclusorio Norte vinculó a proceso a José Gabriel Carreño Camacho, Daniel Pérez Rueda y Jesús Suárez Hernández por el delito de Ejercicio Ilícito de Servicio Público.
- El 26 de mayo de 2022 se celebró audiencia de suspensión condicional a proceso, con lo cual terminó este caso. Se le impuso a Gabriel Carreño y coacusados residir en un domicilio fijo, prestar servicios sociales y una disculpa pública en una audiencia que se celebrará dentro de seis meses.
Cierran el caso #CasaBlanca con ridículas sanciones.
— La Jornada (@lajornadaonline) May 30, 2022
Ex funcionarios que eliminaron expediente original ofrecerán disculpas y realizarán servicio social.
El fallo del Tribunal Unitario en Materia Penal, pese a que sólo dejaron copias con datos borrados.https://t.co/BKtX5HziiL pic.twitter.com/g16PoCICZY
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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