“Con este acto nos quedó clara la incomprensión del subsecretario Alejandro Encinas y el director de Estrategias Félix Santana de la magnitud del daño causado por la represión de todos estos años, pues con toda infamia omitieron decirnos que quienes asistieran estarían sentados a lado de algunos verdugos y perpetradores y de sus familias”, aseguraron en un comunicado.
Además de la indignación por compartir el espacio con los perpetradores de los crímenes contra sus familiares, los activistas repudiaron la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de levantar un monumento a los soldados caídos durante 1965 y 1990, a pesar de que reprimieron a la población en eventos como la marcha del 2 de octubre de 1968 o el periodo de la Guerra Sucia.
Los militares que encabezaron los actos de represión, señaló Eureka, “no deben ser honrados y ni siquiera ser comparados con todos nuestros jóvenes revolucionarios, que revestidos de dignidad arriesgaron sus vidas y su libertad por una patria mejor”.
Por el contrario, aseguró que “este gobierno está obligado por las leyes que dice respetar y defender a dar las respuestas que exigimos desde hace casi 50 años”.
De acuerdo con los activistas y familiares, el decreto presidencial por el que se abrieron los archivos, campos militares y bases aéreas para la investigación de las desapariciones y otras violaciones a los derechos humanos es “efímero”, pues caduca en 2024, y “limitante”, porque sólo abarca desde 1965 hasta 1990, “negando completamente la concatenación que existe del delito de desaparición forzada” hasta la actualidad.
Comunicado:
AUTOR: REDACCIÓN.
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