La audiencia en contra de César Duarte por los delitos de peculado y asociación delictuosa continuará el próximo miércoles 8 de junio a las 08:00 horas, en donde se decidirá la situación jurídica del exmandatario, mientras permanecerá internado en el Centro de Readaptación Social (Cereso) número 1 de Aquiles Serdán.
Asimismo, el Juez fijó la fecha del miércoles 8 de junio a las 08:00 horas, en donde se decidirá la situación jurídica del exmandatario, en tanto que Duarte permanecerá internado en el Centro de Readaptación Social (Cereso) número 1 de Aquiles Serdán, un municipio aledaño a la capital.
En la audiencia, los ministerios públicos solicitaron como medida cautelar la prisión preventiva, derivado de que existe riesgo de fuga bajo el argumento que el exmandatario estatal puede salir nuevamente de México y así evitar la justicia. Además, se recordó que César Duarte fue detenido en el extranjero, por lo que tuvo que necesitarse una orden de aprehensión y extradición para que regresara al país.
Prisión preventiva a #CésarDuarte
— Raíchali (@raichali) June 6, 2022
Estará un año en prisión para enfrentar el proceso pic.twitter.com/A3gX0NY0yu
La audiencia de formulación de imputación de cargos contra César Duarte Jáquez había sido suspendida en varias ocasiones debido a problemas de salud que presentó el imputado y exgobernador de Chihuahua.
A través de un examen médico se confirmó que el exmandatario tiene una hernia en la columna para lo cual trae una fama soporte, es hipertenso, bajo tratamiento, y tiene múltiples procedimientos quirúrgicos, siendo el más significativo en el área lumbar.
EXTRADICIÓN DE DUARTE
Duarte gobernó Chihuahua, estado vecino de Texas, de 2010 a 2016 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Al acabar su mandato, se trasladó a vivir a Estados Unidos y fue detenido en Miami en 2020 gracias a una orden de captura con fines de extradición emitida un año antes. Se le acusa de los delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos con penalidad agravada.
Según la acusación, Duarte, en colaboración con otros funcionarios y con personas ajenas a la función pública, “logró efectuar acciones que resultaron en el desvió de recursos públicos por la cantidad de más de 96 millones de pesos mexicanos extraídos entre los años 2011 y 2014″, indicó el Gobierno mexicano el jueves. Se estima que hay más de 40 exfuncionarios involucrados.
La Fiscalía estadounidense que estudió el caso en Miami, donde Duarte permaneció detenido casi dos años, focalizó su atención en una serie de testigos reservados que trabajaban en el gobierno de Chihuahua y han asegurado que Duarte les ordenaba desviar fondos públicos para fines personales, como pagar impuestos y tarjetas de crédito.
Su sucesor al frente del Gobierno estatal, Javier Corral, del Partido de Acción Nacional (PAN), aseguró que Duarte dejó tras de sí una “amplia red de corrupción” y una deuda estatal de más de dos mil millones de dólares.
En paralelo a esos delitos, que son del ámbito estatal, existen investigaciones que apuntan a que desvió dinero público para la campaña electoral de 2016 del PRI, el partido del expresidente Enrique Peña Nieto, un delito que debe perseguirse en el fuero federal.
AUTOR: REDACCIÓN.
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