Al asomarse al acantilado, descubrieron con estupor que el hombre borracho de posh que estaba causando tanto escándalo era un policía municipal de San Juan Cancuc. Los vecinos del barrio decidieron organizarse para rescatarlo y entregarlo a sus colegas. Fue poco más tarde que el policía municipal Antonio Aguilar Pérez falleció.
Tras el rescate de Aguilar Pérez, mucha gente del barrio se congregó en la calle. Entre ellos estaba Manuel Sántiz Cruz, presidente del Comité de Derechos Humanos San Juan Evangelista de Cancuc, colectivo que es parte del Pueblo Creyente, un movimiento católico cercano a la teología de la liberación. Ahora, él y cuatro compañeros suyos —todos indígenas tseltales— están acusados del asesinato del policía, a pesar de que no hay pruebas en su contra.
En más de una asamblea, Sántiz Cruz se ha opuesto al presidente municipal, José López López (PRI). En algunos casos fue por un conflicto relacionado con la invasión de unos potreros, en otros casos fue por oponerse a la presencia de una base de la Guardia Nacional en su territorio o por criticar un megaproyecto llamado Carretera de las Culturas.
En su primera elaboración, hace unos 20 años, la Carretera de las Culturas quería conectar a las ciudades de San Cristóbal de Las Casas y Palenque para beneficio del turismo. La oposición de las comunidades indígenas, preocupadas por la intención de Fonatur de transformar Chiapas en una “nueva Cancún”, llevó al congelamiento del megaproyecto en 2008, pero la actual administración decidió retomarlo y ampliarlo unos 300 kilómetros. Aprobada por el Congreso de Chiapas en diciembre de 2019, la nueva Carretera de las Culturas pretende conectar los balnearios y sitios arqueológicos de la zona de Palenque con las playas de Pijijiapan, y funcionaría como bisagra entre el Tren Maya y el Corredor Transístmico.
Ante esto, 45 comunidades de San Juan Cancuc se declararon en resistencia civil en contra de la autopista y en muchos municipios de Chiapas la resistencia al megaproyecto se ha revitalizado, al mismo tiempo que se ha reactivado la represión en su contra.
“Es preocupante la situación de los defensores comunitarios, lo que está pasando en San Juan Cancuc lo podemos vincular con la situación de José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano de Chilón”, afirma Victórico Gálvez Pérez del Centro de Derechos Humanos Frayba (CDH Frayba).
Se refiere al caso de otros dos defensores tseltales que también se oponen al paso de la Carretera de las Culturas en sus comunidades, ubicadas en el municipio de Chilón, y que fueron detenidos en octubre de 2020 durante una manifestación en contra de la presencia de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio.
La mañana después del accidente con el policía, a las 7:00 horas del domingo 29 de mayo, un operativo conjunto de tres patrullas de la Guardia Nacional, tres del Ejército y dos de la policía municipal detuvo en San Juan Cancuc a Manuel Sántiz Cruz. Con él fueron arrestados Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar, también integrantes del Pueblo Creyente.
Durante 24 horas, los tres hombres estuvieron desaparecidos e incomunicados y, cuando sus abogados lograron dar con su paradero, obtuvieron una carpeta de investigación donde la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena relata una detención por posesión de mariguana que supuestamente ocurrió en la mañana del lunes 30 de mayo, en el barrio San Diego de San Cristóbal de Las Casas. Sus defensores buscaron testigos que declararan que la detención había ocurrido el día antes y en San Juan Cancuc, y finalmente los tres detenidos quedaron en libertad. Fueron liberados en la misma noche del martes 31 de mayo e inmediatamente arrestados por el homicidio del policía de San Juan Cancuc.
“La Fiscalía Indígena solicitó orden de aprehensión el día 31 de mayo a las 15:41 y el Juez de Control les otorgó la orden esa misma fecha a las 15:40, un minuto antes de que existiera formalmente la solicitud ministerial”, escribe el Frayba en un comunicado. “Esto corrobora la premeditación de la criminalización de las autoridades de justicia en el proceso de fabricación de delitos a las personas defensoras y la falta de imparcialidad del órgano de justicia, así como la colusión existente entre ambas instancias con el objetivo de convertir la maquinaria penal en un instrumento de criminalización de las personas defensoras de derechos humanos”.
El martes 31 de mayo, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez atestiguaron que sus tres compañeros habían sido detenidos el domingo en San Juan Cancuc, y no el lunes en San Cristóbal de Las Casas, como señalaba su carpeta de investigación. Al día siguiente, los dos se encontraban en una camioneta frente al Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas, junto con los familiares de los tres detenidos y dos acompañantes del Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR), esperando a que sus abogados salieran del juzgado.
Tres camionetas de la policía estatal y tres vehículos particulares con integrantes de la Policía Especializada de la Fiscalía Indígena, que iban de civiles, se estacionaron a su lado. Unos 30 hombres armados bajaron y, entre jalones y gritos, detuvieron a los dos campesinos.
“Soy su abogado y me tienen que notificar adónde se los llevan”, les dijo su representante legal, aterrado por la desmesura del operativo.
“Tienen orden de aprehensión y los llevamos”, le contestó un policía, que le mostró un documento sin darle tiempo para leerlo.
Las seis camionetas arrancaron rumbo a San Cristóbal de Las Casas, y los dos detenidos aparecieron horas después donde se los habían llevado, en el Juzgado de Control.
Hay otras tres órdenes de aprehensión en contra de pobladores de Cancuc, que se encuentran resguardados en sus comunidades. Ahora, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez están detenidos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5 de San Cristóbal de Las Casas, con sus tres compañeros Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar.
Esto, a pesar de que las acusaciones en su contra están basadas sobre los señalamientos de un solo policía y que no existe una autopsia que compruebe científicamente la causa de muerte. Solo existe una valoración médica donde se habla de “fallecimiento por paro cardiorrespiratorio por choque hipovolémico”. Están acusados del homicidio de un hombre sin que haya prueba de que fue asesinado.
El sábado, el Pueblo Creyente abrazó a sus cinco compañeros detenidos en el CERSS número 5. Lo hizo con una peregrinación: una marcha que rodeó los muros del penal. Personas expusieron pancartas que pedían libertad para los cinco y cantaron letanías leves, que en parte sonaban a rezo y en parte a lucha. “No es posible encerrar la verdad”, decía una.
La peregrinación dibujó un anillo alrededor de la cárcel y concluyó frente al portón de entrada, donde los peregrinos prendieron copal y velas blancas a lado de una Biblia en tzeltal. Leyeron salmos y gritaron consignas, mientras una joven pastaba ovejas a su alrededor, los policías del otro lado de las rejas les sacaban fotos y los carros transitaban en la carretera como si nada estuviera pasando.
“Estamos aquí para exigir justicia para nuestros hermanos presos y por esto decimos: los miramos de enfrente porque caminamos con la verdad”, dijo el padre José Luis de San Juan Cancuc, que como sus compañeros está en espera de la audiencia. La tarde de este lunes, un juez decidirá si vincular a los cinco detenidos a proceso y dejarlos en prisión preventiva, o no vincularlos y ponerlos en libertad.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ORSETTA BELLANI.
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