Las mujeres y personas gestantes mayores de 12 años podrán recibir el servicio de interrupción de embarazo en caso de violación en cualquier hospital público, independientemente de si presentaron una denuncia ante el Ministerio Público o si tienen la autorización de sus padres, según la decisión de la Suprema Corte.
La votación se llevó a cabo en el pleno, donde 10 ministros contra uno determinaron que las controversias constitucionales interpuestas por Aguascalientes y Baja California sobre la NOM son infundadas, pues los criterios de prevención y atención que prevé dicha normatividad fue reformada en 2016 por la Secretaría de Salud (Ssa) para ajustarla a lineamientos de la Ley General de Víctimas (LGV) de 2013.
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— Suprema Corte (@SCJN) May 24, 2022
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El Ministro Luis María Aguilar, autor de los proyectos, observó que las víctimas de violación pueden no presentar una denuncia penal debido al estigma social que existe.
“Las agresiones sexuales corresponden a un delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que conlleva, aunado a la naturaleza traumática, por lo que la interrupción del embarazo en casos de violación es una medida que tiende a acatar las obligaciones Constituciones y convencionales para casos violencia contra las mujeres, donde el principio de buena fe es indispensable para evitar la revictimización de las personas”, notó.
En su turno, la Ministra Margarita Ríos-Farjat recalcó que seguir con un embarazo no deseado producto de una violación es una forma de tortura y malos tratos, mientras que el Ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea argumentó que las niñas y personas gestantes deberían de poder solicitar un aborto sin autorización de sus padres.
“No podemos perder de vista que México ocupa el primer lugar en abuso infantil entre los países miembros de la OCDE. De esas violaciones, en 90 por ciento se produce en el interior de los hogares y el entorno familiar. Entonces, supeditar la decisión de las niñas y de las personas gestantes al consentimiento de los padres podría implicar en demasiados casos la anuencia de sus agresores”, dijo el Ministro.
La NOM prevé que el personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no necesitará verificar el dicho de la solicitante con respecto a la violación, pues la LGV ordena proveer estos servicios, así como de anticoncepción de emergencia, a toda víctima de abuso sexual, independientemente de su edad, y únicamente contempla el consentimiento de los padres si la niña o persona gestante tiene menos de 12 años.
FALLOS DE LA SCJN SOBRE EL ABORTO
En septiembre del año pasado, la Suprema Corte sentó otro precedente para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en México.
En ese momento, el máximo órgano judicial declaró inconstitucional el artículo 196 del estado de Coahuila que criminaliza el aborto en cualquier etapa del embarazo, lo que sienta una jurisprudencia y obliga a los jueces del país a fallar a favor de las mujeres.
“A la luz de la Constitución, que no prohibe el aborto, ¿puede el Estado castigarlo?”, cuestionó la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat al compartir el proyecto del Ministro Luis María Aguilar. “En 2008 hubo una sentencia en favor de la mujer y en 2012 la Corte Interamericana resolvió que no es procedente otorgar el estatus de persona al embrión”.
La Ministra señaló que un Tribunal no puede sustentar sus decisiones en creencias personales porque no constituyen principios universales. “Estoy en contra de estigmatizar a quienes toman la decisión de abortar. Nadie se embaraza en ejercicio de su autonomía para después abortar. Los abortos clandestinos son una realidad, se calcula que en México se realizan hasta un millón de abortos al año y de éstos una tercera parte se complica”.
Además del estigma de abortar, añadió, enfrentar una sanción penal es demasiado para una mujer, por esta razón, dijo, “me inclinó a no penalizar la interrupción voluntaria del embarazo”.
Al momento, el aborto sólo ha sido despenalizado en ocho de los 32 estados del país: Guerrero, Ciudad de México, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Baja California, Sinaloa y Colima.
AUTOR: REDACCIÓN.
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