Jaime García Chávez, el activista que presentó la primera denuncia formal contra César Duarte por fundar su propio banco con recursos públicos, acusó que desde el Gobierno de Chihuahua se creó un “ambiente de misericordia” para el arribo del exgobernador y advirtió que hay un grupo que lo protegerá.
El activista Jaime García Chávez, quien presentó la primera denuncia formal contra César Duarte por usar recursos públicos para fundar su propio banco, acusó que desde el Gobierno de Chihuahua —que encabeza María Eugenia Campos Galván— se creó un “ambiente de misericordia” para el arribo del exgobernador y señaló que hay un grupo que lo protege, pues desde hace meses varios de los implicados en su presunta red de corrupción han sido liberados y han salido a los medios de comunicación diciendo que fueron perseguidos políticos del exgobernador panista Javier Corral Jurado.
“En Chihuahua se ha construido todo un ambiente, un pre-escenario para que César Duarte llegue y sea puesto en libertad, porque todos los altos funcionarios de Duarte, que se vieron involucrados en hechos de corrupción y que fueron presos, han publicado páginas y páginas completas en los periódicos diciendo que fueron torturados, violentados y que la prisión para ellos fue una persecución política. Entonces hay un ambiente de piedad y misericordia inducida desde el Gobierno del estado, que a su vez éste mantiene en la administración pública a cómplices de Duarte”, dijo el abogado en entrevista con SinEmbargo.
No obstante, no es la primera vez que el activista ha advertido de que en Chihuahua el grupo que apoya e impulsa a César Duarte ha tomado fuerza y ha estado preparando el terreno para que el exmandatario sea presentado casi como un “mártir” y sea liberado: “El Gobierno de María Eugenia Campos y la red fundamental de los medios más influyentes que hay en Chihuahua han estado preparando el terreno para convertir a César Duarte en un mártir de una persecución política”, dijo desde el pasado 6 de abril.
El abogado reiteró que el caso del exgobernador se convertirá en el rostro de la corrupción, siendo “una gran burla para Chihuahua” porque, advirtió, la defensa de Duarte no sólo buscará que el exmandatario lleve su proceso en libertad y que sea exonerado, sino que además intentará que le reparen el daño y le regresen todos los bienes que le han quitado, lo que generará un problema al Gobierno de María Eugenia Campos.
“Duarte está podrido en dinero y nada más viene a responder por 95 millones con la posibilidad de obtener su libertad. Así están las cosas; claro y va a sonar a una burla para la sociedad chihuahuense y se va a leer como un favor del Gobierno”, expresó.
El abogado destacó que todo eso es posible porque muchos de los integrantes del grupo duartista siguen “enquistados en la administración pública” de la panista María Eugenia Campos, es decir, que siguen en el poder.
“Vemos que eventualmente Duarte buscará quedar exonerado. Entonces, vemos que, como decía Duarte: ‘El poder sirve para poder’ —una de las frases que constantemente decía el exmandatario en sus discursos—… Este Gobierno lo estaría arropando. Este Gobierno desearía que no lo trajeran porque María Eugenia Campos recibió más de 10 millones ilícitamente el exsecretario de Hacienda de Duarte”, destacó el abogado.
EXTRADICIÓN Y, ¿LIBERACION?
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó por la tarde de ayer que el Gobierno de Estados Unidos había autorizado la extradición de César Duarte para que sea juzgado en México por los delitos de asociación delictuosa y peculado por millones de pesos.
El avión de la FGR que trasladó al exgobernador de Chihuahua arribó al hangar de la dependencia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, posteriormente fue puesto a disposición de las autoridades de Chihuahua.
El exmandatario llegó a bordo del jet Bombadier Challenger con matrícula XB-NWD, que ha sido utilizado para el traslado de delincuentes como Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
“Es la conclusión de una larga etapa, que involucró a todo el Gobierno de Javier Corral y lo que va de esta administración, para que se extradite a una persona. Pasaron prácticamente cinco años y medio para que Duarte sea puesto frente a su juez, esto es de entrada inadmisible, sin embargo, pues es mejor que suceda (tarde) a que no suceda”, indicó Jaime García Chávez.
César Duarte Jáquez fue detenido en Estados Unidos el 8 de julio de 2020, después de permanecer prófugo desde 2017. Es señalado como el autor y artífice de una red de corrupción que desfalcó al estado de Chihuahua.
En noviembre del 2020, la Juez Lauren Louis, Magistrada de la Corte de Miami, en Florida, determinó su extradición a México para hacer frente a los cargos que se le imputan. La orden fue dictada nueve meses después de la audiencia del 26 de enero de 2021, en la cual la Jueza adelantó que se inclinaría por avalar la extradición, luego de manifestar su escepticismo sobre los alegatos de la defensa.
El exmandatario originario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) —del cual fue expulsado— enfrenta 21 órdenes de aprehensión por presunto desvío y malversación de recursos, entre las que destaca la llamada “Operación Safiro”, la trama de corrupción que involucra al menos a 12 empresas fantasma para desviar 650 millones de pesos de los gobiernos priistas de Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México y Sonora, así como del Congreso de Morelos y de la Alcaldía capitalina Milpa Alta, para supuestamente beneficiar campañas políticas del tricolor.
Jaime García Chávez explicó que se espera que Duarte sea liberado después de ser presentado ante el juez, incluso, estimó que esto podría ocurrir la siguiente semana.
El activista explicó que la “libertad” consiste en que pueda llevar su proceso penal fuera de prisión debido a que por motivos del Tratado Internacional de Extradición sólo se le podría procesar por una de las 21 órdenes de aprehensión en su contra, la referente al delito de cohecho por un monto de 96 millones de pesos, que no amerita prisión preventiva.
“Eso quiere decir que otros delitos tan graves (que presuntamente cometió) como el enriquecimiento ilícito, el tratar de crear un banco, violaciones a las leyes bancarias del país, así como el cúmulo de denuncias que presentó (el exgobernador) Javier Corral se van a ir ‘al caño, a la basura’ y quedarán en la impunidad […] es decir, esas denuncias quedarían purificadas por un mecanismo de extradición que ha tolerado el Gobierno chihuahuense y que ha tolerado la Fiscalía de Gertz Manero y antes la PGR”, dijo.
La Fiscalía General confirmó que Duarte Jáquez fue extraditado por una causa: por el delito de cohecho por un monto de 96 millones de pesos, que no amerita prisión preventiva. Además, la dependencia detalló que entregará al exgobernador a las autoridades de Chihuahua para que sea puesto a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, en esa entidad, quien fue el que libró la orden de aprehensión el 8 de octubre de 2019.
¿MARÍA EUGENIA CAMPOS EN LA MIRA?
La Gobernadora María Eugenia Campos ha sido señalada como parte del grupo duartista, incluso tuvo un proceso penal abierto en su contra al ser acusada directamente por el exsecretario de Hacienda de Chihuahua, Jaime Herrera, de haber recibido 10 millones de pesos cuando era Diputada local, para presuntamente apoyar proyectos enviados por Duarte al Congreso.
La Gobernadora María Eugenia Campos dijo este jueves estar lista para dar continuidad a las denuncias pendientes y recordó que la FGR también puede solicitar la atracción del caso al ámbito federal, para lo que su administración está dispuesta a colaborar para hacer justicia.
“Estamos listos para coadyuvar, colaborar y acompañar en todo momento a la autoridad federal a fin de que se alcance la justicia en beneficio de los chihuahuenses”, aseguró.
No obstante Jaime García Chávez señaló a María Eugenia Campos Galván de haber permitido que César Duarte dispusiera a su antojo de los recursos de la entidad.
“Había un maridaje del PAN y particularmente de la fracción parlamentaria en el Congreso local, en el cual Maru Campos era la tercera figura de los diputados en la Comisión de vigilancia de la Auditoría Superior del estado y dejó pasar y dejó hacer, eso me queda claro, como queda claro también que Javier Corral le entregó, de manera ilícita y corruptiva, dinero público a Maru Campos con destino a las manos de César Jauregui, firmado”, dijo el abogado la noche de ayer, en entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado, en el programa Los Periodistas que se transmite en SinEmbargo Al Aire.
Jaime García Chávez también detalló que el exgobernador Javier Corral se aprovechó de esta situación para intentar descarrilar la carrera de Maru Campos a la gubernatura del estado al promover un juicio penal en su contra por el delito de cohecho. Sin embargo, un día antes de asumir el cargo, la Fiscalía General del Estado retiró las acusaciones.
“Javier tenía en su escritorio el expediente Maru Campos, el expediente que luego quiso emplear para descarrilarla en su carrera hacia la gubernatura. Javier Corral empezó tolerando parte de la corrupción para poder llegar, porque obviamente que Maru Campos era candidata muy fuerte por el Ayuntamiento de Chihuahua y Javier empleó la lucha anticorrupción con una finalidad distinta, para promocionar a un candidato que es Gustavo Madero, pero luego Javier Corral, su gobierno, se desiste de la acción, un día antes de que Maru Campos asumiera el cargo se le desvinculó del juicio penal que se le había iniciado por orden del ejecutivo y de la Fiscalía de Chihuahua”, expresó.
LA DENUNCIA FEDERAL
La causa penal en contra del mandatario en materia federal, que es la denuncia presentada por Jaime García Chávez en septiembre de 2014, donde lo acusa de enriquecimiento ilícito por la cantidad de 65 millones de pesos que, se presume, fueron empleados para crear un banco del exgobernador, es decir el caso del banco Unión Progreso de Chihuahua, que se quedó estancado en la FGR.
Al respecto, García Chávez recordó que, en el último tramo del sexenio anterior, “Enrique Peña Nieto solicitó, a través de la PGR, que se decretara el no ejercicio penal contra Duarte, es decir, quiso irse de la Presidencia dejando en libertad a su amigo César Duarte”, dijo el abogado.
No obstante, el activista tuvo que recurrir a dos amparos que finalmente obligaron a la ahora FGR a que justificara esa pretensión de la no acción penal, “cosa que no ha sucedido hasta ahora”, comentó.
García Chávez también reprochó la inacción de la FGR pues dijo que, si las autoridades acatan lo que estipula el Tratado de Extradición, todos los delitos graves que cometió Duarte quedarán en la impunidad.
“Si nos atenemos a lo que dice y estipula el Tratado de Extradición pues Duarte si viene por un delito de peculado agravado por 95 millones ya no habrá poder humano que establezca nuevas acusaciones y el cúmulo de delitos muy graves, entre ellos el que denuncié 23 de septiembre del 2014, que la Procuraduría General de la Fiscalía General de la República dejó en el archivo”.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.
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