Para el especialista en derecho constitucional, Julio Jiménez, y el activista, Jaime García Chávez, el exgobernador César Duarte podría no ser castigado con todo el peso de ley y por el contrario podría ser liberado en pocos años debido a los vicios que tuvieron desde un inicio las investigaciones en su contra.
“Veo difícil que al exgobernador le puedan encuadrar nuevas causas penales o le puedan acreditar la probable responsabilidad de nuevos delitos. Incluso veo difícil que puedan aterrizar (en un juicio) por el que ya lo están procesando debido a lo desaseado que fue el proceso y la investigación en contra de él”, explicó en entrevista con SinEmbargo el doctor en derecho constitucional, Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados.
Por su parte, Jaime García Chávez, activista y abogado, destacó que no se necesita que la Cancillería pida al Gobierno de Estados Unidos autorización para procesar a Duarte Jáquez por otros hechos, sino que el Poder Judicial de Chihuahua podría reclasificar el delito por el cual lo están procesando penalmente.
“No necesariamente tienen que pasar por la Cancillería, el Juez de la causa contra Duarte puede reclasificar, y creo yo que ahí está el secreto para que Duarte sea realmente castigado porque si se va el asunto nada más por donde lo están encauzando lo más seguro es que él, a la postre, se salga con la suya”, dijo.
El pasado 9 de junio, el Juez Humberto Chávez Allende vinculó a proceso penal al exgobernador César Duarte Jáquez por los delitos de peculado y asociación delictuosa, luego de 12 horas de audiencia. El Juez dio un plazo de seis meses al Ministerio Público para el cierre de la investigación y confirmó que el exmandatario se mantendrá en prisión preventiva como medida cautelar.
Duarte Jáquez, quien fue detenido en Miami en 2020, tenía al menos 21 órdenes de aprehensión en México —una de ellas federal— por diversos cargos de corrupción, como presuntamente haber malversado, en suma, al menos mil millones de pesos de fondos público.
Ningún exgobernador en la historia del país había acumulado más órdenes de aprehensión que César Duarte Jáquez. Las 20 denuncias presentadas por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua lo acusan, entre otros delitos, del desvío de mil 200 millones de pesos del erario público durante su mandato en esa entidad. La otra salió desde la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y lo acusa del desvío de 79 millones de pesos de las arcas estatales.
Los millones de pesos federales recibidos por la administración de César Duarte, que debían destinarse para programas a fin de beneficiar a los chihuahuenses habrían ido a parar a las campañas electorales del PRI en 2016, de acuerdo con las imputaciones de la Fiscalía General a cargo en ese entonces de César Peniche, en el gobierno del panista Javier Corral Jurado.
Duarte Jáquez, luego de cinco años y medio de dejar el poder, finalmente fue extraditado por Estados Unidos a México el pasado 2 de junio; no obstante, por motivos del Tratado Internacional de Extradición el mandatario es procesado sólo por el delito de cohecho por un monto de 96 millones de pesos.
“Eso quiere decir que otros delitos tan graves (que presuntamente cometió) como el enriquecimiento ilícito, el tratar de crear un banco, violaciones a las leyes bancarias del país, así como el cúmulo de denuncias que presentó (el exgobernador) Javier Corral se van a ir ‘al caño, a la basura’ y quedarán en la impunidad […] es decir, esas denuncias quedarían purificadas por un mecanismo de extradición que ha tolerado el Gobierno chihuahuense y que ha tolerado la Fiscalía de Gertz Manero y antes la PGR”, explicó previamente en una entrevista a SinEmbargo el abogado Jaime García Chávez.
El pasado 8 de junio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se revisará el caso de César Duarte a fin de que rinda cuentas ante la justicia por todos los delitos que cometió, pues aseguró que su Gobierno no será “alcahuete”.
Según expresó el mandatario nacional, parecía desconocer que el exgobernador sólo puede, de momento, ser juzgado por una sola causa, la cual, además podría haberle dado la opción de llevar el proceso en libertad.
“Yo tengo información de que se le puede juzgar por todos los presuntos delitos que cometió. Esa es la información que tengo. De todas maneras, voy a hacer una revisión para que no vaya a omitirse el que existen posibles delitos y que la extradición sólo conduzca a uno o a dos, y que estando aquí ya pueda obtener su libertad”, dijo López Obrador.
No obstante, de acuerdo con el Fiscal de Chihuahua, Roberto Fierro Duarte, aún habría una posibilidad para que el exmandatario pudiera ser juzgado por las 21 órdenes de aprehensión: que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pida una autorización al Departamento de Justicia de Estados Unidos para la ejecución de las otras órdenes de captura que pesan contra César Duarte.
“En cuanto a las demás órdenes de aprehensión que tiene en su contra, requieren superar la excepción del principio de especialidad, es decir, en este caso también hay que informarles que la Fiscalía de Chihuahua ya solicitó a la FGR, para que ésta a su vez realice lo propio con la Secretaria de Relaciones Exteriores y pida al Departamento de Justicia de los Estados Unidos la ejecución del resto de las órdenes de aprehensión, lo anterior de conformidad al Artículo 17 del Tratado de Extradición”, señaló el funcionario chihuahuense en rueda de prensa ofrecida el pasado 3 de junio.
Sin Embargo para el especialista en derecho, Julio Jiménez, y el abogado activista, Jaime García Chávez, el exgobernador César Duarte podría no ser castigado con todo el peso de Ley.
Julio Jiménez consideró que, en el proceso, la defensa de Duarte puede salir avante, debido a que al día de hoy no hay “mayores elementos de prueba superveniente que fortalezcan los argumentos de la Fiscalía General”.
El vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados también dijo que diplomáticamente ve “muy difícil que el Departamento de Justicia acceda a la petición diplomática que pide la Fiscalía de Chihuahua que la SRE le haga a Estados Unidos”.
“Lo veo imposible, jurídicamente hablado. Va a ser muy difícil que (las fiscalías) puedan acreditar la petición para que el Departamento norteamericano les conceda el retiro de la regla de especialidad del Tratado de Extradición. No habría elementos suficientes, no hay elementos circunstanciales que abonen o que aporten pruebas supervenientes”, dijo el especialista.
El abogado explicó que el problema de fondo, en casos emblemáticos, viene desde la raíz porque las autoridades, con un afán de buscar una revancha política integran mal las carpetas de investigación, vulneran el debido proceso y eso a la larga le abre la puerta a la defensa de exgobernadores acusados de corrupción a ganar sus procesos en los tribunales a través de amparos.
“Puedo decirte con profunda decepción hacia la propia Procuraduría, hoy Fiscalía de Justicia incluso la Federal, que no han sabido manejar y no han sabido integrar las carpetas de investigación en tan escandalosos y mediáticos casos como el de César Duarte, como el de Javier Duarte de Ochoa y el del propio Emilio Lozoya, que se han vuelto más un espectáculo mediático o político, a un litigio y un verdadero ejercicio de administración y de procuración de Justicia”, dijo.
Y añadió: “ese es el riesgo de manejar políticamente o no integrar correctamente carpetas de investigación, que terminan riéndose de la autoridad y terminan saliendo impunes e inmunes de cualquier acción posterior, gracias a un manejo político de las causas de investigación”.
Por su parte, Jaime García Chávez, abogado y activista que denunció desde el 2014 a César Duarte y ha dado seguimiento a las acusaciones en contra del exmandatario, dijo que para aplicar la cláusula de especialidad no se necesita estrictamente que el Gobierno federal haga una petición a Estados Unidos para enjuiciar por más causas a Duarte, sino que la justicia de Chihuahua, si quisiera podría hacerlo reclasificando el delito.
García Chávez explicó que la cláusula especialidad del Tratado de Extradición significa que a Duarte “no se le puede acusar por ninguna otra cosa después de que se decretó su extradición conforme a esa cláusula de especialidad”.
Sin embargo, detalló que esa cláusula admite excepciones y una de ellas es que se puede reclasificar el delito sólo con la condición de que no haya una pena mayor a la que se estipula en el delito por el cual fue enviado, en este caso peculado agravado.
“Esa reclasificación además exige que haya conexión con otros hechos de corrupción, o sea que se refieran al mismo delito”, detalló.
Por ello, el activista anunció que él y ciudadanos organizados contra la corrupción van a exigir que las autoridades reclasifiquen el delito y que al hacerlo incluyan la denuncia por la creación de un banco de él con recursos públicos.
No obstante, para Jaime García Chávez aún existe otro riesgo para que Duarte Jáquez obtenga su libertad en pocos años. El activista recordó que en seis meses se cierra la investigación y que en caso de que el Juez lo declare culpable, el exgobernador aún puede apelar a la sentencia ante el Poder Judicial de Chihuahua.
“Lo que puede llegar a ser una sentencia de primera instancia, todavía admitiría una apelación que sería resuelta por Supremo Tribunal de Justicia en Chihuahua que está plagado de gente comprometida con César Duarte. Lo que podemos decir es que la presidencia (del Supremo Tribunal) y alrededor de 12 o 13 magistrados tienen compromisos muy firmes con César Duarte lo que hace dudar de la neutralidad de la justicia en Chihuahua”.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.
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