Con recelo y cuestionamientos sobre su efectividad y el uso político que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le podría dar, organizaciones de libertad de expresión y de periodistas recibieron el anuncio de la creación del Programa de Seguridad Social para Periodistas por Cuenta Propia a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La iniciativa oficial es calificada como “imposición” al no haber sido producto de una consulta entre los periodistas por la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Medios de Comunicación contra la Precarización Laboral, Asamblea #TenemosQueHablar, mientras que Artículo 19 alerta sobre el riesgo de que el programa se utilice para cooptar a los profesionistas.
La medida surge a mitad del año más violento para el gremio periodístico, con un registro de 11 periodistas asesinados en lo que va de 2022, sumando 36 durante el sexenio de López Obrador, quien ha mantenido un discurso hostil hacia medios y periodistas, por lo que en su más reciente informe la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alerta que las muertes de periodistas “se insertan en un escenario preocupante de escalada de ataques, amenazas e intimidaciones contra la prensa en México”.
Dado a conocer el martes 7 de junio, fecha que hace 71 años fue instaurada por editores de periódicos y el entonces presidente Miguel Alemán Valdés como Día de la Libertad de Expresión, el programa presentado por el vocero presidencial, Jesús Ramírez, estaría diseñado para atender a poco más de 6 mil trabajadores por cuenta propia o freelance de los medios de comunicación, que corresponderían al 14% del los 41 mil 113 trabajadores catalogados como periodistas y redactores por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, durante el cuarto bimestre de 2021.
El proyecto presidencial, que correrá a cargo del IMSS, contará con un presupuesto de 760 millones de pesos, que corresponden al 25% de la partida destinada para este año para la contratación de publicidad oficial por 3 mil 40 millones de pesos, recursos con los que se cubrirán cinco seguros para los beneficiarios, de enfermedades y maternidad, de riesgo de trabajo, invalidez y vida, de retiro y de guarderías.
En la conferencia matutina, el vocero presidencial advirtió que para tener acceso a los beneficios, los interesados deberán pasar por la certificación de un comité consultivo integrado por dos colaborares del periódico La Jornada –medio favorecido por la publicidad oficial–: Enrique Galván Ochoa y Rubén Villalpando Moreno; dos funcionarios de la Secretaría de Gobernación, Fernanda Tapia, conductora de La Hora Nacional; José Reveles, colaborador del subsecretario Alejandro Encinas, y Nancy Flores, periodista de Contralínea, revista también beneficiada de la publicidad oficial.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2380 de la revista Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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