En dicha audiencia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) pretendía, ahora sí, hacer la imputación a 10 exservidores públicos por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad culposos, incluido Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro.
La del próximo lunes sería la quinta audiencia, continuación de la inicial, sobre el caso. Las otras cuatro se han diferido por distintas circunstancias y en medio de las protestas de los abogados particulares de las víctimas.
De acuerdo con el abogado Teófilo Benítez, representante privado de 12 víctimas, el juez está obligado a una excusa para abstenerse de conocer el caso de la llamada “Línea Dorada”, pues él mismo aceptó que existe un impedimento que podría perturbar la imparcialidad en el proceso.
La denuncia fue presentada el pasado 12 de mayo ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos con el número CI-FIDCST/B/UI-B-3 C/D/1922/05-2022.
En ella se argumenta el “retardo y el entorpecimiento indebidamente de la procuración y administración de justicia. Por ello, le solicitamos al juez que se excusara, debido a que es muy notoria su falta de dirección en las audiencias haciéndolas dilatorias”.
En un video, Teófilo Benítez detalló que dichas audiencias han durado entre 6 y 7 horas, pero apenas se ha identificado a las diversas representaciones de las partes. Además, en ellas el juez “confunde a las víctimas directas con indirectas y, lo que es peor, confunde a los occisos o a los lesionados, revictimizando a las víctimas. Eso ha quedado grabado en audio y video de las audiencias”.
Por si fuera poco, acusó que dicho juez “siempre suspende las audiencias para deliberar, lo que nos deja ver que el suspender de manera repentina la audiencia lo es para ir a pedir línea de cómo resolver”.
De acuerdo con el documento emitido por la Unidad de Gestión Judicial 5 del Poder Judicial de la Ciudad de México, firmado por el propio juez, y difundido por el abogado de las víctimas, en el artículo 42 de la Ley Procesal Nacional se establecen los efectos de la excusa y recusación, “indicando para tal efecto que el juzgador se abstendrá de seguir conociendo de la audiencia correspondiente, ordenará la suspensión de la misma y sólo podrá realizar actos de mero trámite o urgentes, que no admitan dilación".
Por ello, al no iniciar aún la formulación de imputación contra los acusados, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece en su Artículo 29 que, al no estar en presencia de una diligencia que la ley prevé como urgente, se deja sin efecto la audiencia inicial sin detenido del próximo 6 de junio a las 10 horas, hasta en tanto quedé resuelta la excusa planteada por el asesor jurídico de las víctimas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
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