A 14 años de los hechos, no hay justicia pues las madres y padres de las víctimas siguen batallando para que la exoneración de Guillermo Zayas, quien diseñó y ejecutó el operativo, no se haga efectiva.
Hasta hoy, la única persona sentenciada a 25 años de prisión por corrupción de menores –no por el operativo– es el encargado de la discoteca, Alfredo Maya Ortiz.
A pesar de que el New’s Divine operaba ilegalmente, sus licencias habían sido renovadas y la clausura del lugar revocada antes del operativo, que estuvo mal planeado y ejecutado, además de que sus consecuencias fueron manejadas incorrectamente por las autoridades encargadas de la investigación.
Leticia Morales Bravo, madre del joven Rafael Morales Bravo, quien falleció a los 18 años la noche de ese 20 de junio, asegura que a las madres y padres jamás se les ha hecho justicia y ahora han tenido que promover una apelación para que el Tribunal Superior de Justicia recibiera el expediente de Zayas y determine una decisión definitiva sobre su exoneración.
La jueza interina del Juzgado Décimo Noveno Penal de la Ciudad de México ordenó cancelar la orden de aprehensión que se había girado en su contra en 2016, por homicidio y lesiones culposas, con el argumento de que la acción punitiva ha prescrito por temporalidad, aunque originalmente prescribía hasta 2030.
Para Leticia, todo lo que ha pasado desde el operativo de 2008 le genera más que desilusión porque después de 14 años no hay ningún culpable y todas las personas que participaron en el operativo siguen libres. Por ello, el consejo de madres y padres prepara un amparo para buscar la revocación de todas las exoneraciones de mandos y elementos de la Unipol.
“Francamente, justicia aquí no va a haber. Nunca hicieron nada porque se aclarara esto, cada día que pasa es la desilusión para nosotros como padres, porque han pasado 14 años y todos se fueron libres, no hubo ningún culpable; eso, como mamá, deja mucho dolor en mí persona porque era mi único hijo”, dijo Leticia.
La madre de la víctima aseguró que además de que la justicia sigue sin llegar, ni siquiera reciben atención de los servidores públicos en funciones, pues “no les interesa saber nada, ni del dolor que le causaron a las familias”.
New’s Divine: Sheinbaum no los recibe
La mamá de Rafael confiesa que lo más doloroso es que siempre dicen públicamente que les ayudarán, que les brindan apoyo psicológico y les reciben siempre que lo desean, pero la realidad es diferente.
Desde que Claudia Sheinbaum inició su periodo al frente de la Jefatura de Gobierno, las madres y padres la han buscado sin éxito:
“Nos fuimos a formar para que nos atendiera; si cinco minutos nos dio, fueron muchos, y nos dijeron que nos iba a hablar la semana siguiente, cosa que no pasó”.
A Leticia le sorprende que no quiera platicar con ellos o decirles lo que considera que están haciendo mal. Además, cuando fueron a pedir el expediente para la defensa, al que siempre han tenido derecho, la jueza interina los trató como si les estuviera haciendo un favor.
“Hemos estado batallando para que se nos entregue el expediente y podamos tener por lo menos una defensa pareja; y no lo hemos conseguido: no sabes toda la lucha que hemos estado haciendo para poder sacar el expediente, para poder defendernos. Yo le reclamé por qué siempre nos informan ya que se van a vencer los tiempos”, cuenta Leticia.
El Informe especial sobre violaciones a los derechos humanos en el caso New’s Divine, publicado en julio de 2008 por la Comisión de Derechos Humanos capitalina, da cuenta de las violaciones a derechos humanos cometidas por la entonces delegación Gustavo A. Madero, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP -DF) y Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Entre las irregularidades están la falta de previsión y la ausencia total de un enfoque de protección al interés superior de la infancia y la adolescencia, la detención de personas menores de edad no se ejecutó por personal policial capacitado, así como a que se considere ese interés superior en todas las medidas o gestiones administrativas y de procuración de justicia.
Las diversas omisiones de los elementos y mandos de la Unipol redundaron en una ausencia de ambulancias, personal médico y personal capacitado para atender contingencias, con lo que violaron también el derecho a una atención médica integral de calidad.
De esos hechos en particular fueron responsables, de acuerdo con la Comisión, el Director Ejecutivo Regional VI en GAM, Guillermo Zayas González, quien diseñó y ejecutó el operativo; y el Subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rosales Gamboa, quien lo aprobó.
Leticia asegura que aunque los exfuncionarios no admiten su responsabilidad, ellos como familiares de las víctimas no se van a rendir.
“No sabemos qué va a pasar, estamos igual; sabemos que esto se acaba aquí, pero creo que no nos debemos rendir porque nuestros hijos no se lo merecían.
Independientemente de que sabemos, y nos queda más que claro, que no va a haber justicia, sí queremos que la gente sepa que todo el sistema está hecho un asco porque a nadie le hacen justicia; a todos nos mandan a la carpeta de investigación para llegar al olvido, y es lo que pasó con nuestro caso”, lamenta.
El colectivo de padres y madres también exigen atención al caso de Jennifer Martínez, quien padece lesiones de por vida debido a que le fue negada la atención médica. En este caso existe material audiovisual que muestra el momento en el que la bajaron de la ambulancia, la hicieron caer y su cabeza golpeó en el pavimento.
“Quedó muy mal y buscamos apoyarla para que le quiten el candado que le pusieron a sus apoyos, porque la chica come por sonda, usa pañal, necesita a una enfermera porque la joven no camina. Era lo que queríamos hablar con ella (Sheinbaum), pero nunca nos ha dado la atención. Yo sí quisiera saber cuál es el problema que tiene con nosotros, porque nosotros, hasta donde sabemos, no tenemos un problema con nadie”, reclama Leticia.
Querer llegar a la justicia no quiere decir que el consejo de madres y padres quiera atacar a nadie o adoptar una actitud agresiva. Sin embargo, muchos continúan con la defensa y la lucha por la justicia en condiciones adversas, con carencias o enfermedades.
Aunque hoy Leticia está convencida de que no habrá ningún político o servidor de alto rango en la cárcel, pide que al menos se les exponga públicamente como a cualquier persona:
“Por decir, a los que matan y no son importantes, a ellos sí los agarran rápido… Me gustaría que nos dijeran cuál es la diferencia entre uno de los pobres, porque son pobres, y uno de ellos; creo que la justicia debe ser pareja”.
Según el informe especial de la CDH capitalina, en el operativo en la discoteca New’s Divine –que tenía ese giro desde 1994, antes con los nombres Grecos, Acrópolis y Divine– tuvieron alguna responsabilidad, directa o indirecta, el entonces jefe de Gobierno, Marcelo Luis Ebrard Casaubon; el Procurador General de Justicia, Rodolfo Félix Cárdenas; el Secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega Cuevas, y el entonces Jefe Delegacional en GAM, Francisco Chíguil Figueroa.
Impunidad, memoria y criminalización de la juventud
A 14 años de lo ocurrido en el New’s Divine, Leticia Morales Bravo remarca que extraña mucho a su hijo, a quien recuerda como “un chavo que no se metía en broncas, que estaba estudiando para ser alguien en la vida, y que yo creo ese día fue una mala decisión ir a festejar a ese lugar”.
Hoy que se cumple un aniversario más, asegura que lo importante es que la tragedia no se olvide, pues después vinieron también el incendio de la guardería ABC y la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, mientras la policía sigue actuando de la misma manera:
“Esta lucha que hemos tenido ya casi a 14 años creo que bien vale la pena por los jóvenes que todavía están con vida, porque yo desgraciadamente ya no tengo al mío y por eso seguimos, para que la policía cambie, pero cada día la policía es más violenta en cuanto a los jóvenes”.
Asegura que la actuación de la Comisión de Derechos Humanos local tampoco ha sido la más adecuada, porque la actual presidenta se comprometió, cuando se estaba postulando, a ayudarles a encontrar verdad y justicia, y no les ha recibido nunca. A Leticia le produce tristeza haber confiado en autoridades que supuestamente iban a actuar diferente.
“Nos despedazaron, o por lo menos a mí, en mi caso personal, no tengo más; él era mi único hijo, entonces no sé si me va a alcanzar la vida para llegar a donde yo quiero, pero mientras yo pueda moverme, caminar e ir a donde tenga que ir, lo voy a hacer. La pérdida de un hijo para nosotros es muy fuerte. A mí me dejaron sola, sin ganas de salir adelante”.
Héctor Pérez, entonces visitador adjunto de la Comisión de Derechos Humanos local, recuerda el caso como uno que evidencia las malas investigaciones que nunca se corrigieron por soberbia de las autoridades capitalinas, por lo que hoy solo cumple sentencia el encargado de la discoteca. El resto consiguió amparos y el caso quedó en la impunidad.
Pérez asegura que el tema principal fueron las deficiencias en la investigación que se construyó sin bases sólidas y al vapor, por querer darle respuestas a la ciudadanía de un día para otro. Todo a pesar de que desde entonces se comprobó la mala coordinación entre la policía y la entonces Procuraduría, las fallas en la ejecución del operativo y las órdenes contradictorias que se dieron durante éste.
“Me parece que no fue un acto bien planeado, bien ejecutado, y en este caso, era parte de una estrategia también de criminalización de la juventud: ¿cuál era la necesidad de hacer un operativo para tratar de detener a jóvenes que estaban consumiendo bebidas alcohólicas?, ¿por qué utilizar elementos policiales en su contra o de las personas que venden?… En ese momento actúas con investigación; me parece grave, me parece que había otras formas, menos ese despliegue de la fuerza pública con tan terribles consecuencias”, señala Héctor Pérez.
El informe de la CDH consigna que a partir de su análisis, no sólo resultó evidente la falta de planeación del operativo y una desastrosa ejecución, sino que una vez producida la crisis más grave en la que ya habían perdido la vida varias personas, los servidores públicos involucrados siguieron violentando los derechos de las y los adolescentes, que en este caso fueron resultado de la criminalización y estigma de jóvenes de los estratos más pobres de la sociedad.
Para Pérez, en su momento hubo un arropamiento importante de las víctimas, sobre todo por parte de la Comisión, e incluso el Gobierno otorgó programas sociales, viviendas, indemnizaciones y facilidades para el Memorial New’s Divine, pero “todo eso está incompleto si no hay justicia: si bien hubo un ejercicio importante de verdad por parte de la Comisión, y un acto de reparación por parte de la ciudad, nunca hubo un cumplimiento al derecho de las víctimas, que es la justicia, y ya no lo habrá, porque ya todas las instancias legales se agotaron”.
El caso New’s Divine es un ejemplo de impunidad en la ciudad y no hay forma de decir lo contrario, sostiene. Además de la falta de castigo a los responsables, volvieron a ocupar cargos públicos, tanto en el caso del entonces jefe delegacional en Gustavo A Madero, Francisco Chigil, como en el del coordinador del operativo, Guillermo Zayas, que después tuvo un cargo en Campeche, luego se dio a la fuga y terminó enfrentando un proceso en libertad.
“La impunidad es grave y creo que es una burla para las víctimas saber que un funcionario público cometió errores graves, que le costaron la vida a sus hijos e hijas; y después regresó al servicio público como si nada hubiera pasado… Me parece que sí hay poca memoria de la ciudad, de la ciudadanía y de las autoridades”, asegura.
Respecto a la criminalización de la juventud, él cree que existen avances, pero como resultado de una conquista de la juventud; y de los espacios que ha logrado ganar levantando la voz y a fuerza de este tipo de tragedias, no por voluntad de las autoridades. Sin embargo, todavía en el sexenio pasado hubo muestras de esta criminalización con los movimientos estudiantiles que surgieron entonces.
“Siempre hay esa tentación autoritaria de criminalizar a la juventud; a veces hay periodos de tregua, pero me parece que no es imputable a la autoridad, sino que es una conquista de la juventud”, advierte Pérez. Por ello, conservar la memoria es fundamental, pues no solamente evita que algunos hechos se repitan, sino que cada año es indispensable recordar quiénes fueron los funcionarios responsables de una tragedia.
Este año, Erika Janette, Alejandro, Daniel Alan, Isis Gabriela, Rafael, Mario, Mario Alberto, Leonardo y Heredy, de entre 13 y 29 años, así como los policías Pablo, Remedios y Pedro, serán recordados por sus familias mediante una ofrenda de acceso libre en el Memorial New’s Divine, ubicado en Eduardo Molina sin número, esquina con Calle 312, colonia Nueva Atzacoalco, alcaldía Gustavo A. Madero, a partir de las 8:00 horas, así como con una misa que se realiza cada año a las 17:00 horas.
“Nunca nos imaginamos lo que le iba a pasar, la verdad, y para mí es tan difícil estar sin él porque yo no tengo más, y con el tiempo dicen que se olvida; no, con el tiempo se recuerda más a las personas, y en ese sentido, ese es mi caso y yo lo vivo día a día: si volteo para todos lados, me veo sola. No me hubiera gustado que mi hijo muriera de la forma en que murió”, lamenta Leticia.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.
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